Luego de una segunda sesión dedicada a discutir sobre el proceso al que el gobierno denomina “inclusión financiera”, el Consejo de Ministros decidió ayer dar paso a una nueva estrategia: “dialogar” con los ciudadanos que impulsan un plebiscito para garantizar el papel del dinero impreso como medio de cambio. “Estamos dispuestos a mejorar”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal.

“Una de las prioridades de este gobierno es la inclusión, en todo sentido, y entre otras, la financiera”, dijo Astori respecto del programa de inclusión financiera, al que considera “muy importante para todo el país”. “El gobierno ha decidido impulsar colectivamente esta causa y, al mismo tiempo, coordinar todos los esfuerzos necesarios, no sólo para aplicar la ley, sino para que esta sea mejorada permanentemente en beneficio de aquellos a los que queremos llegar con prioridad” afirmó.

Para el ministro, la expresión “inclusión financiera” significa, "ante todo, poder facilitar el acceso a este sistema de aquellos que en el pasado han tenido dificultades para hacerlo: las empresas y comercios más pequeños y las personas de los sectores más humildes”. En este sentido, consideró que el gobierno está “dispuesto a mejorar” la propuesta mediante la “coordinación de esfuerzos por medio de contribuciones y aportes, en particular por intermedio del Poder Ejecutivo, tomando contacto con los actores involucrados en el proceso: sean organizaciones sociales, sindicales, de pequeños y medianos empresarios, que representen a los centros comerciales instalados en todo el país”.

También se refirió a “los uruguayos que han llegado a pensar en una consulta popular”: “Es importante que nosotros dialoguemos con ellos, entre otras cosas, para que tengan la convicción que tenemos nosotros de que es posible llegar a acuerdos”. “La idea es que por la vía de los acuerdos podamos ir haciéndolo una causa colectiva y no sólo una causa del gobierno” agregó.

Actualmente existen dos organizaciones que buscan dejar sin efecto algunas disposiciones incluidas en la ley. Sin embargo, tanto sus móviles como sus estrategias son diferentes.

La Comisión Pro Plebiscito por Ley de Inclusión Financiera, iniciada por la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE) hace nueve meses, busca modificar algunos artículos de la Constitución con la finalidad de “garantizar el valor cancelatorio del papel moneda”, explicó a la diaria Tomás Casas, del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja. Ante lo que considera una “tendencia hacia la obligatoriedad del plástico”, Casas dijo: “No queremos que sea la fórmula exclusiva de comercialización. Queremos defender el sistema de pago de toda la vida, por medio del papel moneda”.

Esta propuesta cuenta con la adhesión de varias organizaciones, como el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas y algunas mesas departamentales de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Además, recientemente se ha adherido a la campaña el senador de la lista más votada del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Por otro lado, la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria, lanzada hace dos meses por el mediático abogado Gustavo Salle –y con el apoyo del ex candidato a la presidencia por el Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, el periodista y director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, y el director de la encuestadora MPC Consultores, Nery Pinatto–, busca modificar el artículo 52 de la Constitución (que prohíbe la usura), incorporando un nuevo inciso para que quede “prohibida la bancarización obligatoria”.

“La sorpresa del día”

Más allá de la reciente politización del tema, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado –integrante de CRECE–, José Pereyra, dijo que a este gremio no le interesa “el tema político porque en nuestras gremiales hay socios de todos los partidos”. Consultado por la diaria acerca de la propuesta de Astori de establecer una reunión, Pereyra la consideró “la sorpresa del día”.

Además, aseguró que la intención fue tomada por la cámara “de forma positiva”, ya que les genera “mucho menos trabajo el diálogo que todo esto [la recolección de firmas], con actores que no están acostumbrados al juego político”. “Es más fácil un mano a mano”, insistió. El asombro vino por el lado de que “el gobierno venía con una postura distinta hasta hoy, de que esto no tenía marcha atrás” y “la sensación después de todas las reuniones que teníamos era la de que el gobierno no tenía muchas posibilidades de moverse del lugar donde estaba. No tenía cintura”, afirmó.

En marzo, el coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, se reunió con representantes de CRECE en Maldonado, pero el encuentro no logró conciliar a las partes. “Planteamos un montón de puntos y cuando estaba terminando la reunión se nos transmite como que se nos había convencido, cuando en realidad teníamos una gran cantidad de cosas por discutir”, contó Pereyra.

En este sentido, el empresario sostuvo que el hecho de que las declaraciones de apostar al diálogo provengan de Astori les da “esperanza y confianza”. “Nos dio la sensación de que hoy el gobierno entendió por dónde viene la cosa. No sé si es miedo, pero hubo algo que le llegó [al Ejecutivo] acerca de que nos está siendo fácil recolectar las firmas, y eso no sucede de la nada. En Uruguay, cuando hay ciudadanos desconocidos que van a un plebiscito, es porque no es delirio, generalmente hay un respaldo popular”, afirmó Pereyra, que concluyó que “si se planteó la reunión, es porque [el gobierno] está abierto a salir de la obligatoriedad”.

La Comisión Pro Plebiscito tiene 80.000 firmas “numeradas y entregadas” en centros comerciales y otros organismos afines; para iniciar el plebiscito se necesita juntar 10% de las inscriptas en el padrón electoral, es decir, unas 260.000.

Puntos menos | Ayer, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Astori confirmó que la intención de que a fin de año los aranceles de tarjetas de débito lleguen a 1,5%. Consultado acerca de la posibilidad de que las bajas sean reguladas por ley, el ministro dijo preferir “la vía de la búsqueda de acuerdos”, ya que esta ha posibilitado reducir los aranceles anteriormente y conseguir avances importantes.