Al gobierno uruguayo se le sigue complicando la situación interna a raíz de la postura, tomada el fin de semana, de apoyar la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela, en la aplicación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia del bloque regional. Ayer se sumó a la polémica el vicepresidente Raúl Sendic, con un tuit en el que aclaró que comparte la posición de su sector, la lista 711, respecto de Venezuela, si bien en términos institucionales respalda la decisión del gobierno. La lista 711 cuestionó la decisión del Mercosur. “Mi gobierno tomó posición que como Vicepresidente asumo. Mi opinión se expresó por la Lista 711. Diálogo, paz, no a la agresión”, tuiteó Sendic. Horas antes había manifestado su respaldo a la decisión tomada por el gobierno.

También ayer llegó el pronunciamiento del PIT-CNT, tras la reunión del Secretariado Ejecutivo en la que se recibió el informe de una delegación que viajó a Venezuela. La central sindical expresó su “enérgico rechazo” a la decisión del Mercosur, que “no toma en cuenta los actos democráticos que este proceso [el venezolano] ha desarrollado con más de 20 actos eleccionarios”. Evalúa también que la suspensión es “altamente inconveniente, ya que profundiza el aislamiento del pueblo venezolano”, y sostiene que es “inconducente a todas luces porque favorece a una parte de la oposición” que “persiste en acciones no democráticas, no políticas y de carácter violentista”.

El PIT-CNT cuestiona a la “derecha” en Uruguay, a la que acusa de “fogonear permanentemente el conflicto” en relación con Venezuela, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que ha tomado “partido indisimuladamente por una parte del conflicto”. La central de trabajadores aclara finalmente en el comunicado que este pronunciamiento no implica estar de acuerdo con “todas las resoluciones y acciones” del gobierno de Nicolás Maduro.

También la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay cuestionó la postura del gobierno uruguayo, en una declaración en la que se pide la renuncia del canciller Rodolfo Nin Novoa y se critica que el gobierno se haya alineado con los “gobiernos reaccionarios, golpistas, antidemocráticos y autoritarios como son el de Brasil y Paraguay”.

Por otra parte, el sector frenteamplista Alianza Progresista salió a respaldar a Nin Novoa, que integra sus filas. “Compartimos y respaldamos lo manifestado por el canciller Rodolfo Nin Novoa en cuanto se trata de una medida a favor del pueblo venezolano. En consecuencia, reafirmamos lo actuado por nuestro Presidente y nuestro canciller en los ámbitos internacionales, en particular en Mercosur”, sostuvo el sector en un comunicado.

Toma distancia

En total 17 cancilleres de América y el Caribe se reunieron ayer en Lima y acordaron que Venezuela “ya no es una democracia”, sino una “dictadura”, y que “los actos que emanen” de la nueva Asamblea Constituyente son “ilegítimos”. La reunión fue convocada por Perú, uno de los países más críticos del gobierno venezolano, al punto de que quitó a su embajador en ese país. En el encuentro estuvieron presentes los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, entre otros. En cambio, estuvieron ausentes Bolivia y Ecuador. Uruguay se ubicó en una posición intermedia; no asistieron al encuentro ni el canciller Nin ni el subsecretario, José Luis Cancela, ni siquiera un director de la cancillería, sino el embajador uruguayo en Perú, Carlos Barros. La declaración final no menciona a Uruguay entre los países que adhirieron.