El Parlamento aprobó ayer el artículo más polémico de la Rendición de Cuentas, que insumió siete horas de discusión. Durante la mañana, la votación en particular del articulado fluyó rápidamente, hasta que llegó el artículo que daba la potestad al Poder Ejecutivo de diferir el pago de sentencias judiciales y laborales en caso de necesidad. El diputado colorado Fernando Amado y los legisladores del Frente Amplio (FA) habían acordado votar este artículo con modificaciones respecto de la iniciativa que llegó del Ejecutivo, para salvaguardar los derechos de aquellos trabajadores cuya situación ameritara un pago rápido de la sentencia.
El diputado nacionalista Jorge Gandini propuso un aditivo para exceptuar de esta disposición a las “sentencias de naturaleza salarial o laboral que obliguen al Estado con sus funcionarios”.Se pidió un cuarto intermedio y, después de tres horas de negociaciones en las que participaron los legisladores frenteamplistas, Amado y Gandini, se llegó a un nuevo acuerdo entre Amado y los frenteamplistas, que rechazó Gandini. Ese fue el texto que finalmente se aprobó. Establece que el Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento para cumplir con sentencias judiciales y laudos arbitrales. Agrega que, en caso de sentencias o laudos que superen los 75 millones de unidades indexadas (aproximadamente diez millones de dólares), el Ejecutivo “podrá proponer las previsiones” para el pago de la sentencia en la siguiente instancia presupuestal, por lo que la cancelación de la deuda se realizaría recién en el ejercicio presupuestal siguiente.
Los legisladores de la oposición advirtieron que esto puede implicar que, en caso de que los funcionarios públicos ganen una sentencia, deban esperar dos años para cobrar. También señalaron que mediante la fórmula “podrá proponer” no se establece una obligatoriedad para el Estado y, por lo tanto, se lo habilita a diferir indefinidamente el pago.
Gandini aseguró que se trata de una disposición “claramente inconstitucional” y que con ella se da a los inversores el mensaje de que en el país no existe seguridad jurídica. “El diputado Amado ha dicho que su preocupación radica en blindar al Estado de los juicios internacionales a los que pueda quedar sometido. La verdad es que no sé si lo blinda, porque esos juicios normalmente se dilucidan en tribunales de otra naturaleza”, afirmó el legislador. Agregó que la idea de proteger al país frente a juicios de empresas multinacionales, como el de Aratirí, es “entendible”, pero advirtió que la formulación del artículo “desborda” esa pretensión y “abarca todo juicio y reclamación salarial”. “Al final, queriendo proteger a los grandes desprotegemos a los débiles. Terminamos diciéndole al fuerte: si no tiene plata, no pague”, cuestionó.
El diputado del Partido Independiente Iván Posada advirtió que ya hay una sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de una funcionaria pública, que señala que el Ejecutivo no puede determinar cuándo va a pagar la sentencia, sino que debe hacerlo cuando la Justicia se lo ordene.
El artículo recibió calificativos diversos. El diputado colorado Germán Cardoso sostuvo que ese texto no es republicano y que viola el principio de igualdad y la seguridad jurídica. El nacionalista Pablo Abdala lo calificó de una norma “de claro corte autoritario”. La diputada nacionalista Graciela Bianchi dijo que es una disposición propia “de Luis XIV” y de un “Estado policial”. “Pobre Artigas, sigue siendo traicionado”, lamentó.
El protagonista del día fue nuevamente Amado, quien eligió referirse a las críticas de la oposición en su contra. “Se nos ha dicho golpistas, que perforamos el Estado de derecho, que no creemos en la separación de poderes, que no somos republicanos. Condeno estos calificativos. Son irresponsables y deshonestos, y le hacen daño a la política”, sostuvo el diputado colorado. Remarcó que no se está planteando que el Estado no pague, sino que lo haga “en un plazo estipulado”. “Se le da la posibilidad, en casos extraordinarios, de planificar y ordenar sus erogaciones”, indicó. Dijo que “no se puede tirar granadas de fragmentación a la economía nacional, a la seguridad, a la salud”, obligando al Estado a pagar instantáneamente juicios millonarios.
El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez fundamentó el artículo en la necesidad de proteger el interés general y preservar las políticas públicas.
Primera parte
Por otra parte, ayer quedó por el camino el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo para habilitar a los funcionarios públicos destituidos por ineptitud u omisión a volver a concursar para ingresar al Estado luego de diez años de haber sido destituidos. El artículo no fue aprobado en comisión y el FA resolvió no volver a presentarlo en el plenario.
En la sección vinculada a los funcionarios públicos, el Partido Colorado presentó un aditivo para prohibir el ingreso de nuevos funcionarios públicos al Estado por un período de cinco años, con excepción de docentes y médicos. Cardoso explicó que la iniciativa tenía como propósito “encontrar los recursos necesarios en una Rendición de Cuentas que llega con un faltante de dinero”. La propuesta recogió amplio respaldo en la oposición, pero no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada.
También presentó aditivos que no prosperaron el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien por ejemplo propuso presupuestar a todos los funcionarios públicos que están trabajando en el Estado bajo otras formas contractuales.