Se acercaba la fecha de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, y el Parlamento se debatía entre postergar o no su aplicación. Finalmente, a fines de junio, la balanza se inclinó por la postergación. El nuevo código regiría a partir del 1o de noviembre.

El argumento principal para fundamentar la postergación fue planteado en primera instancia por el fiscal de Corte, Jorge Díaz. El jerarca dijo en la comisión de Constitución y Legislación del Senado que no tenía sentido funcionar con un proceso acusatorio para adultos y mantener el viejo régimen inquisitorio en el caso de los adolescentes.

El proyecto de ley para armonizar los dos procesos llegó al Parlamento el 5 de junio. Estuvo a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que en su última reunión terminó de votar el articulado. La iniciativa será considerada por el Senado en una sesión extraordinaria a fines de agosto, y según opina Luis Pedernera, del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, su aprobación tendrá como resultado “más adolescentes privados de libertad”.

Pedernera advirtió que el proyecto acusatorio juvenil a estudio de la comisión traslada “casi in totum” el régimen del proceso penal adulto al sistema juvenil, e “instala un problema donde no lo hay”. Afirmó que el problema del exceso en el uso de la prisión preventiva en adultos –80% de los presos adultos en Uruguay no tienen sentencia, según cifras manejadas por el fiscal Díaz este año– no es tal en el sistema juvenil. Según la normativa vigente, los adolescentes no pueden estar más de 60 días en prisión preventiva, antes del dictado de la sentencia. En el período de gobierno pasado, el Parlamento resolvió que este plazo se extendiera a 90 días en caso de delitos gravísimos, como el homicidio, la violación o la rapiña. “El sistema actual no tiene el problema de que haya gurises sin condena”, aseguró Pedernera.

Según estimaciones que realizó el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), al que Pedernera también pertenece, de aprobarse este proyecto, el plazo de la prisión preventiva se asimilaría al régimen general para adultos y superaría los 110 días hábiles, incumpliendo las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia. La misma opinión esgrimió UNICEF en su comparecencia en el Parlamento el martes, y el punto también fue señalado por la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, cuando concurrió a comisión. “Hay que acompasar, pero no rebajar las garantías que ya existen. La extensión de plazos no es una buena decisión para el adolescente”, aseguró Pedernera. Lindner, en tanto, comentó que el proyecto de ley no establece un plazo de duración de la prisión preventiva como medida cautelar, como sí existe en la actualidad. “Sugerimos su incorporación”, afirmó. Sin embargo, esta recomendación del INAU no fue tenida en cuenta en el texto, y el proyecto se aprobó sin plazos. Hubo una propuesta en comisión de la senadora frenteamplista Constanza Moreira para fijar 90 días como plazo máximo, pero fue desestimada.

Por otra parte, el proyecto a estudio de la comisión amplía la posibilidad de dictar prisión preventiva como medida cautelar. Actualmente, el juez puede dictar la prisión preventiva para asegurar la comparecencia del joven al juzgado o por seguridad de la víctima. El proyecto de proceso acusatorio juvenil agrega tres causales: el hecho de que el joven “haya utilizado armas y se haya afectado o amenazado el derecho a la vida de terceros”; cuando el adolescente incumpla con las medidas cautelares no privativas de libertad que se le hubieren dispuesto; o cuando el adolescente “sea parte de un proceso penal en trámite y no esté privado de libertad”.

Al mismo tiempo, la iniciativa establece que los adolescentes no podrán beneficiarse del instituto de la libertad anticipada. “Si es un beneficio para los adolescentes, no debería eliminarse”, evaluó en comisión Emilio García Méndez, representante de UNICEF. Pese a estas objeciones, el representante de UNICEF evaluó que el proyecto es “de naturaleza positiva, avanza mucho, es muy serio, muy razonado”.

Pedernera consideró que el proyecto debería avanzar en derogar el mínimo de un año de prisión en caso de delitos gravísimos, como ya le recomendó a Uruguay que lo hiciera el Comité de Derechos del Niño de ONU, así como disponer tribunales penales específicos de adolescentes en el interior y en apelaciones.

El experto recordó que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad en adolescentes “debe ser excepcional y por el menor tiempo posible”, y sostuvo que este proyecto es contrario a esa disposición. Aclaró que no está en contra de un proceso acusatorio para adolescentes, pero remarcó que se precisa una mirada “mucho más específica”. “No me niego al acusatorio –creo que es bueno porque el juez se convierte en un tercero imparcial–, pero nunca un acusatorio que lo único que va a hacer es meter más gente privada de libertad”, cuestionó. Entre 2008 y 2013, debido a dos leyes votadas por el Parlamento, la cantidad de adolescentes privados de libertad se cuadruplicó.

En su comparecencia en la comisión del Senado, el directorio del INAU advirtió que debe respetarse la mirada específica sobre los adolescentes, si bien valoró el cambio al régimen acusatorio, que está en línea con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las autoridades solicitaron más tiempo para discutir el proyecto. En cambio, casi todos los legisladores de los partidos entendieron –y así lo manifestaron en las reuniones de la comisión– que el proyecto debía aprobarse rápidamente para no postergar la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, prevista para noviembre.