Una veintena de personas asistió ayer al lanzamiento, en Montevideo, de la recolección de firmas para llevar a cabo un plebiscito sobre algunos puntos de la Ley de Inclusión Financiera (19.210). El acto de ayer respondió a la iniciativa de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (CRECE), que también es acompañada por la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la organización Ciudadanos Orientales, la Nueva Central de Trabajadores (escindida del PIT-CNT) y otros colectivos.

Para que un plebiscito se lleve adelante debe contar con la firma de 10% de los ciudadanos inscriptos en el padrón: cerca de 260.000 personas. A pesar de que la papeleta presentada ayer resume su propuesta en la frase: “Para decirle no a la Ley de Inclusión Financiera Obligatoria”, lo que la Comisión Proplebiscito Crecer con Igualdad y Libertad propone es una reforma de varios artículos de la carta magna.

La iniciativa busca modificar los artículos 24, 36, 53 y 58, y no todas las modificaciones mencionan directamente la bancarización. Por ejemplo, el artículo 24 dice: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. La comisión propone agregar que “queda comprendido en el inciso anterior, el establecimiento por mandato legal de mecanismos impuestos por el Estado tendientes a asegurar su funcionamiento o contralor. Se evitará la aplicación de toda práctica que implique una forma de tributación encubierta”.

Germán Cítera, escribano asesor del grupo, explicó a la diaria que este agregado busca que el Estado se haga responsable de sus actividades y de los daños que cause la ejecución de los servicios públicos. En un documento interno de la comisión se asegura que se busca que el Estado “se haga civilmente responsable de los mecanismos que establezca para asegurar su funcionamiento o control”. Cítera dijo que el artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas es un ejemplo de ello. Este polémico artículo condiciona el pago de sentencias judiciales por el Estado a que no exista afectación de los servicios a su cargo, a excepción de los casos que impliquen “razones humanitarias o análogas”.

El documento sostiene que la reforma propuesta “también intenta eliminar tributación encubierta, prácticas que últimamente han sido moneda corriente en este gobierno, salteándose los requerimientos necesarios en materia tributaria, actuando libremente sin control alguno, con la gravedad del caso”.

Cítera reiteró en varias oportunidades que la comisión no está en contra de la inclusión financiera y admitió que la propuesta de reforma constitucional va más allá de la Ley 19.210. No obstante, argumenta que el cambio propuesto en el artículo 53 de la Constitución está relacionado en forma indirecta con la Ley de Inclusión Financiera. La carta magna dice: “El trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica”. La Comisión propone agregar: “El goce de los derechos consagrados por la presente Constitución, incluyendo los comprendidos en el artículo 72, no podrá verse afectado o quedar supeditado al previo pago de tributos”. Según dijo Cítera, lo que se intenta es que “no se vulneren los derechos inherentes a la persona”. La explicación del asesor es que el artículo 39 de la Ley 19.210 “limita el acceso a la Justicia” cuando dice que no se podrá emprender acciones legales si no se prueba que el pago de arrendamientos, subarrendamientos y crédito de uso de inmuebles se haga utilizando dinero electrónico. Con la Ley de Inclusión Financiera el gobierno “abrió la caja de Pandora. No se puede limitar un derecho humano por no pagar un tributo. Los derechos humanos fundamentales se deben conservar aunque se deba un impuesto”, afirmó el escribano. Además, agregó que la ley “a nivel jurídico es típica de un gobierno totalitario”.

Consultado sobre por qué no emprendieron un recurso de inconstitucionalidad, Cítera dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia falle a favor del demandante no aplica a terceras personas, en la medida en que esta corporación falla sólo para casos particulares. “Tendríamos que hacer tres millones de recursos. Además son procesos caros. [La recolección de firmas] sólo implica la impresión de las papeletas”. También dijo que agotaron todos los medios de negociación con el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ayer, en el lanzamiento de la recolección de firmas, se hizo especial hincapié en que se estaba impulsando la no obligatoriedad de la bancarización, aunque no se mencionó específicamente todos los artículos que se busca reformar. Al respecto, Cítera dijo que se hicieron varios talleres pero la prensa no los cubrió.

Distintos discursos

Héctor Morales, integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de Uruguay, dijo a la diaria que la campaña es para modificar la obligatoriedad. “No estamos contra la Ley de Inclusión Financiera, no queremos derogarla, no somos absolutistas, pero queremos que los ciudadanos de este país resuelvan si quieren bancarizarse o no”.

Morales aseguró que la Coordinadora de Jubilados decidió unirse a la campaña porque el sistema, entre otras cosas, usa una tecnología que les genera dificultades a muchos jubilados. Sin embargo, aseguró que lo peor de la ley es “la pérdida de la libertad”. “Tiene corte dictatorial. Estamos defendiendo la libertad de los habitantes de poder elegir si se bancarizan o no”, subrayó.

También dijo que es un “verso” que el uso de tarjetas favorezca la seguridad de los usuarios. “Hay un viejo dicho que dice que tenemos que cuidarnos más de los banqueros que de los ladrones. [Con la ley] les vamos a entregar todos nuestro dinero al banco, que va a hacer lo que quiera”.

Tomás Casas, presidente del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, dijo que el problema es “claro”: “Entre dos uruguayos hay un banco. El Estado nos obliga a que exista de por medio un banco por cualquier transacción. Como si fuera poco, se concentra en las tarjetas manejar los descuentos, que antes los manejaba cada comerciante. Hoy quien va a tener la posibilidad de dirigir el consumo hacia donde quiera es el sistema de tarjetas, y va a fijar los descuentos donde quieran que se concentre el comercio”, aseguró. Casas dijo que los comercios medianos y pequeños son 85% de la fuente laboral de los uruguayos. “Muchos de estos comercios ya están desapareciendo por este problema. Hasta ahora se iba a un almacén de barrio y si el vecino no tenía plata se le fiaba; yo me pregunto si en algún supermercado se puede ir sin dinero o sin saldo en el plástico. Quiero ver si allí existe la solidaridad del mediano y pequeño comercio”.

En la mesa de presentación de la recolección de firmas estaba Edgardo Rissotto, de la Nueva Central de Trabajadores, quien dijo que esta movida no pertenece a ningún partido político. “Los comerciantes ni quieren ganar más ni quieren evadir, eso es una falacia. Todos los comerciantes también son trabajadores”, sentenció.