Las recomendaciones fueron redactadas por 18 especialistas de la Organización de las Naciones Unidas, y tratan sobre las temáticas contenidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Uruguay en 1970 (el pacto entró en vigor en 1976).
El gobierno uruguayo presentó ayer públicamente las observaciones de los expertos. Lo hizo en una sala del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), ante un público que mayoritariamente sabía de lo que hablaba: eran integrantes de organizaciones sociales, muchas de las cuales habían participado en la elaboración del informe “sombra” que presenta la sociedad civil. Al frente estaban quienes viajaron a Ginebra: Alejandra Costa, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRE; Nelson Villarreal, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia (SDH); Fernando Tovagliare, representante del Poder Judicial; y Laura Motta, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Cuando ya había comenzado la actividad, se sumaron Federico Graña, director nacional de Políticas Socioculturales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IM).
Costa anunció que a fines de 2018 el Estado uruguayo tendrá que presentar las respuestas a tres recomendaciones concretas que hizo el Comité DESC, que tienen que ver con la violencia basada en género, los derechos de las personas con discapacidad y con la Comisión Nacional de Contralor que fue incluida en el proyecto de ley de Salud Mental que se encuentra a estudio del Parlamento. El informe completo será presentado a mediados de 2022.
En todos los sentidos
El comité observó la “justiciabilidad del pacto”, porque si bien reconoció la aplicabilidad directa de los derechos contenidos en este, mostró preocupación porque todavía son escasos y no abarcan un número más amplio de derechos protegidos. Para eso recomendó, entre otras cosas, revisar y ajustar las regulaciones procesales que dificultan las aplicaciones y alentó a hacer capacitaciones para jueces, abogados, agentes del orden y parlamentarios. Villarreal destacó que Uruguay dio un paso importante al crear el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore), que permitirá vigilar el cumplimiento de las recomendaciones.
El comité instó al país, por segunda vez, a introducir en la legislación “una prohibición expresa de la discriminación que garantice una protección suficiente”. Manifestó su preocupación por “la persistente discriminación estructural” que sufre la población afrodescendiente y recomendó al Estado a implementar efectivamente la Ley 19.122, para favorecer la participación de afrodescendientes en las áreas educativa y laboral. Graña reconoció que Uruguay no ha cumplido una recomendación anterior, de generar un Plan Nacional de Equidad Racial, pero comentó que está en proceso de elaboración. Anunció que “en los primeros días de agosto” el grupo de trabajo para políticas de equidad racial designado por el presidente de la República empezará a discutir los objetivos del plan, que piensan presentar el 21 de marzo de 2018. En cuanto a la Ley 19.122, dijo que las becas educativas “sobrecumplen” el cupo de 8%, puesto que en 2015 y 2016 incluyeron 19% de estudiantes afrodescendientes (lo que tiene lógica, dijo, porque los índices de pobreza entre la población afro duplican los del total de la población). Pero no ocurre lo mismo con el cupo de 8% que deben reservar los organismos estatales a la hora de contratar personal. Graña dijo que el Poder Legislativo y los gobiernos departamentales cumplen “cero con poco por ciento” y anunció que “estamos viendo si no son necesarias modificaciones a la ley sobre posibilidades sancionatorias para las oficinas que no cumplan con la cuota”. Por otra parte, reprobó el “negacionismo” que existe a la hora de reconocer el racismo, y mencionó un caso en un free shop de Rivera en donde alguien con más capacitación que la persona que atendía al público trabajaba en el depósito sólo por ser afrodescendiente.
La discriminación contra los migrantes fue otra observación. El comité reprobó “la demora en los procesos de emisión de la cédula de identidad”, que impide el ejercicio efectivo de los derechos, y recomendó adoptar medidas para favorecer la integración social de los migrantes y el acceso al empleo, la educación, la vivienda y la salud. “Habría que solicitar aportes al Ministerio del Interior” para la emisión de las cédulas de identidad, reconoció la SDH.
Respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, el comité reprobó que “los estereotipos de género continúen profundamente arraigados en la sociedad”, lo que provoca discriminación y la afectación del disfrute de los DESC de la mujer. Recomendó implementar acciones para contrarrestarlo, aprobar el proyecto de ley integral para garantizar una vida libre de violencia basada en género que discute actualmente el Parlamento, y asignar recursos para que se implemente efectivamente el Plan de Acción 2016-2019.El comité mostró preocupación porque las tasas de desempleo son más altas entre los jóvenes y las mujeres, y por eso insta a fortalecer la Estrategia Nacional de Fomento del Empleo y programas como Uruguay Trabaja. Según la SDH, el Estado “se ha propuesto mantener y profundizar” las acciones para la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos.
Las recomendaciones instan al Estado a garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y a cumplir con la cuota de 4% de contratación en el sector público. Otras observaciones apuntan a reducir la participación “desproporcionada” de las mujeres en el sector informal de la economía y a eliminar la brecha salarial por razón de sexo. Denuncia además que gran parte de los migrantes están empleados en trabajos mal remunerados y en condiciones de precariedad. Villarreal anunció que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creó la Unidad de Migraciones, que este mes elaborará un plan de acción.
El comité recomendó al Estado garantizar “que el salario mínimo asegure condiciones de vida digna para los trabajadores y sus familias” e intensificar esfuerzos para garantizar la cobertura universal de la seguridad social. Con respecto al trabajo infantil, reprobó que “un número significativo de niños menores de 15 años participe en actividades laborales” y pidió estudiar los efectos de la formalización del trabajo adolescente sobre la culminación de los estudios entre los niños de familias de bajos ingresos, y corregir los impactos negativos de esto.
Loas recomendaciones abarcan muchos más aspectos, que van desde medidas para luchar contra la pobreza hasta disposiciones para promover la lactancia materna, garantizar el derecho a una alimentación adecuada y saludable, el acceso a medicamentos y a una atención de calidad en servicios de salud mental. El comité manifestó preocupación por “los efectos negativos que tiene el uso no suficientemente controlado de agroquímicos en la calidad del agua”. Pidió al Estado que “asegure que el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un obstáculo” para que las mujeres puedan abortar y que redoble los esfuerzos para reducir las altas tasas de embarazo adolescente. Recomendó intensificar esfuerzos para que el consumo de drogas sea abordado desde un enfoque del derecho a la salud y corregir la “ambigüedad” del concepto legal “cantidad razonable destinada a uso personal”, para evitar la penalización.
Reducir las desigualdades en materia de educación fue otro punto sobre el que profundizó Motta, quien anunció que la administración se propuso la universalización del egreso del primer ciclo de educación media y enumeró las medidas implementadas en estos últimos años, como el acompañamiento en las trayectorias educativas y la inscripción temprana en primer año de educación media.
El derecho a una vivienda adecuada fue otro aspecto observado. El comité mostró preocupación por “el número significativo de personas que residen en asentamientos informales”, así como por “los casos de desalojos forzosos llevados a cabo sin la debida protección de las personas afectadas”. Pidió que el Estado “dé prioridad a las personas y grupos desfavorecidos y marginados”, y manifestó preocupación por que “el delito de usurpación y la reciente incorporación de la falta de ‘Ocupación indebida de espacios públicos’ constituyan, en ocasiones, una forma de criminalización de la situación de calle de las personas sin hogar”. Goyeneche anunció que la IM está revisando los procedimientos en que se hacen los desalojos, y que procura que se habiliten durante el día más plazas en pensiones y centros diurnos, para disminuir la ocupación del espacio público.
Al abrir los micrófonos, integrantes de organizaciones sociales cuestionaron los desalojos y la supremacía del derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda. El representante del Poder Judicial aseguró que los desalojos se hacen “con todas las garantías”, que las personas tienen derecho a un abogado, a presentar pruebas, a ser escuchados, se les marca un plazo de desalojo y recién ahí se da la desocupación forzada. Dijo, incluso, que los propietarios “se quejan de lo lento que es el sistema” y comentó que “son distintas miradas”. Marcó un cambio en la ley, que ya no exige violencia y clandestinidad para definir la figura de usurpación que, según dijo, “es razonablemente aplicada” por los jueces penales, aunque podría ser mejorable.
Las organizaciones les propusieron a los exponentes que concurran a fines de este mes a un espacio de intercambio que se llevará a cabo en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para hacer el seguimiento de las recomendaciones y fijar una hoja de ruta; Costa se comprometió a conversar aparte sobre la propuesta.
La real oportunidad para personas con discapacidad fue otro de los puntos reclamados por los asistentes: pidieron educación de calidad para tener, en un futuro, igualdad de oportunidades. Para todo eso pidieron que exista voluntad política.