El costado uruguayo de la red de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht está bajo investigación de la Justicia uruguaya, con colaboración de la Secretaría Nacional Antilavado. Al pedido de extradición a Andorra del dirigente de Peñarol Andrés Betingo Sanguinetti por su presunta participación en maniobras de pago de coimas de Odebrecht se suman varios casos que involucran a sociedades uruguayas.
En enero de este año, Montevideo Portal informó que las sociedades uruguayas Sherkson y Havinsur recibieron dinero de Odebrecht y los transfirieron a cuentas suizas de personas que, a la postre, fueron procesadas por corrupción en Petrobras. Sherkson recibió de Odebrecht tres depósitos por 22,5 millones de dólares y los colocó en una cuenta suiza a nombre de la empresa Klienfeld, con sede en Antigua y Barbuda. Havinsur recibió 565.000 dólares y los depositó en la panameña Millzart, que manejaban los mismos titulares de Klienfeld.
En marzo de este año, Jornal Nacional de Brasil informó que el empresario Vinícius Claret, detenido en Uruguay en marzo de este año –actualmente a disposición de la Justicia del Crimen Organizado y con un pedido de extradición pesando sobre él por un esquema de corrupción que involucra al ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral–, tendría vínculos con el sector de Odebrecht que instrumentaba las coimas. Según Jornal Nacional, la ex secretaria de Odebrecht Maria Lúcia Tavares tenía en su agenda el número de teléfono del comercio que Claret tenía en Punta del Este, bajo el rótulo “Montevideo” y con la indicación de que Claret era el contacto en Uruguay. Ese mismo mes, Estadão de Brasil informó que Claret traspasó tres millones de dólares de dinero ilícito de Odebrecht al gobernador Cabral por medio del Banco BPA de Andorra.
En junio, el portal Sudestada informó sobre un nuevo nexo uruguayo en la causa Odebrecht: el estudio Posadas & Vecino, del ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Ignacio de Posadas. El estudio recibió al menos 264.000 dólares del ex diputado brasileño Eduardo Cunha, preso por cobrar 1,5 millones de dólares de coima en la transferencia de los derechos de explotación de un pozo petrolero en Benín. Esos 264.000 dólares habrían sido pagados por la petrolera. Según publicó Sudestada el 1º de agosto, la fiscalía brasileña evalúa que el estudio de Posadas tuvo “una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado”.
Este mes se supo, según delaciones premiadas y otras acusaciones de actores involucrados, que en Uruguay funcionó una sociedad anónima, denominada Sabrimol SA, que habría sido el canal para el pago de coimas de la constructora a funcionarios del gobierno argentino, según informó la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.Info de Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México e IDL-Reporteros de Perú.
El 3 de agosto, La Nación publicó, en base a documentos secretos de la investigación Lava Jato, que Odebrecht pagó coimas por intermedio de la uruguaya Sabrimol a funcionarios del entorno de Julio de Vido, del Ministerio de Planificación, para hacerse del proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento.
El 3 de setiembre de 2014 se transfirieron cerca de 200.000 dólares a la cuenta bancaria de Sabrimol Trading en el banco Itaú, con la referencia “Gigolino M”, el apodo del “doleiro” Olívio Rodrigues Junior. Esta persona operaba sociedades offshore para pagar coimas a funcionarios brasileños y de otros países por encargo de Odebrecht y se convirtió luego en delator. Sabrimol fue creada en 2007 y, según informó La Nación, fue destinataria de dinero proveniente de otras coimas de Odebrecht que incluyeron el proyecto de Paraná de las Palmas de la empresa argentina Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Hasta 2014, cuando los titulares cerraron la sociedad, la cuenta de Sabrimol fue depositaria de millones de dólares provenientes de sociedades offshore de Panamá y Antigua y Barbuda.
La cabeza visible de Sabrimol era el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien dio entrevistas sobre este tema a medios argentinos como La Nación y TN. Explicó que integró el directorio de esa sociedad anónima, que operó en Zonamérica, a pedido del empresario argentino Jorge Corcho Rodríguez, conocido por haber sido pareja de la conductora argentina Susana Giménez. “Jorge Rodríguez realizaba actividades en el exterior, de lobby, y las prestaciones ingresaban en la cuenta bancaria de la sociedad”, contó Dentone a La Nación. De todos modos, aseguró que se verificaba el destino de los fondos y que era Rodríguez quien manejaba las entradas y salidas de dinero; estimó que la cuenta de Sabrimol Trading movió seis millones de dólares.
Sin embargo, Rodríguez dijo a La Nación que Sabrimol Trading no era suya, aunque confirmó que Dentone fue su contador.
Investigaciones locales
Los dos juzgados del Crimen Organizado en Uruguay tienen expedientes vinculados a Odebrecht. La jueza María Elena Mainard tiene a su cargo la causa de las empresas Havinsur y Sherkson. La magistrada dijo a la diaria que recibió varios exhortos por vía de cooperación internacional que solicitan información en causas vinculadas a Odebrecht, pero no quiso dar mayores detalles.
El programa Todo pasa, de Océano FM, informó la semana pasada que la otra jueza del Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, resolvió investigar el papel de Sabrimol SA en la ruta de las maniobras ilícitas de Odebrecht. En esta investigación colabora también la Secretaría Antilavado, que además determinará las eventuales responsabilidades administrativas de los profesionales que participaron en las maniobras, dijo a la diaria el secretario antilavado Daniel Espinosa.
Espinosa explicó que la secretaría está colaborando con la Justicia para determinar los movimientos financieros y los informes patrimoniales de las empresas, y para clarificar la actuación de los profesionales que intervinieron en las maniobras. Luego hará las actuaciones administrativas que corresponda para determinar si los profesionales incumplieron con su obligación de reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central. Si incumplieron, se les puede imponer una multa de hasta dos millones de dólares y suspensiones administrativas, recordó Espinosa.
Uno de los profesionales investigados es Luis María Piñeyrúa Pittaluga, del estudio Posadas & Vecino, que según informó Sudestada fue quien abrió una cuenta en Ginebra a nombre de una offshore de Singapur que realizó transacciones para vehiculizar el pago de coimas de Odebrecht.