El vínculo entre la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) y el grupo brasileño Petrobras, adjudicatario tanto de Conecta como de MontevideoGas, está tenso desde hace unos años, pero en los últimos meses la rispidez aumentó. El sindicato, que durante este tiempo sostuvo que el grupo económico lleva adelante una “mala gestión” de las empresas de distribución de gas natural, ahora afirma que este “estafa” al Estado uruguayo con el inicio de un arbitraje internacional.

En enero Petrobras le debía al Estado unos 6,8 millones de dólares por canon y mora, lo que motivó al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de ejecución de la garantía por cinco millones. Un par de días antes de que caducara el plazo, el grupo brasileño pagó todas las multas y recargos, y repuso la garantía. Según el sindicato, ese movimiento se hizo “a los solos efectos de estar mejor posicionada en el reclamo mediante arbitraje internacional en París”, que implica una demanda de “al menos 100 millones de dólares en concepto de indemnización”. La Uaoegas denuncia que se está constituyendo “una verdadera estafa”, porque, entiende, la “única intención” es “cobrar en forma indebida una cifra millonaria que, en caso de tener un dictamen favorable, pagaremos todos los uruguayos”. Por este motivo, en las primeras horas de la mañana de hoy los trabajadores ocuparán todas las instalaciones de MontevideoGas.

Por su parte, el grupo, mediante un comunicado difundido ayer, estableció que “desde hace ya mucho tiempo” reclama al Estado el “cumplimiento de medidas que corrijan diversos problemas” que afectan sus operaciones, pero “desafortunadamente, esos reclamos no han encontrado eco” en las autoridades uruguayas, lo que ha llevado a que cada una de las distribuidoras recurriera a los mecanismos arbitrales de solución de disputas previstos en los respectivos contratos del Estado con MontevideoGas y Conecta.

Como el proceso está en curso, Petrobras sostiene que las distribuidoras no harán comentarios. En tanto, el presidente del sindicato, Martín Guerra, explicó a la diaria que el grupo empresarial alega que “el Estado no le permitió tener un negocio rentable, al limitarle el volumen de gas natural que pasa Argentina, por su precio y por no haber logrado un mejor contrato” en abril. Según el dirigente, el problema de restricción del envío de gas natural desde Argentina “ya estaba planteado, y a precios elevados”, cuando Petrobras asumió en Conecta y en Gaseba, en 2004 y 2007 en cada caso, como consecuencia de que los gobiernos de los diez años previos “ataron a Uruguay a un único proveedor, en el marco de los negociados con las multinacionales y los organismos financieros internacionales”. A esto se sumó que, al depender exclusivamente de Argentina, la renovación contractual de este año se hizo teniendo que aceptar los términos que se impusieron desde el país vecino. “La alternativa era quedarse sin gas natural y cerrar el sector”, afirmó.

A pesar de que en el comunicado Petrobras, MontevideoGas y Conecta “reafirman, una vez más, su compromiso con los más altos estándares de seguridad y calidad en la operación del servicio de distribución”, la Uaoegas sostiene que hay una “parálisis total” en las distribuidoras, que hasta julio acarrean una pérdida de 5.500 usuarios, “sin inversiones, sin desarrollo comercial y con la apuesta a utilizar a los trabajadores como variable de ajuste”. Sobre esto último, Guerra afirmó que al planteo en el Consejo de Salarios, con una propuesta de ajuste nulo de las retribuciones, se le sumó un plan de retiro incentivado para reducir puestos de trabajo y la negación a reponer los puestos vacantes.

El sindicato denuncia que, al tiempo que se lleva a cabo esta campaña de reducción salarial, “se gastan cientos de miles de dólares en remodelar locales alquilados, para abandonar el edificio cedido por el Estado en el marco de la concesión”, en el cruce de las calles 25 de Mayo y Juncal.

Ante esto, la Uaoegas empezará una gira de reuniones esta semana con integrantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo, para “plantear nuestro testimonio y que no queden ajenos a la realidad”. Mañana serán recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados; el miércoles, por la de Industria de la misma cámara;y el viernes, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. “No vamos a quedarnos quietos”, concluyó el presidente del sindicato.