La respuesta que dio la Corte Electoral (CE) a la consulta efectuada por el Senado sobre la situación del intendente interino de Treinta y Tres, Ramón da Silva, dice que pronunciarse sobre el tema “excede facultades taxativamente conferidas a la CE por la Constitución de la República y por las leyes”. Esta conclusión, que resume lo expuesto en un informe de 12 carillas enviado ayer a la cámara alta, significa que la CE declara su incompetencia para dar respuesta a la consulta, que fue hecha por iniciativa de la bancada del Frente Amplio (FA).

Da Silva, primer suplente del intendente electo Dardo Sánchez, asumió como jefe comunal cuando este solicitó licencia médica tras sufrir un accidente cerebrovascular que lo ha dejado imposibilitado de ejercer el cargo por lo menos hasta el mes que viene. Pero además, Da Silva era secretario general de la Intendencia de Treinta y Tres y mantenía en reserva un cargo como funcionario de UTE. Cuando asumió como intendente, la bancada de ediles del FA de la Junta Departamental se asesoró con juristas sobre la situación e, invocando el artículo 294 de la Constitución (“Los cargos de Intendente y de miembros de la Junta Departamental son incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza”), hizo un pedido de informes a la Junta Electoral de Treinta y Tres. Al otro día, la bancada de senadores del FA hizo lo mismo con la CE. A su vez, la Junta Electoral departamental le pasó la pelota también a la CE.

En tanto, Da Silva salió primero a defender la compatibilidad de ambos cargos, pero como el FA le pidió la renuncia inmediata, terminó renunciando a la UTE y se mantuvo como intendente.

El FA apostaba a una respuesta contundente de la CE, pero esta no llegó. Primero, los ministros no se pusieron de acuerdo, y derivaron el tema a una comisión. Esta tampoco llegó a un acuerdo, y elevó dos informes –uno en mayoría y otro en minoría–, que fueron tratados el miércoles en la CE.

El informe en mayoría fue firmado por los ministros Alberto Brause (Partido Colorado, PC), Margarita Reyes (Partido Nacional, PN) y Sandra Etcheverry (PN), y el informe en minoría fue rubricado por Wilfredo Penco y Washington Salvo (ambos del FA). En la sesión, ninguno de los dos informes consiguió los votos necesarios para ser aprobado, pero hubo un cuarto intermedio en el que el presidente de la CE, José Arocena, se reunió con los firmantes del informe en mayoría porque tenían una posición cercana, y elaboraron uno nuevo, que sí consiguió luego los cinco votos para ser aprobado (Brause, Reyes, Etcheverry, Gustavo Silveira –PC– y el presidente, que es neutral). Los cuatro ministros del FA (Penco, Salvo, Pablo Klappenbach y Wilfredo Giménez) votaron en contra.

Una fuente jurídica dijo a la diaria que el informe aprobado mantiene la visión “arraigada” en el cuerpo de que la CE sólo proclama los candidatos electos y después “ya no tiene más nada que ver”, por lo que se declara incompetente.

Sin embargo, en la bancada del Senado del FA creen que la CE “es el organismo indicado al que consultar” y que en otras ocasiones, y ante situaciones similares, “no se ha declarado incompetente”, dijo un senador. Además, por iniciativa de la bancada oficialista, la cámara alta consultó también a la Oficina Nacional de Servicio Civil, que respondió “con contundencia y sin dudar” sobre la incompatibilidad de los cargos. Senadores consultados por la diaria prefirieron no opinar hasta no tener el informe, que hasta ayer no les había llegado.