Además de la vicepresidenta, Lucía Topolansky, que en su carácter de titular de la Asamblea General dijo ayer que buscará que el proyecto de ley para solucionar el problema de los “cincuentones” se apruebe este año, los diputados que estudian el tema en la Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social de la Cámara de Representantes estiman también que el proyecto podría aprobarse a finales de octubre o principios de noviembre.
El diputado frenteamplista Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) explicó que el cronograma de visitas que lleva a cabo esta comisión integrada terminaría el 10 de octubre, con la presencia de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. “En la semana siguiente estaríamos votando el proyecto [en comisión], y quizás en una sesión extraordinaria de octubre podríamos votarlo, o en el peor de los casos en noviembre”, dijo el legislador. En una misma línea, el representante colorado Conrado Rodríguez estimó que la votación podría hacerse en la primera semana de noviembre o incluso en octubre.
El texto que está a estudio de la comisión fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento en julio de este año y habilita la desafiliación del régimen jubilatorio de ahorro individual para algunos colectivos que quedaron incorporados a este de forma obligatoria y que verán afectados sus ingresos cuando se jubilen.
Asti defendió el proyecto y dijo que si bien “tiene sus importantes costos”, se trata de “la forma de solucionar esta situación con la que el presidente se comprometió”. Además, sostuvo que la oposición plantea alternativas que, a criterio del oficialismo, “pueden tener mayores costos” que la propuesta legislativa a consideración.
Ayer la comisión recibió a dos personas que participaron en la elaboración de la ley que habilitó la reforma del sistema de seguridad social durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti: Ariel Davrieux, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante ese período, y Rodolfo Saldain, presidente del Banco de Previsión Social (BPS) en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, quien trabajó en la comisión técnica que discutió e ideó la reforma. Además, concurrió a la comisión Álvaro Forteza, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Según relató el diputado colorado Conrado Rodríguez, Davrieux observó que la creación de un fideicomiso –previsto en el artículo 9 de la norma– con los fondos acumulados de las personas que opten por desafiliarse del régimen de ahorro individual obligatorio, repercutirá en las cuentas públicas del país, en la medida en que se considerará un “ingreso”. Esto generará que se baje transitoriamente el déficit debido a las transferencias de las AFAP al gobierno, pero el efecto será momentáneo, hasta que esos ahorros sean volcados al BPS, lo que comenzará a ocurrir a partir del sexto año de constituido el fideicomiso, según se prevé en la ley.