Una delegación del hospital de Rivera concurrió ayer al Palacio Legislativo y se reunió con las bancadas del Frente Amplio (FA), del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente y de Unidad Popular (UP). También mantuvieron un encuentro con una delegación del PIT-CNT. A todos les formularon el mismo planteo: el derecho de Andrés Toriani, director destituido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a tener la posibilidad de defenderse, y el interés por mantener el servicio que brindó el hospital en los cinco años de su gestión.
La delegación pidió a los parlamentarios que convoquen a Toriani para que “explique cómo actuó y por qué actuó”, y que cite al gerente general de ASSE, Richard Millán, para que explique el porqué de la destitución, cuando sabía “que el hospital había hecho todos los intentos para lograr los cargos de forma legítima y que ASSE no los había dado”, transmitió a la diaria Ricardo Araújo, ex jefe de block quirúrgico del hospital de Rivera. Añadió: “Ellos mismos ahora no lograron solucionar el problema sin hacer el mismo sistema de pago que hacía Toriani, porque no hay forma de hacerlo. El hospital pasó de una estructura sumamente precaria a ser un hospital de muy alto nivel; entonces, el gerente de ASSE tiene que explicar por qué, sabiendo esa realidad, no nos consiguieron los recursos humanos que necesitábamos”.
Toriani fue destituido por haber contratado médicos y técnicos utilizando fondos del rubro Estudios Médicos. La comunidad de Rivera lo apoya debido al nivel que alcanzó el hospital, que se abasteció de equipos y personal para cubrir los servicios que antes les compraba a privados a un costo mayor.
Sin unanimidad
Con una investigación administrativa que no ha concluido, el directorio de ASSE votó, el 23 de agosto, el cese de Toriani y del subdirector del hospital, Víctor Recchi. La resolución fue votada por el vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardus, el vocal Jorge Rodríguez Rienzi y la representante de los usuarios, Natalia Pereyra; la presidenta del organismo, Susana Muñiz, votó en contra, y el representante de los trabajadores, Pablo Cabrera, se retiró de la sala, en rechazo a la votación. Según consta en el acta del directorio del 23 de agosto, a la que accedió la diaria, Muñiz abogó por el derecho de Toriani a defenderse, para lo que era necesario conformar un Tribunal Disciplinario en Comisión de Apoyo, puesto que el jerarca fue contratado por ese mecanismo. Muñiz dijo, además: “Del estudio de las actuaciones pude apreciar que hay errores en la unidad ejecutora, así como en algunas áreas de ASSE, incluso en gerencias centrales”; que “es evidente que hay procedimientos que las unidades ejecutoras no tienen claros, lo que genera múltiples problemas”, y que “está acreditado que en varias oportunidades se solicitaron recursos humanos y esas solicitudes no fueron contempladas”.
Rodríguez Rienzi reconoció que si bien “pudo haber un ahorro para ASSE en su conjunto”, no se puede determinar cuánto significó; reprobó el “seguimiento débil y tardío por parte de la región y de algunas gerencias centrales” y agregó “que tiene la convicción de que si el doctor Toriani estuviera al frente de una mutualista privada su accionar hubiera sido el correcto, pero está en la esfera pública y hay normas diferentes por cumplir”. Ni él ni Ardus hicieron lugar a los argumentos presentados por Toriani. Ardus reprobó que para hacer las compras directas Toriani no haya llamado a precios, tildó su gestión de “irregular”, y rechazó remitir las actuaciones a Comisión de Apoyo, por entender que los cargos de confianza son responsabilidad del directorio de ASSE. Pereyra refutó que los directores “se amparen en las urgencias y necesidades de los usuarios para realizar algunos procedimientos”.
Cuestiones de fondo
La delegación de Rivera pidió a los legisladores modificar el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado para que “se deje librado a ciertas urgencias, emergencias o gastos devenidos de lo que es la prestación de servicios de salud y que dé cierta elasticidad, porque hay cosas que no son previsibles”, dijo Juan Carlos Aguirre, representante de los usuarios en el hospital de Rivera. Otro de los reclamos es modificar la Ley 18.211, del Sistema Nacional Integrado de Salud, para que las unidades de ASSE reciban dinero del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), como son las cápitas (Rivera tiene 13.500 usuarios del Fonasa) y las partidas por metas asistenciales.
Consultado por la diaria, Toriani aseguró que “es falso” decir que hizo transposición de rubros –término que tampoco emplea la resolución de destitución– y que no tenía capacidad jurídica para hacerlo. Respecto del mecanismo que usó para contratar personal, señaló que “como lo dejan sentado en la investigación administrativa, varios funcionarios jerárquicos no sólo entienden que es válido, sino que, como ellos mismos declaran en esa investigación, el procedimiento se utilizó y se sigue utilizando en otros hospitales de ASSE”. Dijo también que “el hospital no maneja dinero: nosotros no tenemos siquiera una caja chica”, y que “todos los gastos son intervenidos por el Tribunal de Cuentas delegado que tiene sede en Tacuarembó”.
El diputado Gerardo Núñez (FA) dijo que su bancada analiza citar a autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ASSE para explicar la destitución de Toriani, que calificó de una “injusticia”. Repudió, además, que “algunos directores de ASSE cedieran frente a las presiones corporativas de la salud privada, que no ven con buenos ojos que el sistema público se desarrolle”. El caso será analizado por la comisión investigadora sobre ASSE.