La reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) está a estudio de Presidencia de la República desde abril. El organismo regulador creado por esa ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), no se ha instalado ni hay miras de que eso suceda, a tres años de aprobada la norma. Con este panorama, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) es la cara visible de la aplicación de la ley de SCA. Y ha asumido su rol fiscalizando las tandas, proyectando la exigencia de la cuota nacional y obligando a transmitir partidos por televisión abierta. Sobre los avances y problemas en este nuevo rol, la diaria conversó con el director de la Ursec Nicolás Cendoya.

–¿Cómo evalúan desde la Ursec la lentitud en la designación del CCA?

–Nosotros nos preparamos para el escenario de que se creara el consejo. Solicitamos respetuosamente al Poder Ejecutivo que se estableciera un plazo de transición entre el CCA y la Ursec, porque implica un trasiego de expedientes, con un organismo totalmente nuevo que precisa fondos presupuestales. En el proyecto que se elevó al Ejecutivo (de reglamentación de la ley SCA) se recogió la preocupación de otorgar un plazo de 180 días para la transición.

–¿Por qué se está demorando la instalación del consejo?

–La ley marca que de cinco integrantes, uno es designado por el Poder Ejecutivo. Hasta donde yo sé, no está designado. Y el Poder Legislativo tiene que disparar un procedimiento cuyos plazos comienzan cuando el Poder Ejecutivo lo pide. Por eso no hay plazos. Hay una mayoría especial (del Parlamento, que se precisa) para designar a los otros cuatro miembros. No es mi trabajo ni mi especialidad determinar si se puede llegar a los dos tercios en este tema que es tan delicado; mucho menos, si el mecanismo está bien diseñado o no. Sí puedo decirte que es muy complejo.

–Estás sugiriendo que el tema de las mayorías especiales sería un obstáculo.

–Es un tema. Y después hay otro tema que no está en la discusión pública, y que a mí me preocupa mucho, que es la estructura del consejo. Vos tenés que pagar la luz, el agua, poner el papel higiénico en el baño, tenés que tener computadora. Nosotros tiramos una simulación de funcionamiento subsahariano del consejo y son tres millones de dólares al año, sin lujos, sin nada. Tenés que aprobarlo en la ley de presupuesto. ¿Y dónde está esa plata en la ley de presupuesto? No está. Cuando vimos eso, empezamos a pensar también en el otro escenario, el de que se imponga que se cumpla la ley por un tiempo mayor al que pensábamos. Porque vos podrías decir: “Analizá la ley, fijate todo lo que hay que hacer, presupuestalo y pedí el dinero”. Pero tampoco lo puedo hacer, porque la rigidez del sistema presupuestario hace que después de que crean el consejo, ¿yo qué hago con toda esa enorme inversión que se hizo? Hay que hacerlo gradualmente, y aceptar las críticas, que te digan que no estás ejecutando la ley.

–Los organismos asesores para la asignación de frecuencias de radio y televisión, comunitaria y comercial, ya no funcionan. ¿Cómo está manejando ese tema la Ursec?

–Ese es un tema del Poder Ejecutivo. La ley de SCA sustituye a la Comisión Honoraria Asesora de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) y a la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) por la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), que es un organismo con una integración de 17 miembros. A mí me consta que el Poder Ejecutivo ha avanzado en la integración de la CHASCA; de hecho, ha formulado las invitaciones a las organizaciones de la sociedad civil, a los propios operadores. Ya hay designaciones en trámite. Nosotros ahí no tenemos más participación que brindarle la infraestructura a la CHASCA hasta tanto se cree el CCA. Le vamos a destinar un funcionario administrativo part time y la infraestructura para las audiencias públicas que se tienen que realizar.

–Mientras no esté funcionando la CHASCA, ¿se pueden hacer llamados a nuevas frecuencias?

–Se pueden hacer, pero hay un momento en que el proceso se detiene, que es cuando la normativa exige el pronunciamiento de la CHASCA. Con lo cual se han detenido todos esos expedientes que están todos en la órbita de la Dinatel (Dirección Nacional de Telecomunicaciones). Sé que el director nacional está muy preocupado por este tema. Se ha generado un indeseado enlentecimiento en los procedimientos de otorgamiento de frecuencias.

–El Observador publicó este sábado que comenzarán a fiscalizar los porcentajes mínimos de producción nacional. ¿Cómo será eso?

–En una primera etapa controlaremos que 60% de la producción, excluyendo tanda y autopromoción, sea de producción nacional. Para eso estamos solicitando a los canales de televisión abierta y a los canales propios de los servicios de televisión para abonados que nos remitan la programación. Pero ese control lo vamos a hacer a partir de mayo de 2018. ¿Por qué? Porque en diálogo con las gremiales de operadores, ellos nos hacían notar una cosa que compartimos, y es que la programación de un canal de televisión, normalmente, es de carácter anual y se dispara en marzo o abril. Entonces les dimos un tiempo para que ellos puedan cumplir, en caso de que no lo estén haciendo, aunque pensamos que en su gran mayoría lo están haciendo. En el caso de la radio, lo que establece la ley es 30% de música nacional. Ahí tuvimos que afinar la definición de música nacional y la extendimos al autor, compositor o intérprete. A partir del 1º de noviembre les vamos a pedir a las radios un listado de la música que emiten, de modo de poder hacer el control del 30%. Hemos recibido planteamientos de las gremiales que nos dicen que eso es muy complicado, porque tienen que tomar nota los 365 días del año de la programación. Estamos intentando desarrollar un procedimiento más sencillo.

–¿Por ejemplo, tomar una muestra de la programación?

–Exacto, pero el tema es que no lo podés hacer ex ante, porque no le podés avisar al operador al que estás fiscalizando que lo vas a fiscalizar. Entonces tiene que ser ex post. Como la ley establece la obligación de preservar las grabaciones durante 90 días, eso nos permite a nosotros jugar en el sentido que vos estás planteando.

–¿Desde cuándo están fiscalizando el cumplimiento del límite de 15 minutos de la tanda publicitaria en televisión?

–Es un tema interesante, porque la tanda ya estaba regulada desde 1978. Desde diciembre de 2013 estamos haciendo ese control; incluso adoptamos unas pocas sanciones en 2014, antes de que entrara en vigencia la ley de SCA. Sí es verdad que antes de 2013 no había casos en que se hubieran aplicado sanciones. Lo que hemos verificado es una reducción de las infracciones. Tenemos varias decenas de procedimientos en trámite, algunos que ya han concluido en sanciones. Nosotros tenemos en cuenta, al momento de graduar la sanción, la cantidad de minutos que se excede en una semana –con márgenes de tolerancia establecidos, que hemos comunicado–, y la reiteración: vamos agravando las sanciones mediante una fórmula paramétrica conocida por los operadores. Por sanciones muy mínimas hemos tenido apercibimientos, y la sanción máxima ha sido aproximadamente de 200.000 pesos. Pero también hemos notado que en general los canales de televisión han reducido sustantivamente los excesos, aunque no han desaparecido totalmente. Hemos detectado que se ha refinado lo de jugar al borde del reglamento.

–¿Ha habido recursos administrativos contra estas sanciones?

–Ha habido; creo que ya hay una acción de nulidad por el tema tanda.

–¿Qué desafíos plantea en el vínculo con los actores el hecho de que la Ursec asumió nuevas competencias?

–El regulador es como el juez de fútbol, lo mejor es que pase desapercibido, y no tiene hinchas. Somos conscientes de que a nadie le gusta que lo multen. Trabajamos mucho en cómo se hacen las inspecciones, en el respeto, en objetivar los procedimientos administrativos. La intensidad de los poderes jurídicos acordados a un órgano administrativo es inversamente proporcional a la simpatía que los regulados tienen por él. Pero es un rol que asumimos con total responsabilidad.