El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) acordó con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) un proyecto de ley que establece una moratoria de cuatro años a la aplicación de la técnica del fracking. La iniciativa está a consideración de Presidencia, explicó a la diaria el subsecretario del MVOTMA, Jorge Rucks. El proyecto toma como base el presentado por el diputado colorado Walter Verri, con “pequeñas diferencias”, indicó Rucks.

Cuando asistió a la comisión de Industria de la Cámara de Diputados el 9 de agosto, Rucks dijo que el fracking, o fractura hidráulica, como técnica, ha tenido avances. “Se ha ido desde impactos ambientales sustantivos y negativos a desarrollos más recientes, que tratan de evitar dichos impactos, pero que todavía no tienen el suficiente conocimiento y manejo como para tener la seguridad y la tranquilidad de que podemos utilizar esa tecnología en estricta atención a la normativa y a la legislación vigente”, manifestó, según consta en la versión taquigráfica. Rucks afirmó que al ministerio le “preocupan” los impactos que tendría el fracking, “particularmente sobre los recursos hídricos, tanto subterráneos como superficiales, en términos de eventuales contaminaciones, ya sea por la forma en que se realizan las perforaciones, por lo que implica el uso de sustancias químicas, como por los volúmenes de agua que se requieren”.

Explicó que el ministerio no pretende prohibir una tecnología, sino que “se requiere tiempo para desarrollar o conocer mejor esas tecnologías desde el punto de vista de nuestra sociedad”. Aseguró que el ministerio coincide con el proyecto de ley de Verri, que apunta a prohibir durante un período la actividad para “evaluar socialmente” la tecnología. “La idea es conocer, con la mayor profundidad posible, el uso de esa tecnología a nivel internacional y las mejores prácticas que se vienen desarrollando, tener una actualización del conocimiento en el desarrollo de esa tecnología y difundir y consensuar a nivel nacional el uso o no de esa tecnología”, explicó Rucks.

El proyecto de Verri dispone una moratoria a la actividad del fracking hasta que una comisión científica creada para analizar los impactos de esta técnica para el medioambiente se expida y, en ese caso, de todos modos, sería necesaria una ley para levantar la moratoria. El proyecto del gobierno, en cambio, dispone una moratoria de cuatro años a la actividad del fracking y reduce el número de integrantes de la comisión científica, si bien deja abierta la posibilidad de invitaciones a otros actores. Rucks explicó a la diaria que la comisión estará integrada por el MVOTMA, el MIEM, la Universidad de la República y otros actores académicos.

Los diputados nacionalistas Gerardo Amarilla y Alejo Umpiérrez también habían presentado un proyecto de ley, en este caso prohibiendo el fracking. Umpiérrez objetó en comisión que no es necesario esperar pronunciamientos científicos para determinar si el fracking daña el medioambiente, porque esto ya ha ocurrido. “Por ejemplo, en 2015 se reportaron más de 200 incidentes en Estados Unidos por los que las organizaciones ambientales gubernamentales sancionaron a distintas empresas. Además, se contaminaron cursos de ríos y lagos, por lo que nuestra preocupación no está dentro del marco de la duda científica, sino de la evidencia irrefutable”, sostuvo el diputado nacionalista.

Rucks aclaró en comisión que la moratoria no implica frenar el desarrollo de la tecnología y el conocimiento. “La justificación mayor, además de las dudas que nos puedan caber con respecto al fracking, es que la sociedad uruguaya en su conjunto no ha madurado el tema por falta de conocimiento, por conocimientos que todavía no están avalados clara ni científicamente. Creemos que tiene que haber un proceso de meditación y reconocimiento de esta tecnología y de esta situación por parte de la sociedad. Nos parece fundamental poder avanzar con el conjunto de la sociedad”, fundamentó el subsecretario.