“Para ellos son unas chirolas, porque seríamos como un barrio de la ciudad de San Pablo, pero para nosotros es mucha plata”, dijo ayer el senador y ex presidente José Mujica a la salida del encuentro que mantuvo una delegación de representantes de varios sectores de la sociedad con el embajador de Brasil en Uruguay, Hadil Fontes da Rocha Vianna, con motivo de la eventual demanda de la estatal Petrobras contra Uruguay. Participaron José Mujica; representantes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU); integrantes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas); el cantautor Mario Carrero; el actor y director Héctor Guido; el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, los diputados del Frente Amplio Luis Puig, Daniel Placeres y Gerardo Núñez, y el diputado del Partido Colorado (PC) Fernando Amado.

Alejandro Acosta, dirigente sindical de Uaoegas, dijo a la diaria que “el embajador quedó en transmitir un informe y dijo que iba a tratar de darle la relevancia suficiente para que Brasilia pueda conocer esto inmediatamente y ver qué posición adopta”. Además, aseguró que la reunión fue cordial y que el diplomático fue “muy receptivo”. “Incluso dijo que va a tratar de que no se tome como un informe más. Apostamos a que tenga éxito, pero depende del gobierno de Brasil”, agregó.

El problema es que Petrobras pretende llevar al Estado uruguayo a arbitraje internacional a raíz de sus conflictos con Montevideo Gas y Conecta, las dos distribuidoras de gas que maneja. Sostiene que las condiciones en las que fueron establecidas sus concesiones no perduraron, y que el gobierno uruguayo tomó decisiones que afectaron su rentabilidad, como la de cancelar la construcción de la regasificadora e incluir “de forma abusiva impuestos y regalías argentinas en el cálculo de cobro del gobierno uruguayo”, según comunicó en agosto. El gobierno uruguayo ejecutó en mayo la garantía bancaria de tres millones de dólares depositada por Petrobras a la concesión de Montevideo Gas, bajo el argumento de que la empresa había incumplido con el pago de parte del arrendamiento para el uso de los bienes concedidos. Según la petrolera, eso se debió a que Montevideo Gas había ingresado en un procedimiento para pedir que fuera eliminada una parte de los pagos por el arrendamiento, debido a la suba de los costos de gas que generó Argentina en sus exportaciones a Uruguay.

La reunión de ayer se enmarcó en un paro parcial del sector, que se cumplió entre las 9.00 y las 13.00; además, hubo una concentración frente a la embajada, a la que asistieron, según Uaoegas, cerca de 150 personas. Sobre el conflicto, Acosta dijo que los trabajadores tienen que recibir señales de Petrobras, porque “nos han planteado rebajas salariales, reducción de puestos de trabajo, todo en sintonía con las políticas [laborales] de Brasil. La reunión nos deja expectativas, pero vamos a estar atentos a las señales; en el caso de que la gestión no llegue a buen puerto, tomaremos otras acciones”. A pesar de que no hubo tiempos definidos, el sindicalista dijo que no van a esperar un mes. “Acá tenemos que tener una señal, más o menos clara, en un tiempo prudencial”.

Anotados

La nota al embajador dice: “Entendemos equivocado atribuir al actual gobierno los perjuicios que Petrobras argumenta que tiene en la distribución de gas natural, esgrimiéndolos como razones para demandar al Estado mediante tribunales arbitrales por un monto mínimo de US$ 100.000.000. Conocía cabalmente los problemas del sector cuando asumió el control de Conecta y MontevideoGas, tal como lo manifestó Nestor Cerveró, ex director del Área Internacional, quien también informó que compraron las acciones de Gaz de France en US$ 8.000.000, mientras hoy reclaman 12 veces más”. Una de las preocupaciones de los firmantes es que el interés de la empresa brasileña “ha pasado a ser la demanda arbitral y no la correcta gestión de las concesiones, lo que afecta a los usuarios (con una baja de casi 5.500 respecto a 2005, un 12%) y los puestos de trabajo (se plantea una reducción de casi un 10% para este año)”. Se exhorta al gobierno norteño a que deje sin efecto las demandas, porque suponen un perjuicio general para el pueblo uruguayo. Y “por otra parte, contribuyen a sumar un elemento de tensión entre países miembros del Mercosur”, dice el texto entregado.