La Cámara de Senadores tiene nueva presidenta, y poco más de dos años para aprobar proyectos que el oficialismo considera urgentes y necesarios. Según supo la diaria, las prioridades de Lucía Topolanksy como presidenta del Senado serán, en primer lugar, agilizar la votación del impuesto a las jubilaciones militares y, luego, aprobar la reforma de la Caja Militar y la iniciativa que subsana la situación de los denominados “cincuentones”. Esto luego de que culmine la votación de la Rendición de Cuentas, que comienza hoy en la cámara.

Para otros proyectos de ley, en cambio, no hay tanto apuro en la bancada oficialista. Por ejemplo, el que establece que las empresas privadas de más de 25 trabajadores deberán tener en su plantilla al menos 4% de personas con discapacidad, o de lo contrario serán multadas. La iniciativa fue presentada por el diputado comunista Óscar Andrade y aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero en el Senado empezaron los problemas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, envió en octubre del año pasado un mensaje de texto a legisladores de la bancada frenteamplista para quejarse de que no había sido consultado sobre el texto, si bien compartía el objetivo. La bancada hizo algunos ajustes, pero el proyecto nunca llegó a aprobarse en comisión, y hoy ni siquiera está en el orden del día de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En agosto, el PIT-CNT lanzó una campaña de recolección de firmas para que el Senado apruebe el proyecto, bajo la consigna “un compañero, una planilla”. Según dijo al portal del PIT-CNT Martín Nieves, integrante de la Comisión de Discapacidad de la central sindical, a principios de setiembre llevaban recolectadas más de 10.000 firmas. El objetivo es alcanzar las 500.000, que representa una firma por cada persona con discapacidad en el país.

Otro proyecto que salió del orden del día de la misma comisión es el de trabajo nocturno. Esta iniciativa modifica una ley aprobada en 2015. Aquel proyecto dispuso la obligación de pagar una compensación de 20% a aquellos trabajadores que desempeñaran su tarea entre las 22.00 y las 6.00 y durante más de cinco horas consecutivas. El proyecto a estudio del Senado elimina el requisito de las cinco horas consecutivas, por lo que deberá pagarse compensación también a quienes trabajan menos de cinco horas consecutivas. Según expresaron integrantes del gobierno a la bancada frenteamplista, la iniciativa tendría un impacto económico importante para el Estado, que tiene “muchos funcionarios públicos que trabajan en la noche”, explicó a la diaria una fuente del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el Senado. El proyecto de nocturnidad también tiene media sanción de Diputados y también fue presentado por el diputado comunista Óscar Andrade, en este caso acompañado por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Luis Puig y el del MPP Carlos Reutor.

El senador frenteamplista Marcos Otheguy, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, dijo a la diaria que el año pasado “se plantearon reparos a ambos proyectos de parte de los legisladores y de parte del Poder Ejecutivo, fundamentalmente”, tras lo cual las iniciativas ya no estuvieron en consideración de la bancada, porque “no hubo ningún planteo concreto de empujar esos proyectos”. De todos modos, Otheguy consideró que el proyecto de empleo para personas con discapacidad está “en condiciones de ser aprobado”. En cambio, en el MPP entienden que hay que mirar “con más detenimiento” la iniciativa, y cuestionaron que no establezca distinciones según el tamaño de la empresa y el tipo de actividad, más allá del límite de 25 trabajadores. “Esos dos proyectos vinieron con problemas de la Cámara de Diputados y tienen problemas graves para el Estado”, afirmó una fuente del sector.

Frenos en política exterior

Hay otra categoría de proyectos que son prioritarios para el Poder Ejecutivo, pero la bancada del Frente Amplio (FA) no ha logrado todavía acuerdos internos para aprobarlos. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, ambos a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores desde abril. En el primer caso, la senadora frenteamplista Constanza Moreira pidió un estudio más detenido de la iniciativa; el 13 de julio solicitó que se convocara a la sesión a la ex coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual Cristina Dartayete, a la académica de la Universidad de la República Judith Sutz y a representantes del Instituto Pasteur. Desde entonces, la comisión no volvió a abordar el tema.

Sobre el TLC con Chile hubo cuatro sesiones de la comisión entre mayo y junio, en las que se recibió a autoridades de gobierno, y luego el tema no volvió a abordarse.

Diputados frenteamplistas como Roberto Chiazzaro (Partido Socialista) y Gerardo Núñez (Partido Comunista) se han expresado públicamente en varias instancias en rechazo a este TLC. “El capítulo de servicios del TLC Uruguay-Chile reitera modalidades de negociación y conceptos que fueron motivo de rechazo del TISA”, escribió el jueves pasado Chiazzaro en su cuenta de Twitter.

La semana pasada hubo una reunión de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA que abordó este tema, y en la que se recibió a representantes del área de comercio internacional de Redes-Amigos de la Tierra. Chiazzaro dijo a la diaria que “80% del tratado [con Chile] es de servicios” y que contiene “normas del TISA, del Tratado Transpacífico y del TTIP [Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, por su sigla en inglés]”. “Tenemos inconveniente en aprobarlo, teniendo en cuenta que el FA rechazó el TISA. Lo mismo nos pasa con el TCP”, sostuvo el legislador socialista.