La comisión investigadora parlamentaria que estudia la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha y la estafa al Fondo Nacional de Salud recibió ayer a parte del directorio de ASSE del período 2010-2015. La sesión duró seis horas; los diputados recibieron, por separado, a los diferentes directores. Primero comparecieron Alejandro Draper (vocal desde julio de 2010 a setiembre de 2012) y Marcelo Sosa (vocal desde octubre de 2012 a abril de 2015), ambos representantes del Partido Nacional (PN). Luego concurrió Wilfredo López, representante de los usuarios desde setiembre de 2008 a abril de 2015 y, por último, la ex presidenta del organismo Beatriz Silva (ocupó el cargo desde agosto de 2011 a abril de 2015), y el ex vicepresidente Enrique Soto (de febrero de 2012 a abril de 2015).

De la comparecencia de los ex directores de la oposición, lo más trascendente fue la presentación de un acta del directorio de ASSE de 2014 en la que el organismo aprobó la contratación de un abogado, y el pago de 225.000 pesos por defender a jerarcas que estaban siendo investigados por la Justicia en calidad de indagados. En diálogo con la diaria, Eduardo Rubio, diputado denunciante (Unidad Popular), consideró que la contratación fue “poco justificable o no justificable” porque los jerarcas eran investigados por haberle causado daños al organismo.

Sosa entregó una carta en la que dio cuenta de su gestión, declaró haber aplicado “un estricto control del gasto” de secretaría y funcionamiento de su despacho, y dijo haber hecho cerca de 90 pedidos de informes y de 30 solicitudes de investigaciones administrativas, sumarios y auditorías, algunas de las cuales están a estudio de la comisión parlamentaria. Expresó, además, que solicitó la remoción del director de Arquitectura, que es otra de las denuncias que evalúa la comisión (por irregularidades en los contralores del organismo y un gasto que excedió al previsto inicialmente).

“Silva y Soto prácticamente no respondieron ninguna de las preguntas, no se acordaban casi de ninguna cosa”, reprobó Rubio. Esa apreciación fue compartida por el presidente de la comisión, Daniel Radío (Partido Independiente) y por Martín Lema (Partido Nacional). “La impresión con la que me quedé es que la doctora Silva y el doctor Soto aportaron poco a la reunión; ellos argumentaron que no tenían ninguna documentación”, observó Radío.

“Pensé que iban a asumir responsabilidades y explicar los hechos. El ‘no me acuerdo’ no es una respuesta. Estamos hablando de hechos tremendamente públicos y conocidos como para que no esté refrescada la memoria”, reprobó Rubio. Lema calificó de “displicente” la postura de Silva y Soto. Pero Cecilia Bottino (Frente Amplio, FA) no condenó de la misma manera a los ex jerarcas del Ejecutivo; opinó que no recordaban con precisión los hechos como para hacer declaraciones, y añadió que la información de las actuaciones del ex directorio están en ASSE y que, por tanto, será el actual directorio el que tenga que presentarla. “Fue una primera aproximación”, dijo la legisladora, que criticó que los jerarcas hayan concurrido por separado. “Hubiera sido mejor convocarlos todos juntos, incluso hubiera permitido que confrontáramos algunas cuestiones que quedaron en controversia, de lo que dijeron los integrantes de la oposición y los directores políticos del FA”, declaró Bottino.

Rubio, Radío y Lema repudiaron las explicaciones de la ex presidenta de ASSE en el caso de la empresa de traslados Siemm SRL, propiedad del director general del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren; del director pediátrico de ese establecimiento, Rodrigo Barcelona, y del ex director del Hospital de Salto, Marcos García, que habían ocupado cargos jerárquicos en el Hospital de Bella Unión. La comisión investigadora analiza el pago de traslados de ese hospital a la empresa Siemm en 2013 y 2014, que multiplicó por 14 lo gastado en los años anteriores.

Rubio expresó que Silva estuvo en la inauguración de Siemm pero declaró ante los diputados que desconocía quiénes eran los dueños y criticó, además, que Silva “no conocía la situación de [los hospitales] de Mercedes y de Dolores, ni lo que pasaba en Rivera, ni que habían votado el pago de estos abogados que defendieron”. Todo esto forma parte de los casos que analiza la comisión.

Según los legisladores, López se mostró arrepentido de haber votado algunas resoluciones, como el pago a los abogados para defender a los jerarcas.

Alfredo Silva, ex director en representación de los trabajadores, no concurrió. Radío dijo que aguarda una comunicación personal –el abogado de Silva se comunicó con la secretaría de la comisión– para intentar que comparezca.