La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados continúa investigando cómo las autoridades públicas están procesando la desaparición física de personas en el país, así como las actividades relacionadas con la trata. El jueves los representantes de ese cuerpo recibieron al fiscal letrado de Montevideo de 1º turno, Juan Gómez, quien se refirió al rol que adquirirá la Fiscalía General de la Nación una vez que rija el nuevo Código del Proceso Penal, a partir del 1º de noviembre, y brindó algunos datos sobre la situación actual.

En la comisión, según consta en actas taquigráficas, Gómez sostuvo que en lo que va de 2017 ingresaron 1.439 denuncias por personas desaparecidas. De esas denuncias, explicó, 1.116 fueron aclaradas, 257 están abiertas y 16 “en el limbo”, debido a que “muchas veces se sabe que la persona ausente retornó, pero por falta de herramientas humanas –reitero que deberíamos tener una estructura mayor para trabajar en estos temas–, quedan ahí si la familia que denunció después no informa a la Policía de que la persona efectivamente volvió”.

Gómez también brindó algunas cifras que ilustran cómo las denuncias de desapariciones vienen creciendo. “En 2013 hubo 503 denuncias; en 2014, 729; en 2015 se hicieron 1.200 denuncias; en 2016, 1.695, y en 2017, 1.439”. El fiscal incluso detalló los problemas que existen para conseguir datos precisos en esta materia. “A veces, una persona que tiene problemas de salud mental desaparece y aparece muerta en otro departamento, y no se cuenta con los datos”. El fiscal describió que algunas prácticas, a veces, dificultan todavía más la búsqueda de las personas que desaparecieron. “La práctica indica –me consta que se está tratando de solucionar estos aspectos– que [la persona desaparecida] es sepultada como NN, sin identificación y, muchas veces, es cremada sin haberle tomado una muestra de ADN; de esta forma se pierde definitivamente la posibilidad de ubicar a sus familiares”, denunció. El fiscal reclamó que haya, “de parte de los distintos organismos del Estado, mayor interrelación y comunicación para tratar de dar respuestas a las familias que sufren el problema de tener una persona desaparecida o ausente”.

Según Gómez, las desapariciones en el país son “mucho más frecuentes de lo que se puede creer, fundamentalmente con ciudadanos extranjeros que ingresan al país”. Gómez expresó que esto se debe a una razón muy sencilla: “Brasil y Argentina requieren visa para el ingreso de determinados ciudadanos, y Uruguay en algunos casos no las requiere. Entonces, [hay personas que] ingresan a nuestro país y después no se sabe qué ocurrió. Digo esto porque hay casos de expedientes judiciales vinculados con trata de personas, tráfico de personas, y no se tiene respuesta de qué ocurrió con un gran número de ciudadanos orientales”. Esto, sostuvo Gómez, también ocurre inversamente con “actividades delictivas como la prostitución en otros países”. Según explicó, hay “algunas jóvenes” que “se fueron del país, se pierde el rastro y sus familias no saben dónde están. La experiencia indica que, normalmente, en esos casos las personas son coaccionadas, engañadas y después retenidas bajo violencia. Digo esto desde el punto de vista de la experiencia que tuvimos con esos casos con el crimen organizado”.

El 17 de agosto, la comisión había recibido al director nacional de Policía, Mario Layera, quien informó que en el país hay 285 personas desaparecidas que aún no fueron halladas. Además, había informado que el año pasado se procesó a 98 personas por temas relacionados con delitos de explotación sexual.