La asociación civil Educación Solidaria gestiona, todavía, en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), cinco Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y dos centros juveniles; en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), desarrolla cuatro proyectos de Uruguay Trabaja, tres del programa Cercanías-Equipo Territorial de Atención Familiar y dos proyectos del Servicio de Orientación y Consulta Territorial. A raíz de los reclamos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines –que se movilizaron porque sistemáticamente cobraban fuera de fecha y varios centros presentaban condiciones edilicias y de infraestructura inadmisibles–, el caso terminó yendo a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde la ONG reconoció, el 1º de setiembre, que no podía sostener los proyectos.

En diálogo con la diaria, Graciela Mazzuchi, directora general de Secretaría del Mides, explicó que la cartera hizo una subrogación y se hizo cargo de las obligaciones que la ONG no puede cumplir. Fue así que la semana pasada el Mides pagó los sueldos de los trabajadores de los nueve proyectos con los que tiene convenio. La semana próxima “se iniciarán los expedientes de compra directa con nuevas organizaciones”, que se encargarán de completar los convenios por el plazo que estaba acordado con Educación Solidaria. Luego de eso, se harán llamados a licitación.

En cuanto a la investigación y posibles sanciones, Mazzuchi dijo que en estos días se han concentrado en la continuidad de la atención y el pago a los trabajadores, aunque “en la resolución de subrogación se indica que se iniciarán las acciones legales correspondientes, que iniciaremos una vez arreglada esta primera parte”, acotó.

Intermitencias

Matías Gallardo, secretario de Seguridad y Salud Laboral del Sintep, dijo a la diaria que el INAU también hizo una subrogación en la reunión del 15 de setiembre en la Dinatra, que “ya no le pasa más plata” a Educación Solidaria y que asumió el pago a los trabajadores, aunque estos siguen “sin cobrar”. la diaria intentó, sin éxito, consultar al INAU sobre cómo resolverá el problema.

En la reunión del 15 de setiembre, el INAU anunció que el centro juvenil La Frontera, que atiende a 55 adolescentes de Empalme Nicolich –donde trabaja Gallardo– cerrará el 30 de setiembre, porque no hay una ONG que se haga cargo y porque el lugar está en pésimas condiciones. Los adolescentes, las familias y la comunidad se movilizaron y, según Gallardo, “en tres días aparecieron cuatro cooperativas de trabajo” dispuestas a hacerse cargo del proyecto, y el Municipio consiguió un lugar para que continúe funcionando.

Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, expresó en diálogo con este medio que la situación es una muestra más de cómo funciona “el modelo de tercerización”. Consideró que se agotó “la efervescencia participativa” con la que nacieron las ONG a fines de la década de 1980 y que “se perdió aquella cuestión del carácter no lucrativo de estas instituciones”. “Eso explica cómo una institución como el Estado manda 500.000 pesos por mes para que no falte comida, para que no falte limpieza, que haya plata para mantenimiento edilicio y se paguen los salarios en tiempo y forma y nada de eso sucede”, observó. De hecho, en este período los CAIF y centros juveniles se quedaron sin partidas de alimentación y limpieza que sí había entregado el INAU. Sommaruga acusó al INAU de controlar “de forma deficiente” porque “llega tarde”, cuando la malversación de fondos ya se hizo. El Sintep pide tener una nómina de las ONG y sus gestores que han incurrido en estas faltas, para no volver a establecer convenios con ellos, y pide cambiar el sistema, que “hace agua”, observó Sommaruga.