Un preso que iba a ser trasladado desde la Unidad Nº 4 (ex Comcar) al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) debió ser derivado a otro centro de salud ayer. Al igual que el que había sido transportado a ese hospital el domingo y que se terminó escapando, gracias a la intervención de otros individuos armados, en este caso el traslado tampoco fue coordinado con la dirección del centro de salud, según informó a la diaria Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Los funcionarios no médicos del INOT tomaron la decisión de no aceptar personas privadas de libertad hasta que no se establezcan protocolos claros de seguridad, y eso derivó en que el preso fue trasladado a otra institución de salud.

Pereira sostuvo que resulta clave rever los protocolos de traslado de los pacientes privados de libertad. El dirigente señaló que en el caso del recluso que se fugó el domingo “hubo muchas coincidencias como para [no pensar] que no hubiera nada extraño”. “Que se coordine [un traslado] por un dolor en una mano el mismo día ya es muy difícil, y que esto ocurra un domingo, aun más. Además, que se consiga el traslado nos parece raro, porque a veces, en casos de mayor gravedad, se llega a demorar de 48 a 72 horas”, dijo el dirigente sindical, y agregó que en el gremio sospechan que “pudo haber alguna entrega” en la fuga de este recluso, aunque no lo puede afirmar. Pereira agregó que el fugado ya había protagonizado un incidente similar en 2015, cuando se escapó del Hospital de Clínicas, luego de tomar como rehén a una enfermera. Además, señaló que para este tipo de traslados los funcionarios de la salud solicitan un mínimo de dos policías como custodia, pero que, dado “el prontuario que tenía este recluso”, esa cantidad no era suficiente. “Eso quedó a la vista, ya que se pudo fugar rápidamente”, señaló.

Los protocolos de seguridad son uno de los temas que tratarán dirigentes de la FFSP hoy a las 17.00, cuando se reúnan con autoridades del Ministerio del Interior (MI). Además, el gremio quiere saber por qué se detuvieron las obras del hospital penitenciario y qué sucederá con el servicio médico que estaba previsto crear en la cárcel de Punta de Rieles, ya que no saben qué alcance tendrá. Pereira subrayó que las obras del hospital penitenciario habían comenzado en 2016 –en la Unidad Nº 4, con mano de obra de los propios reclusos–, pero este año se detuvieron, una medida cuyo motivo el gremio no entiende. “Había acuerdo de todas las partes en cuanto a que iba a servir para descongestionar los hospitales, porque sabemos que las cirugías se van a seguir haciendo en la Administración de los Servicios de Salud del Estado [ASSE], pero acortaría el tiempo de recuperación que se daba en los hospitales. Eran 20 camas para pacientes con problemas psiquiátricos y 20 para pacientes de medicina general”, señaló Pereira.

Cuatro en línea

A la reunión de hoy con el MI también concurrirán representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), quienes expondrán varios de los problemas relacionados con la asistencia a personas privadas de libertad. Gustavo Grecco, presidente del SMU, indicó a la diaria que van a plantear cuatro puntos. El primero es la situación de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios; abarca desde las condiciones de trabajo –el lugar en el que está el cuarto de los médicos, por ejemplo– y los salarios –que son los de ASSE, pero “no tienen una contrapartida por el contexto en el que se brinda asistencia”– hasta las condiciones de seguridad.

El segundo punto coincide con el de la FFSP: rever los protocolos de seguridad en el traslado de reclusos en ambulancia. Grecco señaló la “enorme vulnerabilidad” de los equipos asistenciales en esas situaciones. “En su momento habíamos hablado de que cada recluso fuera categorizado de acuerdo a su peligrosidad y que tuviera el apoyo de patrulleros ajustado al riesgo que supondría para el equipo, que significa una coordinación y estructura que tendría que funcionar previo al traslado”, indicó Grecco.

El SMU también considera que habría que “afinar” la seguridad en los hospitales cuando un paciente privado de libertad queda internado. De todos modos, la solución “de fondo” de la seguridad, sostuvo Grecco, conduce al cuarto punto que tratarán con el MI: la construcción del hospital penitenciario, “donde las condiciones de seguridad permitan asistir adecuadamente a estos pacientes sin que tengan que estar esposados a una cama con suero, y los equipos asistenciales tengan una estructura de seguridad que no es la de un hospital general”, concluyó el presidente del SMU.

Por otra parte, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, señaló a la diaria que en el “panorama actual” le parece “muy difícil” la construcción de un hospital penitenciario, por lo que cree que hay que ir por el “camino del medio”. Por un lado, tener pequeños ámbitos dentro de los servicios médicos generales, con circuitos especialmente previstos y personal preparado, en donde se atienda a los reclusos. Puso como ejemplo al Hospital Maciel, donde “hay una buena práctica” en ese aspecto. Y la otra parte del “camino del medio” sería “mejorar la atención” en los centros penitenciarios, sobre todo en los más grandes, para que no se produzcan traslados para hacer una placa o ver a determinados especialistas, como un oculista, un dentista o un traumatólogo. Además, Petit señaló que a veces en los hospitales “entienden que no pueden atender muchos casos [de reclusos] a la vez”, por lo que cree necesario que haya una coordinación “muy fluida” con el Instituto Nacional de Rehabilitación. “Hay muchas fricciones que deben superarse”, agregó.