A partir de la crisis del capitalismo en los años 70, conocida como la crisis del petróleo, pero que fue en verdad una crisis sistémica profunda del capitalismo, se procesó una fuerte reestructura en la organización del trabajo a nivel planetario. Como es sabido, esta reestructura tuvo como objeto reducir dramáticamente la fuerza de trabajo humana en la industria, modificando la relación hombre-máquina. Para ello, se aceleró el tiempo en que la tecnología se apropiaba de los avances científicos, al punto de que para el sociólogo francés Jean Lojkine se procesó una revolución informacional.
Es notorio, y no es ningún secreto, que esta reestructura trajo como consecuencia un conjunto de problemas sociales que aún condicionan a la humanidad. Fue el comienzo de la crisis de los estados de Bienestar europeos y también tuvo un fuerte impacto en la economía humana de los países de la periferia, que vieron cómo sus incipientes procesos de industrialización se veían avasallados por la nueva coyuntura.
Comenzó la época de la inseguridad laboral; la competencia despiadada por el empleo en los países y entre los países, además de capturar capitales, comenzó a ser la consigna más repetida. Desocupación y empleo precario tienen como consecuencia el retorno de problemas sociales en el momento justo en que la humanidad soñaba que estaba superándolos definitivamente.
La reestructuración productiva, denominación que recibió este proceso, permitió que el capitalismo recuperara su tasa de crecimiento, pero, superada la crisis, la humanidad se enfrentó a un nuevo problema tan dramático o más: la sociología francesa lo llamó “exclusión”, palabra que hoy en día sigue usándose para mencionar las consecuencias nefastas que la humanidad viene pagando por la forma en que se superó la crisis. La dimensión asistencial de las políticas sociales apareció como la respuesta para enfrentar la exclusión social.
Hoy puede verse en todo el mundo que la asistencia social no ha resuelto el problema: recuerdan al bote roto cuyos ocupantes sacan agua con baldes para evitar que se hunda; el bote sigue perforado y el agua sigue entrando, pero si los ocupantes dejaran de sacar agua, se hundiría. Si siguiéramos con esta metáfora, deberíamos decir que repararlo implicaría generar condiciones nuevas en que haya trabajo de calidad para todos.
Ahora bien, en tanto no encontramos la solución para el barco, la política asistencial se torna imprescindible. Es cierto que siempre hubo política asistencial y posiblemente siempre haya, pero nunca tuvo una tarea tan dramática y para tanta gente que sobrevive gracias a ella. La política asistencial busca minimizar los costos humanos de la reestructuración productiva, y todo parece indicar que continuará cumpliendo esta función al menos por un tiempo, en tanto no encontremos una solución estructural para que el crecimiento se distribuya eficientemente entre la población, como lo hacía o parecía hacer antes de la crisis. El desafío inmediato es ofrecer una política asistencial de calidad.
¿Cómo se hace una política asistencial de calidad? Una de las respuestas es la que viene ensayando Uruguay. Se parece mucho a una solución a la crisis, es decir, en tanto el crecimiento de las políticas sociales ha sido enorme en los últimos tiempos, es necesario reducir costos. Esto se hace intercambiando trabajo humano por tecnología; toda la actividad necesaria para la administración de la política asistencial se realiza con recursos informáticos, y el trabajo que aun así es necesario se procura mediante contratos precarios a trabajadores con baja o nula calificación, lo que permite amplificar la política asistencial reduciendo costos.
Esta solución se debate en el campo de las ciencias sociales al menos desde la década de 1990, tiene sus defensores pero también sus detractores. Estos últimos, entre los que nos contamos, argumentan que el proceso de desprofesionalización de la política asistencial no trae nada bueno y sin duda reduce los costos financieros de la administración de la política asistencial, pero tiene consecuencias nefastas en costos humanos. Las profesiones que históricamente se encargaron de la administración de la política asistencial, asistentes sociales, trabajadores sociales, educadores y educadores sociales, entre otros, tienen una formación específica que es resultado de décadas de debate, aprendizajes producto de la propia práctica, investigación y, sobre todo, principios éticos que enmarcan su práctica.
Mejorar sustancialmente la política asistencial supone necesariamente la profesionalización de su administración; lo contrario implica un proceso de descalificación de las profesiones que históricamente participaron en su administración. Hoy día, la gestión de la política asistencial es llevada adelante por estudiantes y profesionales jóvenes que en cuanto encuentran otro trabajo se van de la política asistencial en busca de trabajo estable y con posibilidades de carrera funcional.
Recuperar a los mejores profesionales para la política asistencial, de manera de mejorar la calidad de esta, implican una acción afirmativa del Estado. La reglamentación de las profesiones que participan en la administración de las políticas asistenciales supone un costo, claro está –la política asistencial deberá garantizar al menos un mínimo de profesionales en su administración–, pero garantiza la participación de profesionales con formación específica y sujetos a tribunales de ética que son la garantía de que la política asistencial esté orientada por principios y valores de carácter universal.
El trabajo social como profesión está en busca de una reglamentación profesional y, por momentos, se ha enfrentado a planteos que visualizan esto como una demanda corporativa: no se comprende que a una profesión reglamentada se impongan criterios universales para su evaluación, tanto en términos técnicos como en términos éticos, y esto es central para la mejora no sólo de la política asistencial, sino de toda la política pública.
La reglamentación profesional asegura que la formación disciplinar sea considerada requisito sine qua non para el desarrollo de cada práctica técnica en la especificidad que le corresponde. El Estado ocupa recursos públicos para la formación profesional mediante la Universidad de la República; la eficiencia de este gasto público debería traducirse en la validación del Estado del ejercicio profesional en condiciones normativas que aseguren a la población la mayor calidad de atención y resolución de sus asuntos.
Dr. J Pablo Bentura, Mag. Cecilia Silva, Mag. María José Beltrán
Docentes del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.