Programa ambiental de donaciones analiza sus 12 años en Uruguay y propone al Estado que lo asuma con fondos propios

“Soluciones locales a desafíos ambientales globales” es la consigna del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), que financia el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) e implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aterrizó en Uruguay en 2005 y ha permitido la ejecución de 130 de esos proyectos. Considerando los 12 años de financiamiento externo y la situación de renta alta del país, el programa invierte menos dinero y su plan llega, por ahora, hasta 2018. Las miradas apuntan al Estado para que asuma las experiencias que califica positivamente.

“12 años de PPD. Balance y perspectivas” se llamó la actividad realizada el viernes por el Comité Nacional de Coordinación del PPD en Uruguay, que reunió a representantes del gobierno, de organismos internacionales, de la academia y de grupos que han desarrollado los proyectos. “No hay uno de los problemas ambientales de nuestro país para el que los grupos no hayan propuesto soluciones”, expresó al inicio de la actividad Sandra Bazzani, coordinadora nacional del PPD Uruguay.

El programa se ejecutó “en estrecha colaboración” con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), especialmente con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que forma parte de su comité de coordinación, y a partir de 2010 trabaja también con el apoyo del Ministerio de Turismo (MT). Por eso, la primera mesa estuvo integrada por Jorge Rucks, subsecretario del MVOTMA, y Carlos Fagetti, director nacional de Turismo.

Rucks destacó que el PPD en Uruguay ha ejecutado 130 proyectos en 17 departamentos (todos menos Durazno y Flores), que ha involucrado a 292 organizaciones sociales y que se han visto beneficiadas 40.000 personas, con una inversión de 2.800.000 dólares. Valoró que “el PPD ha sido un instrumento de contacto con comunidades locales” y lo calificó de “un laboratorio de ideas”. Enumeró que ha generado “capacidades en las poblaciones locales, educación, cambios culturales, beneficios para la biodiversidad y para la protección de nuestros recursos genéticos”. “Ha incorporado organizaciones de la sociedad civil que luchan por resolver problemas de contaminación, por generar nuevas ideas en cuanto a los usos de la energía, que buscan innovar en las acciones y el contacto con la naturaleza, la protección de la fauna y el uso de nuestros recursos naturales de una forma sostenible. Las experiencias del PPD son realmente un laboratorio en cuyos resultados nos hemos inspirado, y muchos de ellos los hemos compartido en las áreas protegidas”, expresó.

En ese aspecto profundizó Fagetti, que mencionó los aportes del PPD para el desarrollo de proyectos en áreas protegidas, como por ejemplo “la puerta del Polonio” en Cabo Polonio (Rocha), la reconstrucción del galpón de piedras de los rusos en el ingreso al área de Esteros de Farrapos (Río Negro), la construcción de un centro de visitantes en el Valle del Lunarejo (Rivera) y los aportes en Rincón de Franquía (Artigas). También valoró la construcción del tejido social y la oportunidad de que los habitantes de las áreas protegidas desarrollen propuestas turísticas.

Al término de su exposición, Rucks sostuvo que “queda pensar cómo mantener este instrumento hasta el futuro” y se preguntó: “¿Por qué no vender el PPD como un instrumento para la ejecución de proyectos a nivel del territorio nacional?”.

Origen de los recursos

El pedido de mayor participación de los recursos del Estado se produjo tras la exposición de Rucks. Mireia Villar, coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Uruguay, preguntó si el PPD tendrá continuidad y apoyo institucional.

Anabel Cruz, del Comité Nacional de Coordinación del PPD, destacó que el programa no ha entendido a los grupos “como beneficiarios de proyectos, sino como constructores”, y que ha fortalecido su autonomía y el trabajo en equipo. Representante de organizaciones de la sociedad civil, Cruz pidió que el país “se apropie” del programa y extendió la solicitud a empresas, para asegurar “recursos duraderos”.

En la actividad se presentó la evaluación externa que hizo el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (Ciesu) de los primeros diez años del PPD en Uruguay. El trabajo fue comentado por Lilián Celiberti, de Cotidano Mujer y ex integrante del Comité Nacional de Coordinación del PPD, y Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ambos hicieron referencia a un cuadro de la publicación, que mostraba el origen de los fondos utilizados por el PPD durante el período 2005- 2015: el GEF aportó 2.475.000 dólares, mientras que el MVOTMA y el MT sumaron 280.819 dólares.

Por diferentes motivos, ambos apelaron al rol del Estado. Celiberti citó la tensión entre “la comercialización y el desarrollo”, comentó que existe un “mercado urbano” de productos que venden comercios como La Molienda, Punto Verde o Ecotienda, y dijo que en este último compra pollos el día que llegan al comercio, porque luego se terminan. “Hay un mercado. ¿Cómo se resuelve?”, preguntó, y luego respondió: “Se resuelve con una inversión en políticas públicas que permitan la circulación de lógicas que van en contra de la hegemonía del mercado”, tanto de las empresas agroexportadoras como de los grandes supermercados o centros de comercialización. “Esa relación sólo puede ser mediada por un Estado que apueste realmente al desarrollo de circuitos alternativos, sociales y ambientales sustentables”, dijo. Por eso, sugirió crear fondos concursables para la sociedad civil, y que provengan de recursos “genuinos del Estado”.

Piñeiro señaló que muchas empresas tienen ganancias “porque externalizan parte de sus costos hacia el ambiente o hacia las generaciones futuras” y que, mediante los recursos del PPD, los grupos pueden desarrollar sus proyectos sin externalizar los costos. “Pero es lógico que cuando les retiremos ese apoyo no puedan competir con empresas que sí externalizan sus costos. Mientras el Estado no aplique un impuesto a todos aquellos emprendimientos que externalizan costos, nadie va a tener incentivo para hacerlo; es difícil pedirles a estos emprendimientos que continúen más allá del apoyo que recibieron del PPD, cuando se encuentran en un medio, en un mercado en el que les es muy difícil competir”, reflexionó. Y agregó: “No entiendo cómo el Estado no entiende que tiene un proyecto que es justamente lo que le están pidiendo que haga, que ha tenido un enorme éxito, que podría seguir por mucho tiempo haciendo pequeños proyectos y empujando desde la sociedad civil los objetivos de desarrollo sustentable”.

Rucks, que estaba entre el público, cuando se abrieron los micrófonos pidió la palabra. Alegó que “los fondos GEF son fondos del país [...] son derechos que los países tenemos para exigir a países desarrollados el financiamiento de las actividades para resolver los problemas ambientales que muchas veces se generan por los modelos de desarrollo que nos imponen ellos”. Consideró que “el PNUD es un interlocutor para la ejecución”, pero la “ejecución en los países es de los gobiernos”. En diálogo con la diaria, comentó que el financiamiento externo “se va a terminar en algún momento y lo vamos a asumir”. El PPD maneja actualmente un tercio de los fondos con los que contó en su primer período; según Bazzani, los dineros ya están comprometidos y el horizonte, por ahora, no va más allá de 2018.