El gobierno logró ayer sortear un desafío importante con miras a obtener la tercera planta de celulosa del país, tras concretar un acuerdo marco laboral firmado por UPM, el PIT-CNT, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Cámara Metalúrgica de Uruguay.

El convenio se plantea como objetivo que las partes se comprometan a “apoyar en lo que sea requerido y no se oponga a sus objetivos y fines institucionales, o a sus competencias legales y reglamentarias, todo el proceso de construcción y montaje electromecánico de la planta liderado por UPM”. También deben “contribuir a generar las condiciones de comenzar a operar y producir plenamente la nueva planta industrial dentro de los plazos previstos”, “afianzar la negociación colectiva de buena fe como instrumento más adecuado” para lograr los objetivos del acuerdo y “ratificar el trabajo decente y productivo, el respeto de los principios fundamentales en el trabajo y de los derechos de los trabajadores y de los empleadores”. Además, se establece la importancia de “impulsar y promover la seguridad y salud laboral, enfocada en ‘cero accidente de trabajo de gravedad’” y lograr los “menores índices de siniestralidad de acuerdo a estándares internacionales”.

El acuerdo se aplicará dentro de la nueva zona franca en la que se establezca la planta (en un radio de 25 kilómetros del puente de la ruta 5 que cruza el Río Negro, aunque todavía no se sabe si será en Durazno o Tacuarembó) y regirá tanto para el personal obrero local como extranjero que trabaje para empresas contratistas o subcontratistas, ya sean uruguayas o internacionales. Esto, sin embargo, “no implica que las condiciones de trabajo sean iguales” para la mano de obra local o extranjera, se especifica. Según sostiene el documento, regirá “hasta la culminación de las obras civiles y de montaje electromecánico de la nueva planta industrial”.

Entre los protocolos de actuación, se establece que se conformará un “grupo coordinador”, integrado por representantes del gobierno, UPM, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, y equipos de trabajo técnicos para tratar los diversos protocolos que será necesario definir. A su vez, se prevé concentrar los cursos de capacitación en “trabajadores de la zona de influencia geográfica” de la futura planta. Se prevé que su organización e instrumentación se realicen mediante “instituciones existentes especializadas en la ejecución de actividades de capacitación y generación de empleo”, como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional o la Universidad Tecnológica.

El acuerdo establece que se creará una “convocatoria pública y registro abierto de trabajadores, a través de la base de datos nacional del MTSS, como forma de conocer la oferta de mano de obra uruguaya especializada y obtener una fuente de reclutamiento no obligatorio de trabajadores postulantes con habilidades requeridas debidamente documentadas”, que será de “acceso directo” para las empresas.

El texto, además, afirma que se deberá proveer “servicios de transporte y alimentación en obra” para los trabajadores, así como “facilidades de alojamiento multimodal y desconcentrado” en “diversos lugares de la región o localidades más próximas” para los “trabajadores trasladados o contratados a pie de obra” que no se encuentren radicados en Tacuarembó o Durazno.

Por último, se establece un mecanismo de prevención de conflicto que incluye la “no adopción de medidas por las partes que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades en la obra, antes de haber finalizado total o formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas”.

Mientras se desarrollaba la negociación, la diputada nacionalista Graciela Bianchi criticó que el PIT-CNT se prestara para un diálogo de este tipo. “Lo que le faltaba al PIT CNT para abandonar principios que le eran caros: ¡transar condiciones laborales con una multinacional como UPM!”, escribió el 7 de setiembre en su cuenta de Twitter. La respuesta de la central llegó ayer mediante una declaración de su Secretariado Ejecutivo. “En un momento de desregularización laboral en la región, es un acto de responsabilidad nacional discutir un acuerdo marco que establezca pautas y reglas claras de juego, ante una inversión privada de la magnitud planteada por la empresa UPM”. Además, el PIT-CNT reivindicó su defensa de la negociación colectiva y sostuvo que lo dicho por Bianchi “es ensuciar la cancha en forma tendenciosa y premeditada, llevando al más bajo nivel la práctica política”.