Los trabajadores de la asociación civil Educación Solidaria denunciaron públicamente en agosto la situación laboral y edilicia de los centros que gestiona la asociación, en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Las fotos que acompañaron los reclamos mostraron las indignas condiciones edilicias: salas de estudio con techos en peligro de derrumbe, pésimas instalaciones eléctricas y presencia de roedores, ventanas sin vidrios, áreas inundadas y resumideros sin tapa, entre otras carencias. Pero las denuncias excedían el tema edilicio e incluía también sistemáticos atrasos en el pago de sueldos, a pesar de que la ONG recibía en tiempo y forma las partidas de los organismos públicos.

El viernes 1º los trabajadores, nucleados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA) tuvieron la segunda instancia de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), a la que asistieron también representantes del INAU, del Mides y de la asociación civil Educación Solidaria. Fue allí que la ONG comunicó oficialmente que va a dejar todos los proyectos que tiene en convenio con el Mides y con el INAU, informó a la diaria Matías Gallardo, secretario de Seguridad y Salud Laboral de Sintep y docente en el centro juvenil La Frontera.

De acuerdo a un comunicado de prensa de Sintep y SUTIGA, la ONG tiene tres convenios en la órbita del programa Cercanías-Equipo Territorial de Atención Familiar (Mides), que involucran a 14 trabajadores y a 400 niños, adolescentes y adultos. En convenio con Uruguay Trabaja, la asociación gestiona tres proyectos, en los que trabajan 14 personas y hay 100 participantes. Con el Servicio de Orientación y Consulta Territorial del Mides, la asociación mantiene un convenio con 13 trabajadores, pero entre los afectados hay que sumar a los trabajadores de otros tres convenios que terminaron el 30 de junio, y la asociación todavía no ha pagado los despidos.

En convenio con el INAU, la ONG gestiona cinco Centros de Atención a la Infancia y la Familia que involucran 63 puestos de trabajo y a más de 600 niños menores de tres años. También en convenio con el INAU, la ONG gestiona dos centros juveniles, con 24 trabajadores y 110 adolescentes. Los diferentes proyectos se ubican en los departamentos de Montevideo y Canelones, y hay un proyecto en Paysandú.

Tras el anuncio de la ONG, los trabajadores les preguntaron a las autoridades qué pasaría con los proyectos. “Desde el INAU se dijo que no corrían peligro, que se iba a hacer una especie de transición mientras buscaban otra ONG”, comentó Gallardo. Como los trabajadores intuían que la ONG renunciaría a los convenios, propusieron conformar cooperativas de trabajo, y eso mismo fue mencionado por las autoridades del INAU en la reunión en la Dinatra como posible salida. Gallardo informó que el lunes referentes de Educación Solidaria se reunieron con autoridades del Mides para ver cómo sería el cese del contrato. El Mides comunicó a la ONG que no podía retirarse en este momento porque ya se le entregaron las partidas. Se hará una transición en la que los trabajadores seguirán dependiendo de la ONG y, a causa de la mala gestión de fondos que ha hecho, el dinero y las partidas las manejará directamente el Mides.

Los trabajadores alientan la idea de conformar cooperativas de trabajo, entre otras cosas, porque consideran que “este modelo de tercerización falla, tiene errores”, dijo Gallardo, que indicó que “las supervisiones existen pero no son suficientes, si no, esto no puede pasar”. Se refería al atraso en el pago de los sueldos, pero también a la “apropiación indebida” que hizo la empresa, puesto que detectaron casos en los que les retenían la cuota sindical o créditos sociales, como las cuotas de alquiler, a varios trabajadores y luego la empresa no depositaba los fondos. En la tripartita del viernes los sindicatos se enteraron de que el Mides había girado a la ONG los fondos por cuatro meses, incluyendo setiembre, y sin embargo ellos han cobrado siempre después de la fecha legal de pago. Las sorpresas siguen, porque proveedores de un proyecto de Uruguay Trabaja se negaron el lunes a entregar mercadería porque la ONG les debía plata, y lo mismo anunció el proveedor de un centro juvenil, dijo Gallardo.

Por otra parte, Sintep pide que los organismos hagan una especie de “banco de ONG infractoras”, porque ha ocurrido que se cierran proyectos por mala gestión, y quienes los tenían abren luego otras iniciativas y de esa manera vuelven a participar en el sistema. El sindicato pide, además, al Mides y al INAU que hagan una auditoría para saber qué pasó con los fondos públicos que manejó la asociación. Las denuncias incluyen situaciones de persecución laboral y sindical. A todo esto, en el medio está la calidad de la atención que se brinda a una población que ya está en situación de vulnerabilidad.