El 16 de noviembre de 2016, la Conferencia Episcopal Uruguaya anunciaba en conferencia de prensa que había recibido 44 denuncias de abusos sexuales perpetrados por 40 sacerdotes de todo el país. Ninguno de los 44 casos que recibió la iglesia católica uruguaya fue remitido a la Justicia. Ninguno de los abusadores tuvo que enfrentar un juicio, gracias a que las autoridades eclesiásticas no consideraron pertinente denunciar los delitos y prefirieron encubrir a los culpables. El argumento que esgrimieron fue: “La Iglesia no elevó ningún caso a la Justicia porque, o bien prescribieron, o bien no son considerados un delito civil”.

El abuso sexual es un delito penal, y el que determina si el delito prescribió –o no– es el Poder Judicial o la Fiscalía General de la Nación, ninguna otra institución. Luego de aprobada la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, el cardenal Daniel Sturla hizo críticas a la ley:“Tiene algunos artículos que llaman la atención porque dejan muy abierto el hecho de poder condenar a una persona hasta por cuestiones simbólicas o religiosas que parecería que pudieran afectar”, dijo.

¿Por qué el cardenal Sturla está tan preocupado por la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género? ¿Qué es lo que le preocupa de esta ley, que tiene como objetivo proteger a las mujeres de la violencia machista? Entre las muchas innovaciones que la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género introduce en nuestro sistema jurídico está la de crear los delitos de abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto personal. En su descripción, estos delitos incluyen toda la variedad de modalidades de abuso que utilizan los perpetradores en la actualidad, incluidas las prácticas más denunciadas por las víctimas de sacerdotes en todo el mundo.

Asimismo, la ley introduce novedades sobre la prescripción de estos delitos: ya no se contarán los años a partir del hecho, sino desde la mayoría de edad de la víctima, lo que amplía los plazos legales para presentar estas denuncias.

¿Temerá el cardenal Sturla que los sacerdotes que fueron denunciados por abuso sexual en Uruguay ya no estén libres de rendir cuentas ante la Justicia, debido a la no prescripción de sus delitos?

¿Continúa el cardenal Sturla menospreciando los derechos de las víctimas al encubrir a abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes?