No se sabe cuántas personas privadas de libertad son analfabetas, pero son bastantes. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, afirma que en la Unidad Nº 4, ex Comcar –establecimiento que concentra a uno de cada tres presos del país– más de 10% de los reclusos son analfabetos o semianalfabetos. A fines de noviembre le pidió a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que garantice el acceso a la educación y habilite cupos para todos aquellos que quieren estudiar y no pueden hacerlo porque no hay lugar. Ante el silencio de la ANEP, Petit presentó a la Justicia un habeas corpus correctivo colectivo para que el Estado asegure el cumplimiento de derechos establecidos en la Constitución de la República y ratificados por pactos internacionales. La Justicia rechazó el planteo por cuestiones formales; el comisionado apelará.

“Una parte importante del total de analfabetos o casi analfabetos que hay en el país están en el sistema penitenciario. Se trata de gente que nunca fue a la escuela, que fue a la escuela pero lleva muchos años sin leer ni escribir, que aprobó la escuela pero no puede leer, ni escribir, ni hacer cuentas, personas que tienen dificultades cognitivas, neurológicas, o de visión, que nunca fueron estudiadas; y personas que pueden leer, escribir, y hacer cálculos, pero que necesitan un reaprendizaje para hacerlo con fluidez”. Así describe el comisionado la realidad de muchas de esas personas –jóvenes, en su gran mayoría– que arrastran las consecuencias de las múltiples situaciones de vulnerabilidad que vivieron siendo niños. El comisionado ilustra el petitorio con 26 casos que seleccionó de las más de 100 entrevistas que hizo en el ex Comcar a analfabetos o semianalfabetos (ver recuadro).

Las historias hablan por sí solas. En diálogo con la diaria, Petit reconoció: “Es una realidad que muchos no conocíamos en su magnitud, y me incluyo”. Las entrevistas le permitieron ponerle contenido a esa realidad desconocida y ver las múltiples aristas del tema. “Todos sabemos que ser analfabeto es malísimo, que es complicadísimo para conseguir trabajo, que te coarta una cantidad de cosas, pero cuando la gente te empieza a hablar de las dificultades que tienen para hacer un trámite, para entender, para comunicarse, para poder escribir, para hablar, la vergüenza que les da, ves una cantidad de cosas y decís ‘¿cómo no tratamos esto?’”, dijo.

En el Informe Anual 2016 el comisionado recomendó a las autoridades ampliar las oportunidades de educación en cárceles, no sólo para cumplir con el artículo 26 de la Constitución de la República, que establece que las cárceles deben servir para reeducar a los presos y orientarlos en la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito, sino para disminuir el grado de violencia que se vive en las cárceles, y para mejorar las posibilidades de acceso al mundo laboral. “Por comunicación electrónica enviada el 29 de noviembre de 2017, se puso en conocimiento de la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Institución Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario del Poder Legislativo, la situación aquí descripta”, expresa el escrito.

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El silencio de las autoridades lo llevó al Poder Judicial, para que “un tercero salde un tema que está pendiente, y que ayude a conseguir recursos”, explicó Petit a la diaria. El texto conmina a la parte demandada (ANEP) “a garantizar el acceso a la educación en términos adecuados para las necesidades de cada uno de los privados de libertad que se encuentran en el COMCAR, a los efectos de que sea posible cumplirlo sin excepciones en el año lectivo 2018, presentando un Plan de Alfabetización para la población privada de libertad en la Unidad de Internación Nº 4 COMCAR a ser llevado adelante durante 2018”. Petit explicitó que el plan debe incluir un relevamiento de la población analfabeta o semi analfabeta, la descripción de actividades educativas a llevar adelante, y la dotación de recursos docentes y de personal especializado para atender las dificultades de aprendizaje.

El 23 de diciembre el comisionado presentó el habeas corpus ante el Juzgado de Turno, organismo que entendió que no era competente. Entonces el lunes 15 lo presentó ante el Juzgado Penal de 33º Turno. El escrito tiene 29 páginas y respalda su pedido en la legislación nacional (la Constitución, la Ley General de Educación) y en normativa internacional, como las Reglas Mandela, adoptadas en 2015 por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos y que establecen que “la instrucción de los analfabetos y de los reclusos jóvenes será obligatoria”. Justifica el uso la promoción de una acción colectiva –en lugar de que cada recluso deba presentar su caso ante un magistrado, lo que implicaría cientos de casos, multiplicando así el trabajo– y el uso de un habeas corpus porque está contenido en la Constitución y porque el nuevo Código del Proceso Penal que el dio un contenido más amplio al que le daba la Constitución. “Ya no sólo establece una acción de amparo de la libertad personal ambulatoria contra todo acto arbitrario que la prive, restrinja, limite o amenace, sino que también opera para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles, o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana”, argumenta Petit en el escrito.

Sin embargo, el juez Gonzalo Arsuaga “entendió que no correspondía el recurso de habeas corpus ya que este debía referirse a situaciones de integridad física”, resumió ayer Petit. Firme en su argumentación, el comisionado apelará.

Historias de vida

Cinco de las 26 reseñas incluidas en el petitorio del Comisionado Parlamentario (omitimos detalles como la celda en la que están recluidos y la ciudad de origen, que aparecen en el documento):

Tiene 26 años. Nació en el interior del país. Integra una familia con diez hermanos y nunca fue a la escuela. Sus padres fueron procesados por el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, ya que además de no mandarlo a la escuela, lo obligaban a mendigar. De niño comenzó a inhalar cemento, nafta, a consumir pasta base y marihuana. Vivió en situación de calle durante cinco años, estuvo varias veces internado en el INAU, y estando recluido ha planteado reiteradas solicitudes para hacer la escuela, así como para trabajar en cualquier comisión y para aprender un oficio. Todo ello sin éxito.

Tiene 20 años. Sólo sabe escribir su nombre, nunca concurrió a la escuela, no sabe su número de cédula de identidad, sólo sabe hacer cuentas para manejar el dinero. Su familia es de Montevideo; tiene 18 hermanos y dos hijos, uno de dos años y otro de nueve meses. Plantea consumo problemático de pasta base. No realiza ninguna actividad en la cárcel.

Tiene 36 años. No sabe leer ni escribir, fue a la escuela hasta segundo año y abandonó. Tiene proyectado trabajar con un carro de panchos; cuenta que lo agarró la pasta base. En la actualidad dejó la droga, tiene dos hijos grandes. Quiere aprender a leer y a escribir para poder manejar el carro de panchos que le tiene preparado su padre. Pidió para estudiar y no hay cupos.

No sabe su edad. Fue a la escuela hasta segundo año; es analfabeto, no sabe leer ni escribir siquiera su nombre. Concurrió a una escuela de recuperación estando en libertad, pero una vez recluido nunca estudió ni trabajó. Manifiesta que al recuperar la libertad saldrá a batallar el día a día. “Me iría mejor si supiera leer y escribir”.

Tiene 28 años y se encuentra privado de libertad desde hace un año y tres meses. No recuerda hasta qué edad vivió con sus padres. Fue internado en el INAU pero nadie iba a visitarlo; por ese motivo fue derivado a un psiquiatra, no detallándose desde qué edad. Volvió a ver a sus padres siendo adulto, pero no tiene vínculo con ellos ni con sus hermanos. Nunca fue a la escuela, no sabe su número de cédula; sin educación formal, aprendió a leer algo en el INAU. Lee con muchísimas dificultades, no puede realizar operaciones matemáticas que excedan las que efectúa con los dedos de la mano. Le cuesta mucho comprender los contenidos; sólo repite frases de la Biblia. Tuvo reiterados intentos de autoeliminación por no contar con apoyo familiar. Insiste en que le gustaría poder estudiar.

Más violencia

Un hombre de 21 años murió el viernes 12 en el módulo 11 de la Unidad Nº 4 (ex Comcar). La noticia trascendió ayer. Según supo la diaria, el fallecido y otro interno se pelearon dentro de la celda, rompieron la reja y salieron al patio. La Policía intentó separarlos. Se sabe que disparó balas de goma; la autopsia determinará si el joven murió como consecuencia de un disparo o por las heridas recibidas durante la pelea. La violencia es un problema letal en cárceles. Así lo demuestran las cifras de 2017. Según números del Comisionado Parlamentario, el año pasado, en centros penitenciarios, hubo 17 homicidios, diez suicidios y un caso confuso, además de 27 muertes por enfermedad.