“El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. El 28 de enero del año pasado, ese texto, enviado en un mensaje de correo electrónico mediante el servidor Tor, fue entregado en varias casillas. 13 personas fueron amenazadas directamente: el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; la ex vicecanciller Belela Herrera; el activista brasileño Jair Kirshke; el jurista francés Louis Joinet y la investigadora italiana Francesca Lessa. En estos días está circulando una carta abierta en la que algunos de los amenazados piden al Estado uruguayo que investigue el hecho con la seriedad correspondiente, recordando que esta amenaza se enmarca en un patrón alarmante de amedrentamiento hacia periodistas, abogados, antropólogos y defensores de los derechos humanos en Uruguay (ver “Revisa tu buzón”).

la diaria conversó con Francesca Lessa, quien, debido a estas amenazas, no pudo regresar a Uruguay, donde estaba desarrollando su proyecto de investigación con una beca obtenida de la Unión Europea por intermedio de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

–Para mí fue una revolución. De un día para el otro, cambió mi vida. Tuve que parar un proyecto al que me estaba dedicando desde hacía más de dos años y medio. La investigación se focalizaba en la Operación Cóndor y usaba el caso uruguayo como representativo. Elegí Uruguay porque la mayor parte de las victimas y la mayor parte de los sobrevivientes son ciudadanos uruguayos, y además hay desaparecidos y sobrevivientes uruguayos en todos los países involucrados en la Operación Cóndor, que fue un plan de inteligencia y coordinación entre las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para combatir a la oposición de izquierda durante la década de 1970. Mi investigación preveía el seguimiento del juicio Cóndor en Argentina y de los juicios uruguayos, y además el estudio de archivos en Uruguay, aunque el acceso a estos sea, a menudo, complicado y un poco limitado (ya estuve en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores; tenía contactos en el Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia, lo que me daba la posibilidad de acceder a los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos; también intentaría consultar los archivos del Ministerio del Interior, sobre todo en la parte de Migraciones, y del Ministerio de Defensa). Otra parte del proyecto se enfocaba en entrevistas con sobrevivientes y familiares, con jueces, fiscales, abogados, y también con expertos en el tema, como historiadores. En realidad, pude trabajar en Uruguay sólo cuatro meses, porque mientras me encontraba en el exterior ocurrió lo de las amenazas y no pude volver al país ni siquiera para recuperar mis pertenencias.

–¿Cómo te enteraste de que estabas bajo amenaza de muerte?

–Me avisó una amiga uruguaya con un Whatsapp. Escucharon la noticia en la televisión y me informaron. Yo traté de averiguar y me dirigí a los organismos policiales uruguayos, que me confirmaron el dato. A esa altura, tuve que informar a la Universidad de Oxford. Ellos se contactaron con la embajada italiana para hacer una evaluación del real peligro que esto significaba para mí, de lo que surgió la orden de no regresar a Uruguay. Podría parecer una medida demasiado apresurada, pero no olvidemos que justo un año antes había sido torturado y asesinado en Egipto un estudiante italiano que estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Cambridge [Giulio Regeni]. Además, creo que, a la luz del poco interés que la Justicia uruguaya y el gobierno uruguayo ponen en la cuestión, la prudencia fue justa. Sólo después de un mes me llegó la notificación oficial de Interpol.

–¿Qué está haciendo la Justicia uruguaya?

–La investigación se abrió porque el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que recibió el mail directamente en su correo, hizo una denuncia. Desde ese momento no pasó prácticamente nada. La fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco, que están a cargo del expediente, llamaron a declarar a los amenazados; yo no fui porque estaba en el exterior. Hasta ahora, no se promovieron otras medidas. En cambio, nosotros, los amenazados, tratamos de buscar alguna salida con nuestros asesores. Analizamos tres copias de los mails y logramos encontrar el servidor de uno de ellos; se trata de un sitio web que se llama Guerrilla Mail. Allí dice expresamente que ese servidor no puede ser utilizado para amenazas, y que casos de esa naturaleza pueden ser señalados. En agosto, Jair Krischke le escribió a la jueza y pidió que citara a declarar, además de a los amenazados, a Daniel Gatti y Roger Rodríguez, periodistas que desde hace años investigan en el ambiente militar, y también que se hiciera un exhorto internacional a Guerrilla Mail para pedirle que develara la dirección IP de la que salió el mail. Creo que una investigación completa debería incluir, por ejemplo, una averiguación dentro de las Fuerzas Armadas para indagar si alguien conoce o ha escuchado algo acerca de ese Comando Barneix. Ha pasado un año; nosotros, hasta ahora, no sabemos nada, así que estamos autorizados a opinar que no se hizo nada. Esa postura tan pasiva frente a unas amenazas de muerte me lleva a pensar que en realidad no se quiere saber realmente quiénes están detrás de eso.

–¿Cuál fue la actitud del gobierno uruguayo?

–De silencio total. El presidente recibió una carta de apoyo y solidaridad con los amenazados, firmada por más de 150 investigadores, intelectuales y periodistas de 15 países, y no sólo no contestó, sino que ningún miembro del gobierno se expresó sobre el tema, ni siquiera para señalar que las amenazas de muerte son un crimen. La cereza del pastel la alcanzamos cuando el Estado uruguayo fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se presentó a la audiencia, con lo que demostró que no tiene mucho interés en el tema.

–Efectivamente, en el último año y medio se están multiplicando en Uruguay las amenazas a los defensores de los derechos humanos. ¿Creés que la conducta distante del gobierno y de la Justicia pueda alimentar esos episodios?

–Claro. Frente a esa indiferencia no hay que preguntarse por qué siguen ocurriendo esos amedrentamientos. En 2016, en Semana de Turismo, entraron en la oficina de antropólogos en Montevideo y, además de robar computadoras y material, dejaron un mapa de la ciudad en el que se señalaban las direcciones personales de los trabajadores del equipo; en octubre del año pasado, dos sitios en los que los antropólogos estaban haciendo trabajos de excavaciones en busca de restos de desaparecidos fueron violados, y ha habido robos; en noviembre amenazaron nuevamente al fiscal Jorge Díaz diciendo que iban a matarlo en la calle; en julio, en Mercedes, el periodista Juan Francisco Correa recibió “gravísimas amenazas telefónicas” luego de haber publicado la noticia de que uno de los nuevos integrantes de Club de Leones de Mercedes, Óscar Omar Troya Soma, formó parte de los aparatos represivos del Estado durante la dictadura militar y está denunciado por torturas a civiles.

–¿Con esas amenazas se quiere golpear sólo a las personas involucradas, o es un intento extremo de detener un proceso hacia la verdad y justicia?

–A finales de 2016 tuve una discusión con los compañeros del Observatorio Luz Ibarburu. En ese momento ellos eran bastante optimistas porque algunos juicios en curso estaban muy cerca de la fase final. En particular, me hablaban de siete juicios que tenían que empezar en 2017. De esos siete, sólo uno empezó. Yo creo que las amenazas vinieron para generar un clima más amplio de miedo hacia todos los que están involucrados en el tema de los derechos humanos; no es casualidad, si el texto de la amenaza que recibimos concluye diciendo: “Y tenemos varios más, cuyos domicilios y hábitos ya tenemos relevados”. Esto podría inducir a la Justicia a dedicarse a otras causas. Yo creo que el verdadero objetivo puede ser que se interrumpa el trabajo de los abogados y los jueces y frenar la acción de los grupos, asociaciones, ONG y militantes de derechos humanos.