El profuso intercambio por WhatsApp del grupo “Por el campo y la patria” estimula la inventiva y capacidad de propuesta de los productores rurales, que discuten movilizaciones contra el gobierno por la situación complicada que atraviesa el sector agropecuario. Hay un grupo de WhatsApp central de la movilización y luego cuatro grupos departamentales en Salto, Paysandú, Río Negro y la zona este del país. El tradicional reclamo “Bajen el costo del Estado, por favor”, estampado en algún autoadhesivo para termos y autos, pasó de una solicitud amable a una exigencia que algunos productores pretenden hacer cumplir con medidas de fuerza.

El 23 de enero habrá una reunión en Durazno en la que se definirán las características y fecha de la movilización. Hasta el momento, se manejó la realización de cortes de ruta con personas o con maquinaria, paralización del transporte y paralización de la producción, pero también medidas menos extremas como la realización de marchas y manifestaciones pacíficas. En la noche del miércoles, grupos de productores de Salto y Paysandú se manifestaron al costado de la ruta. En una línea de acción distinta, en los grupos de WhatsApp circula una plataforma, a la que accedió la diaria, que propone “paralizar el país con una medida general de ‘porteras cerradas’ [salvo tambos] y paralización del transporte de carga” si el gobierno no cumple con una serie de medidas antes del 30 de enero.

En la plataforma de exigencias se incluye, por ejemplo, bajar el precio de los combustibles, en particular el gasoil, a 20 pesos o “a valores competitivos para la región, así como permitir la importación de todo tipo de combustibles desde otros países de la región como forma de abaratar”. Esta última medida fue una de las propuestas del ex candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou. Se exige también reducir 50% el costo de la energía eléctrica, “sobre todo para aquellos sectores productivos donde la misma representa un alto insumo en su estructura de costos, como la lechería, el sector arrocero, el hortifrutícola y el comercio”, así como “rever las políticas cambiarias”.

Los reclamos de los productores trascienden su sector y exigen directamente una reducción de 20% del presupuesto del Estado, “mediante una ley de urgencia que modifique la última ley presupuestal”. En materia de seguridad, al igual que Lacalle Pou en su audición de esta semana, reclaman un “combate frontal a la delincuencia con leyes más severas, mayor libertad y respaldo al accionar policial”. También piden “una ley de defensa personal que permita la autodefensa, sobre todo al comerciante y al taxista”.

Las políticas sociales son asimismo objeto de preocupación de los productores agropecuarios. La propuesta en este caso es “pagar planes sociales del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] contra prestación de tareas al servicio de la sociedad, bajo responsabilidad y control de los municipios [alcaldías]”.

Ganancias mal distribuidas

El principal reclamo de los productores rurales apunta a la pérdida de rentabilidad del sector. Un estudio académico sobre la renta, los ingresos y las ganancias del agro en Uruguay, realizado por Gabriel Oyhantçabal y Martín Sanguinetti y publicado en el número de abril-junio de 2017 de la revista Problemas del Desarrollo, muestra cómo entre el año 2000 y 2015 se duplicó en términos absolutos el plusvalor del agro (renta más ganancias).

Entre 2002 y 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario creció 42,5% en términos constantes, aunque en 2014 y 2015 (el último año analizado en el informe), el PIB es descendente, siguiendo la baja de los precios internacionales de los commodities. En ese proceso de crecimiento, actividades como la forestación y la soja desplazaron a otras tradicionales, como la ganadería y la lechería.

La investigación analiza también la distribución de valor entre las clases sociales que participan en el proceso económico en el sector agropecuario: los capitalistas se apropian de ganancias pero también de renta cuando son dueños de la tierra, así como del salario cuando trabajan (ingreso laboral patronal); los terratenientes sólo apropian renta del suelo; los productores mercantiles directos se apropian salario como trabajadores, renta cuando son dueños de la tierra y eventualmente ganancia si ingresan en un proceso de acumulación ampliada; y los asalariados sólo perciben salario por la venta de su fuerza de trabajo. En tanto, el Estado se apropia de una parte del plusvalor vía tributos que afectan tanto a las ganancias como a la renta, y vía renta del suelo directamente como terrateniente a través del Instituto Nacional de Colonización (INC). Entre 2004 y 2013, los principales beneficiarios del incremento del valor agropecuario fueron los terratenientes, que pasaron de apropiar 8% del valor a apropiar 16%, mientras que los capitalistas redujeron de 61% a 50% su participación. En tanto, la participación del Estado se mantuvo estable en 7%.

Los años 2014 y 2015, indica el informe, muestran el agotamiento del ciclo expansivo de los commodities, “afectando la participación en el producto de los capitalistas a costa del crecimiento de la participación de los asalariados, que llegan a 24% del valor agropecuario en 2015”, cuando en los años previos su participación fluctuaba entre 15% y 18%.

En síntesis, los autores concluyen que en 2014 y 2015 comienza un “periodo de estancamiento/ recesión que afecta significativamente los ingresos de los capitalistas, empieza a afectar los ingresos de los terratenientes que reducen su participación absoluta, pero no relativa en el producto y permite una expansión relativa de los ingresos de los asalariados en el producto”. Al mismo tiempo, medidas tomadas por el gobierno entre 2013 y 2016, como la eliminación de la exoneración del Impuesto a la Enseñanza Primaria y del descuento de 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural, elevaron en 2015 tres puntos porcentuales la presión sobre la renta y casi dos puntos la presión fiscal. De todos modos, “no se está ante un incremento relativo significativo de la participación del Estado y del ingreso laboral en el producto agropecuario”, indican los autores.

Los investigadores concluyen que los cambios registrados en el sector agropecuario en los últimos 15 años “provocaron el incremento absoluto y relativo de los ingresos de capitalistas y terratenientes” y que las iniciativas estatales orientadas a mejorar la distribución del valor “lograron mantener la participación de los salarios y del Estado en el PIB, pero resultaron ineficaces a la hora de modificar el patrón de distribución”.

“Nunca lo quisieron”

Los principales dirigentes de los partidos mayoritarios de la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry y el nacionalista Luis Alberto Lacalle, cuestionaron al gobierno por su actitud ante los reclamos del sector agropecuario. “Nunca entendieron al Agro; nunca lo quisieron; hoy siguen sin comprenderlo”, escribió Bordaberry. “Agro: costos de producción, impuestos, seca, problemas en la agroindustria, infraestructura vial desecha, competitividad. Hay motivos de preocupación y molestia. ¿No opinan así el Presidente y el gobierno?”, inquirió por su parte Lacalle Pou. Ayer por la tarde, el Directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que sostuvo que es “inadmisible” la “actitud” del Ejecutivo de “dilatar la reunión solicitada por los productores”, y manifestó su compromiso con este “sector productivo”. En tanto, la senadora del Movimiento de Participación Popular, Ivonne Passada, escribió en Twitter que el agro “mejoró la rentabilidad y la ganancia” y ahora “amenaza con cortes de rutas y dejar sin sustento de alimentos”. “¿Qué es esto? Cuidado, son señales peligrosas”, alertó.