Tras casi siete años de conflicto, la situación en el Poder Judicial parece estar volviendo a la normalidad, ya que ayer uno de los sindicatos más grandes del sector dio un paso importante para llegar a un acuerdo con el gobierno. La mayoría de quienes participaron en el “plebiscito” que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) realizó durante diciembre votó a favor de aceptar la última propuesta presentada por el Poder Ejecutivo para dar solución al conflicto.

Según datos del escrutinio primario que se dieron a conocer ayer y fueron confirmados por el secretario general de AFJU, Richard Ascurrein, en total 1.470 funcionarios votaron a favor del “Sí”, mientras que 1.018 lo hicieron por el “No”.

“El sindicato aceptó la propuesta, pero para que esta realmente corra, el convenio debe tener 80% de adhesiones, que no son adhesiones del sindicato sino de todos los trabajadores judiciales e incluso algunos jubilados”, explicó Ascurrein. El sindicalista dijo que se trata del mismo procedimiento que ya se aplicó con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, que ya acordaron el cobro de la deuda que el gobierno mantenía con ellos. De concretarse el convenio, sólo quedará pendiente un acuerdo con los actuarios judiciales, que son alrededor de 400, mientras que los funcionarios judiciales son casi diez veces más: cerca de 4.000, explicó Ascurrein. Su organización, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, se declaró en cuarto intermedio ante la última oferta del Poder Ejecutivo.

Si bien el gobierno actualmente no cuenta con recursos para aprobar los aumentos acordados con los judiciales, desde el sindicato explicaron que lo que se estila es hacer una “ley puente” para habilitar los fondos y luego ratificar el gasto en la Rendición de Cuentas, cuando “simplemente se ratifica lo aprobado el 1º de enero de 2018”, ilustró Ascurrein.

La propuesta del Ejecutivo implica un incremento de 18,8% del salario de los funcionarios judiciales. Al 7,76% de aumento dado por la Ley 19.310 se le agregará 5% adicional retroactivo a partir del 1º de enero de este año, y a ese monto se le agregará un nuevo 5% en enero de 2019. “El aumento de 5% no es sobre el salario original previo al conflicto, sino sobre ese salario y 7,76% del aumento de finales de 2014. Lo mismo ocurrirá con el aumento de 5% de 2019. No es que se suman, sino que se acumulan”, explicó Ascurrein. El reclamo original del gremio era de un aumento de 26%, y luego se bajó a 21,6% tras la victoria judicial que el sindicato consiguió en 2016.

Ahora, lo que resta es saber si al menos 80% de los funcionarios o ex funcionarios judiciales implicados en la deuda acepta el acuerdo. “Yo me voy a atener a lo que decidió mi sindicato. Pero hay un montón de trabajadores que no son afiliados o que ya se han jubilado que también van a tomar la decisión”, dijo Ascurrein. También aclaró que los integrantes del sindicato que votaron en contra del convenio no están mandatados a aceptarlo en esta instancia. “Cada uno es dueño de hacer lo que quiera”, graficó.

El pasado no pisado

El conflicto que enfrentó a varios actores judiciales con el Estado tuvo su origen en un artículo de la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica, de 2010. El artículo buscaba igualar los salarios de los ministros con los de los legisladores, lo que hizo que también se subieran los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pero como todos los salarios del sistema judicial estaban atados a los de los ministros de la SCJ, los diferentes sindicatos comenzaron a reclamar aumentos salariales que no habían sido acordados.

En la Rendición de Cuentas de 2011, aprobada ese año, el gobierno y el Parlamento intentaron minimizar el problema que se había generado, con un artículo que desglosaba los salarios de los ministros de los del resto de los funcionarios judiciales. De hecho, se derogó el artículo de la Rendición de Cuentas que había establecido los aumentos y en su lugar se aprobó otro en el que los aumentos salariales se limitaban expresamente a una lista concreta de jerarcas. “Los cargos taxativamente enumerados precedentemente son los únicos cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes allí referidos al sueldo nominal de Senador de la República. Para el cálculo de toda otra retribución o dotación, cualquiera sea la norma que la establezca –general o especial–, cuyo monto se determine en relación a, o en un porcentaje de las retribuciones de los cargos enumerados taxativamente en el inciso primero del presente artículo, se tomará como base el valor de los sueldos nominales de dichos cargos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualizaron y actualicen en el futuro los sueldos de la Administración Central”, decía un inciso del nuevo artículo.

Pero esta maniobra jurídica también terminaría fracasando. Una SCJ ad hoc (integrada por ministros del Tribunal de Apelaciones para ese fallo concreto) terminó declarando inconstitucional la salida, lo que obligó al gobierno a asumir la deuda o, al menos, parte de ella. Para eso se aprobó a fines del gobierno de Mujica la Ley 19.310, que estableció aumentos de 7,76% para los trabajadores judiciales, aunque este monto fue rechazado por los gremios por considerarse insuficiente.

Además, la AFJU le ganó en 2016 una demanda civil al Estado, que había sido iniciada en 2014, en la que se reconoció que se le adeudaba 21,6%.

A fines de 2016 comenzaron los acuerdos. Hace casi exactamente un año, el Poder Ejecutivo arregló con magistrados, fiscales y defensores de oficio los pagos de la deuda salarial producida durante los años del conflicto que involucró a la casi totalidad de los funcionarios del Poder Judicial, y la readecuación salarial del futuro. Si bien la mayoría de la dirección de AFJU, por aquel entonces, se aprestaba a acordar la propuesta del gobierno, finalmente el sindicato rechazó la oferta y el conflicto se terminó extendiendo por un año más.