El juez especializado en Crimen Organizado Pablo Benítez determinó ayer la prisión preventiva por 120 días del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, mientras el fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, continúa la investigación sobre ellos por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. Ayer, en tanto, estaban previstos y se concretaron allanamientos en las oficinas de Damián Burgueño, abogado y allegado de Balcedo y su testaferro al frente de la 89.5 FM, de Punta del Este.
La detención de la pareja, después de un pedido de Interpol con alerta roja el 24 de diciembre, determinó el inicio de una investigación en Uruguay a raíz de los inmuebles y otros bienes que fueron incautados. Según consta en el petitorio que presentó ayer el fiscal ante el juzgado, Balcedo y Fiege no tienen ingresos declarados, pero se estima que entre 2008 y 2017 tuvieron gastos por 14.813.374 de dólares en Uruguay. La Dirección General Impositiva (DGI) estimó que la pareja podría recibir ingresos lícitos por la radio que poseen y la venta de ganado, aunque tampoco hay información tributaria sobre esas dos actividades.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak investiga a Balcedo y a Mauricio Yabre por maniobras defraudatorias mientras estuvieron al frente del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME). Balcedo fue secretario general del sindicato entre 2011 y 2015, mientras que Yebre fue directivo y apoderado de Balcedo en la organización. En el petitorio, Morosoli cita partes del exhorto de Kreplak en el que se detalla que Balcedo y Yebre habrían extraído 12.250.000 dólares del SOEME entre 2012 y 2013. Señala que Balcedo tiene varias causas penales abiertas en Argentina por prácticas extorsivas, que al menos desde 2012 la pareja puso en circulación “en el mercado formal fondos provenientes de diversos ilícitos penales [...] con la intención de que esos fondos adquieran apariencia de licitud en cuanto a su origen” y que, según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (equivalente a la DGI en Uruguay), la compra de bienes adquiridos por la pareja “resulta claramente inconsistente con los ingresos lícitos declarados” por ellos.
El exhorto presentado por la Justicia argentina da cuenta de los indicios que vincularían a la pareja y a Yebre “con el cartel rosarino de Los Monos, organización delictiva que estuvo vinculada al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Fe”, y detalla que tanto Balcedo como Fiege tienen imputaciones por delitos de apropiación indebida, extorsión y lavado de activos. En una rueda de prensa, Morosoli explicó que si la Justicia argentina “libró una alerta roja primero y después una solicitud formal de extradición es porque pretende someterlos a proceso penal allá”, por delitos como la apropiación indebida y la extorsión, que, explicó, son “precedentes al delito de lavado de activos que se cometió en Uruguay”.
Morosoli considera que existe claro riesgo de fuga de los imputados, ya que la pareja posee dos aeronaves, recursos económicos y contactos en Argentina y Uruguay, por lo que solicitó que se determinaran 150 días de prisión preventiva para ambos. Incluso, en su escrito recuerda que una de las aeronaves de Balcedo “se encontraba presta a abandonar el país con rumbo a los Estados Unidos (ciudad de Miami)”. En la audiencia de ayer, la defensa de Balcedo y Fiege, Alejandro Balbi, argumentó que no existía riesgo de fuga, ya que la pareja tiene tres hijos en el país, y reclamó que se les aplicara prisión domiciliaria o tobillera, ya que precisaban cuidar de sus hijos, los tres menores de edad; además, dijo que Fiege recibió amenazas en la prisión. El fiscal opinó que los niños están bajo el cuidado de familiares directos (la hermana de Fiege) y niñeras, mientras que el juez Benítez determinó 120 días de prisión preventiva.
Delitos
El documento presentado por Morosoli detalla los inmuebles de Balcedo y su mujer en Uruguay, los 11 vehículos incautados, la maquinaria, las dos aeronaves, las cuatro motos de agua, el dinero, las armas, las joyas, los relojes Rolex y las carteras Louis Vuitton encontradas en los allanamientos (ver tabla). La incautación del dinero encontrado en los cofres fort de Montevideo y Punta del Este fue la mayor hecha por la Justicia uruguaya de “dinero vivo”, es decir, efectivo contante y sonante: 6.219.700 dólares. Según los datos registrales recabados, la pareja posee en Uruguay (directamente o por medio de personas jurídicas o físicas que ofician de testaferros) bienes inmuebles por hasta 5.526.200 dólares, entre otros, la chacra El Gran Chaparral, en el Cerro del Burro, y el chalet Sounión, en Playa Verde, ambos en Maldonado.
Sobre los delitos por los cuales pide el inicio del proceso penal, el pedido fiscal señala lo siguiente.
Lavado de activos: “Tan importante cúmulo de bienes muebles e inmuebles y transacciones financieras y comerciales relevados e incautados en apenas tres semanas de investigación, sumado a la indagatoria argentina que culminó con una solicitud de extradición, permiten concluir sin esfuerzo que el origen de los fondos con que fueron adquiridos es de inequívoca naturaleza ilícita”, señala el fiscal. Recuerda las “magras rentas que tendría Balcedo (las que por añadidura no estarían declaradas) y la carencia de actividad laboral conocida respecto a Fiege”. Agrega que, según los testimonios de varios de los 22 empleados de El Gran Chaparral (chef, ama de llaves, personal trainer, tres niñeras y personal de mantenimiento de la casa, los animales y las áreas verdes), quien les pagaba el sueldo era Fiege, lo hacía en efectivo, con montos mensuales de entre 500 y 5.800 dólares, y lo declaraba parcialmente al Banco de Previsión Social.
Contrabando: de la larga lista de vehículos incautados, Morosoli se detiene en el Porsche Boxter S, el Porsche Panamera Turbo, el Chevrolet Camaro y la camioneta Range Rover, que tienen matrícula argentina y no registran ningún movimiento migratorio de entrada o salida del país. “Resulta claro entonces, que los referidos automóviles de alta gama ingresaron al territorio nacional aduanero en forma clandestina”, señala, y añade que por el monto de los bienes (más de 660.000 dólares) este delito de contrabando también es precedente del de lavado de activos.
Tráfico interno de armas de fuego: Morosoli pide la imputación de Balcedo por este delito, no de Fiege. En los allanamientos se incautaron dos pistolas Glock, una carabina Colt, un revolver Ruger, cientos de cartuchos distintos, dos cargadores para la pistola Glock y tres para la carabina Colt. El fiscal indica en su petitorio que ninguna de las armas estaba registrada en Uruguay y que tampoco cuentan con denuncia de hurto o extravío: “Es decir, el imputado Balcedo tenía depositadas en su domicilio armas de fuego y municiones que ingresaron a nuestro país provenientes de la República Argentina, sin autorización administrativa y contraviniendo normas legales”. Morosoli también detalla que ni las municiones ni los carga- dores incautados pueden estar en manos de civiles, ya que son de uso exclusivo de la Policía.
La primera en casa
El inicio del proceso penal en Uruguay determina que si se concede la extradición de la pareja a Argentina, tal como solicitó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y como comenzará a analizarse hoy en la audiencia de extradición en el Juzgado de Crimen Organizado, el traslado de Balcedo y Fiege “queda diferido a que se cumpla con el proceso en Uruguay; sin que se termine el proceso en Uruguay no se pueden ir”, aclaró Morosoli ayer. Los bienes incautados están a disposición de la fiscalía y se resolverá qué pasará con ellos cuando se llegue a una sentencia.
Sigue
El petitorio del fiscal menciona siete sociedades anónimas cuyos accionistas son Fiege y/o Damián Burgueño; una sociedad panañema de la que se encontraron documentos en uno de los cofres fort de la pareja y cuyo apoderado es Burgueño; y la sociedad anónima Minblon, que está a cargo de la FM 89.5 y retransmite a la radio argentina Red92, radio de La Plata que dirige Balcedo. Fiege conducía un auto ploteado con publicidad de Red92, cuyo director es Burgueño, quien compró las acciones de la SA y la emisora a Francisco Sanabria, informó Brecha en marzo.
Ayer Morosoli no quiso opinar sobre la cantidad de empresas vinculadas a Balcedo y Fiege para “no perjudicar la investigación”, que continúa y buscará profundizar en los entramados societarios y en algunas de las personas allegadas a la pareja. Estaba previsto para la jornada de ayer, y así se hizo, el allanamiento de las oficinas de Burgueño y del domicilio de algunas de las personas vinculadas con la pareja, en Maldonado.
