El descubrimiento de la mansión del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, con sus piscinas, cancha de tenis, autos de lujo y loros habladores, sorprendió a Uruguay en plena feria judicial. El 4 de enero, Balcedo, acusado de lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, fue derivado a Cárcel Central. Su esposa también está presa, en la cárcel de Campanero, en Lavalleja. La Justicia argentina tiene plazo hasta el 13 de febrero para enviar el pedido de extradición a su par uruguaya, porque el Acuerdo de Extradición entre Estados Partes del Mercosur establece 40 días corridos a partir del arresto para formalizar la solicitud.

Según una nota publicada este fin de semana en el periódico Perfil de Argentina, basándose en fuentes judiciales, el juez Ernesto Kreplak de La Plata redactará con mucho cuidado el pedido de extradición porque teme que este sea “rechazado” por Uruguay y que se pongan “excusas” para acceder a la solicitud. El caso de Balcedo está a cargo de la jueza penal de Maldonado Adriana Morosini y de la fiscal Sabrina Flores El pedido de extradición llegará a cancillería y luego a ese juzgado; para ese entonces ya habrá terminado la feria judicial y se iniciará un juicio de extradición. “La idea es extremar recaudos para forjar el mejor pedido de extradición para que no se valgan de excusas formales para negarla”, detallaron las fuentes a Perfil, que incluso sugirieron que hay vínculos entre el sindicalista argentino y “dirigentes locales” en Uruguay que pueden dificultar la causa, aunque no dieron nombres.

La última extradición que Uruguay concedió en una causa por lavado de activos fue el 28 de diciembre de 2017, cuando los brasileños Vinicius Claret y Fernando Barbosa fueron extraditados a Brasil a pedido de la 7ª Corte Federal de Río de Janeiro por una causa de lavado de activos en Uruguay de dinero procedente de coimas cobradas por el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Los dos brasileños, que lavaron tres millones de dólares en Uruguay y sacaron más de 100 millones de dólares de su país, fueron detenidos en Maldonado y Montevideo, respectivamente, el 3 de marzo de 2017.

El 4 de marzo, la jueza Beatriz Larrieu, del Juzgado de Crimen Organizado de 1º Turno, resolvió el arresto preventivo a la espera de la extradición. 12 días después, el 16 de marzo de 2017, la defensa de los brasileños solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declarara la inconstitucionalidad del Acuerdo de Extradición entre Estados Partes del Mercosur. Según consta en la sentencia de la SCJ, la defensa alegó que el tratado vulneraba las disposiciones constitucionales que establecen que nadie puede ser penado o confinado sin proceso y sentencia legal, salvo en flagrante delito o semiplena prueba y por orden escrita del juez competente; así como las disposiciones que señalan que el juez debe tomar declaraciones al arrestado y disponer el inicio del sumario en 48 horas.

El 23 de mayo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se expidió desestimando los argumentos del recurso de inconstitucionalidad. La SCJ hizo lo propio seis meses después, el 4 de diciembre. Para rechazar el pedido, al igual que la Fiscalía de Corte, la SCJ argumentó que los brasileños pidieron la declaración de inconstitucionalidad cuando el pedido de extradición ya se había consumado, y advirtieron que el tratado de extradición no regula la situación jurídica de los acusados.

En otros casos, la Justicia uruguaya demoró bastante más en conceder la extradición. Por ejemplo, según un informe sobre extradiciones realizado por el periódico brasileño O Estado de São Paulo publicado el 29 de diciembre de 2017, Uruguay demoró más de cuatro años en extraditar a Brasil a un uruguayo acusado de abuso sexual de menores. El uruguayo fue detenido en setiembre de 2012 en Uruguay, por una alerta roja de Interpol, y en octubre de 2012 el Estado brasileño formalizó el pedido de extradición. Recién en febrero de 2017 la Justicia uruguaya accedió a extraditarlo.

En otro caso reseñado por O Estado de São Paulo, un brasileño acusado de extorsión y secuestro fue extraditado a Brasil en marzo de 2017 cuando había sido detenido en octubre de 2013, pero en ese caso la demora se debió a que cumplía pena en Uruguay por homicidio.