“Acá hubo discriminación, eso ya es indiscutible. Lo que se busca es conocer más en profundidad los hechos, porque la comisión tiene el deber de tratar de generar acciones que sean reparatorias o para que esto no continúe ocurriendo”, señaló a la diaria Edith Moraes, ministra interina de Educación y Cultura, sobre el renombrado caso de los dos jóvenes israelíes que no fueron admitidos en el hostal Buena Vista, de Barra de Valizas (Rocha), por su nacionalidad, ya que en la página web de Booking el dueño alegó ser “pro liberación de Palestina”. El caso está a estudio de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Otra Forma de Discriminación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, a raíz de la denuncia que el Comité Central Israelita de Uruguay hizo ante el Ministerio de Turismo, presentando el testimonio de los dos jóvenes.

Moraes dijo que el informe preliminar de la comisión (que tiene una integración interinstitucional, con representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Relaciones Exteriores, etcétera) planteó la “necesidad” de escuchar “también al denunciado”, porque así lo establecen las normas de procedimiento. El empresario comparecería hoy ante la comisión. “Para este caso le pedí [a la comisión] la mayor celeridad posible, entonces quiero que mañana ya esté todo resuelto. No es bueno seguir dilatando. Además, si el muchacho denunciado manifestó estar dispuesto a brindar información, esto no tiene por qué demorar”, señaló la jerarca, y agregó que la comisión nunca había tratado un caso similar.

La comisión cuenta con la asesoría legal de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Su secretario, Nelson Villarreal, dijo a la diaria que el hecho puntual de no dejar ingresar a una persona, en virtud de su nacionalidad, a un espacio “que debe garantizar el acceso libre” es un acto de discriminación. No obstante, señaló que se debe hacer un proceso de análisis de los descargos del denunciado, “más allá de que no es justificable”: en qué contexto se produjo el rechazo, por qué, y si “está dispuesto a entender las objeciones que se le ponen desde el Estado”. “Se propuso escucharlo, porque hay que cuidar que no haya discriminación de ningún tipo, ni de la forma en que se produjo en el hecho, ni tampoco que se persiga a esta persona”, indicó Villarreal, y subrayó la importancia de que el empresario entienda que no puede llevar adelante un emprendimiento que excluya a personas por su nacionalidad, sexo, religión, etcétera, ya que el derecho de admisión no contempla esas características, sino, por ejemplo, que una persona tenga una actitud violenta.Además, el jerarca sostuvo que se trata de un caso puntual, que no se suele dar en el turismo ni en la sociedad uruguaya, pero, a su vez, es una oportunidad “para reflexionar”.

Villarreal dijo que si se presentara la situación de que el empresario mantuviera ante la comisión la posición de “seguir llevando adelante un emprendimiento que excluya a personas de equis nacionalidad”, esa actitud está en contra de los convenios y tratados internacionales que Uruguay ha firmado y, por lo tanto, “estaría asumiendo una confrontación con la norma”, por lo que la comisión podría derivar el caso a la Justicia. Además, el jerarca recordó que en paralelo se supo que el hostal está en una situación de irregularidad (porque no está registrado en el Ministerio de Turismo y además está construido en la faja de protección costera), por lo que puede suceder que el emprendimiento del empresario se vea “desmontado” por las irregularidades, de tal manera que “se generaría una situación que caería por su propio peso”, porque ya no estaría administrando un servicio de acceso libre.

Por último, el secretario de Derechos Humanos subrayó la importancia de que quede claro que el empresario puede sostener una posición ideológica, ya que con eso no infringe las normas, “pero no puede imponerla en un servicio de hostal”. Agregó que hace la aclaración porque lo han “interpelado” grupos de apoyo a Palestina, y remarcó que “es legítimo opinar sobre la legalidad de un Estado que ocupa otro”, pero que eso “no puede confundirse con el hecho de excluir a alguien” porque tiene determinada nacionalidad. “No es estar a favor de la acción del gobierno de Israel respecto a Palestina; nada que ver. Eso tiene que quedar claro”, remató Villarreal.