En un contexto de movilizaciones y reclamos de sectores rurales por la pérdida de rentabilidad de los últimos años, algunos actores políticos plantearon discutir la cuestión de la renta de la tierra. El 13 de enero, en una columna publicada en la diaria, el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y senador suplente del Movimiento de Participación Popular Andrés Berterreche dijo que le llamaba la atención que en el debate público no hubiera referencias al costo de la renta de la tierra, “el mayor costo unitario de todos, que además de tener sus rigideces se comporta como un desmesurado impuesto ciego y privado”.

El 22 de enero, en una entrevista con el diario La República, el ex presidente José Mujica comentó que nadie habla del valor de la renta de la tierra, que en 2016 llegó a 640 millones de dólares, mientras que el monto total de impuestos que pagó el agro fue de 250 millones de dólares.

El martes, durante la reunión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores, Mujica reiteró esta cifra y remarcó que “hay mucha más gente de lo que parece que trabaja tierra arrendada”. La comisión recibió ese día al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, para tratar el proyecto de ley que crea un fondo de garantía para el sector lechero. Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, Benech coincidió con Mujica en que el valor de la renta es un problema para algunos sectores productivos, entre ellos, el lechero.

“Debido especialmente al auge agrícola y forestal, el precio de la renta subió como loco, entonces, a los productores chicos –principalmente a los lecheros– les quedó poca cancha para jugar y terminaron pagando la renta de soja, en dólares, con la producción de leche”, sostuvo el ministro. Agregó que personalmente considera que “hay que revisar cómo cobraban las rentas nuestros viejos”. “La cobraban en kilo, en fanega o en porcentaje, en producto. Me parece que hay que volver a eso, y creo que es algo que ya está sucediendo, pero si un lechero quiere seguir el precio de la renta en la soja, va mal, y si un ganadero quiere seguir el precio de la renta en los forestales, va mal. Creo que, de alguna manera, hay que pasar el mensaje de que hay que asociar el sistema productivo, y no es sencillo”, consideró Benech.

En algunos sectores productivos, como el arrocero, se paga en algunos casos la renta de la tierra o el uso del agua con bolsas de arroz. Pero en la lechería ese mecanismo no se utiliza. Para cobrar por el uso de la tierra, el Instituto Nacional de Colonización (INC) emplea una fórmula que tiene en cuenta tanto los costos de producción como los precios del producto. En los últimos días, Berterreche planteó la posibilidad de utilizar esta fórmula del INC para el cobro de la renta de los sectores productivos, en “casos de emergencia” como el actual.

Benech afirmó que “hay dueños de tierras” que “están dispuestos a escuchar, y algunos ya están cambiando” la forma en que cobran la renta. “En realidad, esto se cambia por las buenas o a prepo. Cuando el negocio no cierra y el lechero se funde, no paga la renta; conozco varios casos. Entonces, hay que buscar mecanismos que articulen esto. Creo que esa es una dificultad que tenemos, y parte del endeudamiento tiene que ver con eso”, dijo el ministro. Señaló que con la herramienta del fondo de garantía se empiezan a solucionar “algunos de los problemas de los lecheros chicos”. “Aunque el tema de la renta es genérico, y creo que está muy bien ponerlo arriba de la mesa”, añadió.

El martes, el Poder Ejecutivo presentó la nueva redacción del artículo 1º del proyecto, que extiende la posibilidad de acogerse al fondo para aquellos productores que tienen deudas con proveedores y servicios agropecuarios, además de contemplar a quienes tienen deudas con el sistema financiero y con la industria. La nueva redacción explica que el fondo podrá “otorgar garantías que permitan la reestructuración a largo plazo del endeudamiento, total o parcial, de los productores lecheros con las industrias lácteas, o proveedores de insumos y servicios agropecuarios”. “Originalmente estaba previsto el endeudamiento financiero y quedaba por fuera el endeudamiento que muchos tienen –especialmente los chicos– con sus proveedores de insumos y de servicios, como son los que les hacen los fardos, los silos, etcétera. Nos parece importante atender ese aspecto”, fundamentó Benech en comisión.

El nuevo articulado también contempla que, además de destinar el dinero del fondo al endeudamiento, se podrá utilizar para “garantizar proyectos que mejoren la eficiencia y competitividad del sector lácteo”. El nuevo texto del artículo 1º surgió de conversaciones entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores del Frente Amplio.

Según informó en comisión el director de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria, Adrián Tambler, desde que se aumentó el precio de la leche, a fines de octubre, se recaudaron aproximadamente 17 millones de dólares para el fondo, que será de 36 millones, según lo que estableció el Poder Ejecutivo. Tambler explicó que, según un acuerdo que se estableció con el Instituto Nacional de la Leche (Inale), este dinero lo están “guardando” las empresas que venden leche pasteurizada hasta que esté aprobado el proyecto de ley y se habilite formalmente la constitución del fondo.

Ferreri informó en comisión que el endeudamiento del sector lechero creció casi 100 millones de dólares en los últimos años debido a la baja de los precios internacionales del producto, y señaló que entre 75% y 80% de los productores tienen deuda con la industria. Además, entre 80% y 85% de la leche producida en Uruguay proviene de productores que tienen una deuda bancaria con un plazo de pago promedio de tres años y medio. “Este es un período corto de repago, pero, si bien el precio internacional de la leche hoy se recuperó y llegó a 34 centavos [de dólar], no es posible generar un repago que permita a los productores trabajar con comodidad”, indicó Ferreri. Destacó que el fondo de garantía no tiene fecha de vencimiento para habilitar su uso para otros fines que no sean exclusivamente el endeudamiento.

Ayer la comisión recibió a una delegación del Inale y de las gremiales de productores lecheros para intercambiar visiones sobre el proyecto. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Rubén Rava, dijo a la diaria que, a pesar de las modificaciones, la recaudación que obtendría el fondo es “muy poco dinero”, aunque tampoco “se precisa tanto para el fondo de garantías”. La propuesta de los productores lácteos es que el fondo se financie con una suba de dos pesos de todas las leches –y no sólo la tarifada, como se propone–, lo que permitiría obtener un fondo de 60 millones, de los cuales se podría usar aproximadamente la mitad para “una inyección rápida de capital a los productores que más lo precisan, que se pagaría con la misma leche”. Rava dijo que en las próximas horas mantendrán reuniones con senadores “referentes” de la comisión y con representantes del Ejecutivo para mejorar el proyecto. “Así [el proyecto] no sirve porque no está para nada, y no solucionamos el problema de fondo de la lechería”, remató.