El año 2018 llega con promesas para los cerca de 23.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Se trata de personas que han pagado las cuotas de sus casas durante largos años y siguen sin llegar a cubrir la deuda, abultada por diferentes reajustes. A fines de diciembre, el nacionalista Luis Alberto Heber presentó un proyecto de ley y el independiente Pablo Mieres recuperó otro que él había presentado en 2013. Los legisladores oficialistas también están preocupados por el tema, así como el Ejecutivo, que lo retomará en febrero.
El grupo Deudores del BHU se conformó en 2012, pero en estos seis años, más allá de la comprensión de los actores con los que dialogan, no han tenido mayor suerte. El problema se arrastra de hace mucho: en 1968, la cuota hipotecaria se fijó en Unidades Reajustables (UR), que se ajustan con el índice medio de salarios. El crecimiento salarial que hubo al término de la dictadura provocó un aumento de las cuotas y, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el BHU resolvió diferir para el final el gran aumento de la cuota; ahí se originó el volumen más grueso de colgamentos, explicó a la diaria Gustavo Firpo, vocero del grupo Deudores del BHU. Los aumentos salariales conseguidos desde que gobierna el Frente Amplio (FA) también provocaron un gran incremento en las cuotas. Por eso, uno de los pedidos de los deudores es que las cuotas se pasen a Unidades Indexadas (UI), que no se ajustan por el índice medio de salarios, como la UR, sino por la inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumo. En 2007, cuando se creó la ANV, algunos deudores pasaron del BHU a ese organismo, y sus cuotas se convirtieron a UI.
En 2013 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le recomendó al Poder Ejecutivo “que el BHU, en el rol social que regía al aprobarse el régimen de contratación en la moneda de UR, propicie mecanismos que permitan la revisión de los contratos objeto del reclamo, de manera de restablecer la ecuación económica de los mismos. Evitando así enriquecimiento injusto del acreedor y una pérdida en la equidad de la prestación para obtención de vivienda casa-habitación”. Pero hasta el momento esta situación no se ha corregido.
Mal endémico
El proyecto de ley que presentó Heber propone que los deudores del BHU y de la ANV que estén al día puedan convertir sus deudas y los colgamentos –en caso de tenerlos– a UI. Para los buenos pagadores propone crear un régimen especial de descuentos; prevé, además, que los buenos pagadores puedan solicitarle al BHU o a la ANV “una tasación del inmueble hipotecado a los efectos de determinar el valor venal del mismo y cancelar sus créditos para el caso que lo que haya pagado sea igual o superior a la tasación efectuada”. A quienes estén al día y no hayan tenido reestructuraciones, el proyecto propone darles una bonificación de 10%. Por otra parte, se considerará la diferencia entre lo que han pagado quienes tienen la deuda original en UR con respecto a los que pagan en UI desde 2007. El cuarto y último artículo del proyecto establece que si el BHU y la ANV “no pudieran cumplir con las exigencias banco centralistas que los regulan”, Rentas Generales se hará cargo de destinar los montos necesarios para cumplir con lo propuesto.
En la exposición de motivos, Heber calificó la problemática de los deudores del BHU y de la ANV como “un mal endémico” y expresó que el propósito del proyecto es generar un debate, porque es consciente de que desconoce la “dimensión del costo” de lo propuesto. Para explicar el tema, el senador incluyó en la exposición de motivos una tabla en la que compara el valor de una cuota en UI y en UR. La comparación es a partir de 2004 (año en que se creó la UI): la cuota en UI, que valía 5.000 pesos en 2004, con los ajustes de IPC valía en setiembre de 2017 12.874 pesos. La cuota en UR, que valía 5.000 en 2004, costaba en setiembre de 2017 20.318 pesos. “En tan sólo un poco más de diez años, la cuota en UR es casi el doble que la fijada en UI”, expuso Heber, que agregó que “quien tomara una deuda en UR al año 2007 en el BHU, hoy paga más de 75% de lo que pagaría si hubiese tomado la misma deuda en UI”. Lo traduce en un ejemplo: “Alguien contrae una deuda en UR para comprar un apartamento en un momento determinado, que a la cotización de ese día significa, a modo de ejemplo, unos 50.000 dólares; paga puntualmente la cuota mes a mes, durante 20, 25 años y, al final de este período, debe todavía los 50.000 que pidió originalmente”. Heber recordó, además, las recomendaciones de la INDDHH. El 29 de diciembre, el proyecto ingresó a la Comisión de Hacienda del Senado.
Intenciones
Durante 2017 los legisladores Gerardo Núñez (FA) y Pablo Mieres (PI) también habían presentado minutas para que el Ejecutivo instrumentara las recomendaciones de la INDDHH. Según Firpo, 2017 fue un año muy movido y positivo. Saludó la iniciativa de Heber y mencionó, también, que en octubre el PI volvió a presentar un proyecto de ley que prevé crear un fideicomiso por el cual el BHU le transfiere al Poder Ejecutivo su cartera de deudores (al día) en UR, y convierte, además, esas deudas a UI.
Firpo calificó de positivos ambos proyectos. Mencionó, además, una propuesta de la Lista 711, que va en el mismo sentido, y “un borrador de proyecto de ley” que está elaborando el diputado socialista Enzo Malán, que recoge los planteos del grupo de deudores. “Necesitamos que tanto en el oficialismo como en la oposición se tome este tema; es una cuestión de Uruguay y no del oficialismo ni de la oposición”, consideró, resaltando que los deudores están abiertos a las diferentes vías propuestas. No obstante, transmitió inquietud: “Estamos muy disgustados y preocupados porque cada vez que un partido político es oposición recoge la necesidad de encontrarle una solución a esto que es injusto, y cuando llega al gobierno, aun reconociendo que es una situación injusta y que hay que buscar soluciones –como nos dice el oficialismo en forma permanente–, estas soluciones no vienen. Nosotros estamos trabajando desde hace seis años para encontrar alguna suerte de alivio y no hemos conseguido absolutamente nada”. Además, sostuvo que no se ha hecho nada con las recomendaciones de la INDDHH.
En octubre, la bancada del FA invitó a autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del BHU y del Ministerio de Economía y Finanzas a tener una reunión sobre el tema, confirmó en diálogo con la diaria el diputado Felipe Carballo (Lista 711, FA). El coordinador de la bancada oficialista, Carlos Varela, aclaró a este medio que se trató de una “reunión informativa” y que desde entonces no se avanzo más. “Fue un insumo para la bancada para seguir trabajando el tema. No se llegó a elaborar ningún proyecto ni a definir una plan de acción. Seguramente va a ser parte de la agenda que tengamos a principios de este año”, comentó. Dijo que además de haber “un tema económico”, hay que evaluar una serie de elementos legales, y que todo eso hace que la solución no sea sencilla. “Estamos dispuestos a buscarle la vuelta”, aseguró.
A fines de diciembre, el grupo Deudores del BHU fue recibido por el secretario de Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. Según Firpo, se mostró “muy sensible y cordial en buscar una solución” y quedaron en volver a reunirse en febrero. El ministro de Economía, Danilo Astori, había expresado a fines de octubre en el Consejo de Ministros que se hizo en Flores que el gobierno estudiaría una fórmula para atender la situación de los deudores hipotecarios en UR.