Hoy a las 10.00, en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez recibirá a representantes de la Federación Rural, la Asociación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Asociación Nacional de Productores de Leche. Vázquez ya anunció que en ese encuentro les comunicará a las gremiales las medidas que adoptará el gobierno para contemplar algunos de los reclamos de los productores.

El viernes hubo una reunión de coordinación de las gremiales con los productores autoconvocados y hubo coincidencia en reclamar hoy “señales concretas” en beneficio del sector agropecuario, dijo el dirigente de la ACA Alfredo Lago a la diaria del fin de semana.

El presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, dijo a la diaria que las gremiales coinciden “plenamente” con el planteo de los autoconvocados, “porque es nuestra gente”. Agregó que pretenden que una eventual rebaja de las tarifas energéticas sea sustancial y generalizada, no sólo limitada al agro. Pero por sí sola esta medida no será suficiente, afirmó. Las gremiales exigen que se “bajen los costos” del Estado, y así se lo plantearán nuevamente a Vázquez hoy.

En medio de los reclamos, ex jerarcas de gobiernos blancos y colorados y economistas cercanos a esos partidos se sumaron a las propuestas de recorte de gastos estatales. En una columna publicada en El País, Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Luis Alberto Lacalle, reclamó a los productores rurales que “hagan una revolución”.

De Posadas consideró que el reclamo “de fondo” de los productores “tiene fundamentos sólidos” y “va al carozo de nuestro problema: el Uruguay, como país, vive más allá de sus posibilidades económicas”. Lamentó que la izquierda haya “persuadido a muchos” de que “la igualdad material es el súmmum de toda sociedad y que a ella se llega con el tridente de: imponer + planificar + distribuir”. “Además, esa izquierda cree (o dice que cree) que el Uruguay es un país de ricos, que esconden la guita y no pagan al Estado lo que pueden y deben. El aldabonazo del agro les está demostrando que todo eso es una fábula, que la cosa no da para más, que el Estado no es la herramienta virtuosa del progreso y la distribución, sino un bicho con vida propia que, en manos de ignorantes ideologizados y voluntaristas, puede hacer enorme daño, como lo probó estruendosamente el pufo épico de Ancap”, se explayó.

Luego, De Posadas opinó que los reclamos por bajar las tarifas, los viáticos y los gastos de publicidad “son temas ciertos, pero menores” y que la fijación de un dólar alto “no es viable”. Propuso, en cambio, concentrar las baterías en reclamar un ajuste estatal con reducción de gastos en el próximo presupuesto, enviar rendiciones de cuenta con gasto cero y habilitar negociaciones salariales a nivel de empresas, aunque admitió que todo esto es “difícil”. “Entre otras cosas, porque son muchos los que viven prendidos del gasto estatal y muy hábiles los discursos en su defensa (ya se vio: el Frente Amplio rápidamente les tiró con el ‘gasto social’ y consiguió una primera reculada en la proclama)”, lamentó.

Y cerró con una recomendación: “En suma: hagan una revolución. No se queden en otra revuelta. Abrieron una oportunidad, no la dejen perder. Embarquen a la oposición, a las demás gremiales, a la sociedad civil y a los sectores realistas del Frente. Pero, por sobre todo, no suelten el tema de fondo y no se dejen dividir”.

El sábado, el economista Ignacio Munyo, asesor del senador nacionalista Luis Lacalle Pou, advirtió que, para rebajar 30% el costo del gasoil y 15% la tarifa energética sin afectar el déficit fiscal, habrá que reducir 3,5% el gasto estatal. “Y para lograrlo hay que rascar por todos lados. Creo que se puede sin afectar la calidad de los servicios”, consideró en Twitter.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) le respondió a Munyo en la misma red social que el gasto público tiene “inflexibilidades” por el gasto endógeno por salarios y transferencias, como las que se realizan a la seguridad social y a las intendencias, y que hay “poco margen de gasto discrecional”. Dijo a la diaria que el gobierno viene planteando medidas de austeridad. Recordó que desde 2017 rige el criterio de cubrir dos de cada tres vacantes generadas. “A nivel de administración central ha habido un descenso significativo tanto del gasto salarial como de la cantidad de vínculos laborales”, destacó. Recordó que si se aprobara la reforma de la Caja Militar se podrían “liberar partidas para cubrir con otras erogaciones más importantes”.