En la noche del martes, la Junta Departamental de Lavalleja levantó el veto impuesto por la intendenta Adriana Peña al decreto interpretativo que el legislativo departamental aprobó el 3 de enero, que impedía los aumentos de sueldo a los cargos de confianza de la comuna. Lo hizo por dos tercios de los votos del cuerpo y con el apoyo de los ediles frenteamplistas, colorados y algunos nacionalistas. Esa noche, hasta la Junta llegó la intendenta, que quería hacer uso de la palabra antes de que se votara el levantamiento del veto, aunque pudo hablar después de la votación, cuando ya muchos ediles se habían retirado.

La historia comenzó a principios de enero, cuando la Junta Departamental aprobó un decreto interpretativo de la ampliación presupuestal que había enviado el Ejecutivo departamental, para impedir que se aprobaran aumentos de sueldo a los cargos de confianza de la comuna. La norma inicial preveía aumentos para los directores de Vialidad, Cultura, Tránsito, Turismo, Deporte y Juventud, y Familia y Desarrollo; algunos de los aumentos llegaban a 107%, pero uno de los más comentados era el que involucraba a su pareja, Gastón Elola, director de Vialidad, a cargo de la División de Arquitectura de la comuna, a quien se le proponía aumentar 57% el salario.

La intendenta vetó ese decreto; sin embargo, tal como recuerda la resolución de la Junta Departamental del martes, el artículo 281 de la Constitución establece que la intendencia puede observar los decretos de la Junta, pero el legislativo puede “insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia”. Eso fue lo que pasó el martes, cuando con 21 votos de 29 ediles presentes se aprobó una resolución que toma en cuenta los informes del asesor letrado de la Junta Departamental y considera “improcedentes” las consideraciones del Ejecutivo Departamental en el veto.

El edil Mauro Álvarez (Espacio 609, Frente Amplio) explicó a la diaria que en la sesión un edil nacionalista anunció que Peña tenía interés en concurrir a sala, ante lo que se votó un cuarto intermedio, y que la jefa comunal no pudo hablar “porque ya estaba cerrada la lista de oradores, ya estaba propuesto dar por suficientemente discutido y que se pasara a votar; fue una moción de orden. Una vez que se vota, lo que queda es la argumentación, y, como es una sesión extraordinaria, no se permite ingresar en otro tema”.

La intendenta dijo ayer que “la única intención” que tenía el veto interpuesto era dar tiempo “para poder esperar el fallo del Tribunal de Cuentas, que es la autoridad máxima jurídica presupuestal del país. Si la junta y la intendencia teníamos disparidad de criterios, tenía que venir alguien superior para que aclarara los puntos”. A su entender, los ediles “no quisieron escuchar. No sé si el auditor les había dicho que la intendencia estaba aplicando bien lo que se había votado en el presupuesto, y no sé si ven que podía salir negativo lo que ellos plantearon... La cuestión es que no dieron lugar a que pudiéramos hablar, más allá de que hablamos después de la votación”.

Insistió en que “no es verdad que le di aumento de sueldo a mi pareja”. Recordó que él es político y fue nombrado en anteriores períodos, y que por su doble responsabilidad al frente de las áreas de Vialidad y Arquitectura gana un sueldo de 110.000 pesos y una partida extra de 27.000 pesos, lo que le deja “en la mano 90.000 pesos”. Elola anunció que renunció a cobrar la compensación que venía recibiendo por asumir la responsabilidad del área de Arquitectura, debido a las críticas recibidas estos días.