Varias de las personas amenazadas por el Comando Barneix un año atrás enviaron ayer una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez y a otras 30 autoridades políticas y judiciales para denunciar “la falta, hasta la fecha, de cualquier avance satisfactorio en la investigación de los hechos y la identificación de los responsables”. A fines de enero del año pasado, este comando, que recuerda a Pedro Barneix, militar que se suicidó en 2015 cuando iba a ser detenido por el asesinato de Aldo Perrini, envió correos electrónicos a 13 personas en los que aseguraba que el suicidio del general no quedaría “impune”: “Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente”, decía el mensaje. El correo les llegó al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; al fiscal de Corte, Jorge Díaz; a la ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; a los abogados Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Federico Álvarez Petraglia, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; a la ex vicecanciller Belela Herrera; al activista brasileño Jair Krischke; al jurista francés Louis Joinet y a la investigadora italiana Francesca Lessa.

Ayer, Álvarez Petraglia, Chargoñia, Errandonea, Guianze, Herrera, Joinet, Krischke y Lessa enviaron una carta a las autoridades en la que opinan que la investigación judicial “ha sido insuficiente y limitada, y no ha arrojado ningún avance significativo que pudiera aportar resultados concretos”; resaltan que “tampoco se ha tomado ninguna medida efectiva de protección en favor de las personas amenazadas”.

En la carta señalan que estos correos electrónicos intimidatorios no son casos aislados, sino “parte de un patrón alarmante de eventos que han venido ocurriendo en el Uruguay en los últimos años en contra de periodistas, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, y antropólogos forenses”, y recuerdan el robo en la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), los episodios de ingresos de personas no autorizadas a los lugares donde el GIAF estaba excavando y la amenaza en noviembre al fiscal Díaz mediante una llamada telefónica.

Las amenazas, señalan, fueron hechas con “sofisticación y complejidad”, pero la Justicia “responde con lo que vemos como falta de adecuada estrategia”. “Exigimos que el Estado uruguayo, y específicamente el Poder Judicial, realicen de una vez una investigación exhaustiva de la amenaza y sus responsables, que se exploren todas las posibles pistas y caminos investigativos adicionales y complementarios, indagando con qué tipo de apoyos o conexiones puede contar el llamado Comando Barneix, las posibles vinculaciones con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quienes en Uruguay tienen acceso a la tecnología que permitiría enviar dichas amenazas cubriendo tan eficazmente sus rastros, etc”, indican en la misiva.

Por último, consideran que 2017 “estuvo signado por el casi nulo avance de las investigaciones por crímenes de la dictadura: sólo hubo un nuevo procesamiento –cuando en realidad existen más de 35 pedidos de procesamiento– y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad aún no entró en funciones a muchos meses de su creación”.

Uno de los amenazados, López Goldaracena, que no está de acuerdo “con el tenor” de la carta, afirmó que no todos los involucrados fueron consultados; no obstante, Guianze, Krischke y Lessa aseguraron que se consultó sobre el contenido de la carta a todas las personas amenazadas, salvo a Menéndez y a Díaz.

La carta recolectó 462 adhesiones: entre otras, las de investigadores de universidades de Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile, Francia y México; las de periodistas, abogados y activistas en derechos humanos, y las de figuras como Estela de Carlotto –presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–, Fernando Pereira –presidente del PIT-CNT–, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande, Frente Amplio), el politólogo Gerardo Caetano, y la investigadora y ex responsable de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente Isabel Wschebor.

La causa está a cargo de la jueza Julia Staricco y a fines de 2017 cambió la fiscal del caso, que ahora es Silvia Porteiro. Actualmente, Porteiro tiene el expediente a estudio y podría determinar nuevas medidas. Fuentes judiciales informaron a la diaria que en diciembre hubo audiencias con el oficial de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia a cargo del caso, para determinar qué avances había habido en la identificación de la IP de la computadora desde donde se enviaron las amenazas. Uno de los servidores de donde salió uno de los correos es Guerrilla Mail; en octubre, Staricco envió un exhorto a Estados Unidos y Canadá para que la empresa revelara la dirección desde la cual fue enviado ese correo, pero hasta ahora no hubo respuesta al pedido.