En octubre, cuando el gobierno brasileño había anunciado la suspensión, por tiempo indefinido, de la importación de lácteos uruguayos, al sector lechero se le vino la noche. La noticia cayó como un balde de agua fría para un sector que parecía empezar a salir de la crisis iniciada en 2015 a raíz de la caída del precio internacional de la leche y la pérdida de mercados importantes, como el venezolano. Ante el anuncio, el gobierno uruguayo actuó con rapidez y consiguió revertir el anuncio del Ministerio de Agricultura brasileño; al mismo tiempo, resolvió impulsar una medida para postergar el pago de las deudas contraídas por los productores lecheros. Fue así que el 23 de octubre aumentó dos pesos el litro de leche tarifada: 70 centésimos se destinaron a cubrir el aumento de costos de producción y 1,30 comenzaron a destinarse a un fondo que permitiría postergar la fecha de vencimiento de las deudas bancarias. Según dijo el responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, al momento de presentar la iniciativa, la recaudación de 130 centésimos durante un plazo de cinco años permitiría recaudar 30 millones de dólares.

El 23 de octubre, tras reunirse con las gremiales del sector lechero, Aguerre había anunciado que el proyecto estaba casi pronto, y vaticinó que tendría un tratamiento “muy ágil” en el Parlamento. Pero llevó más de lo pensado. Recién el 5 de diciembre el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley, titulado “Fondo de garantía para deudas de los productores lecheros” (FGDPL), destinado a “otorgar garantías que faciliten la reestructuración a largo plazo, total o parcial, del endeudamiento con instituciones financieras de los productores lecheros”. “Una vez lograda la reestructuración de dichas deudas, o cuando el productor no tenga endeudamiento con dichas instituciones, el FGDPL también podrá otorgar garantías que permitan la reestructuración a largo plazo del endeudamiento, total o parcial, de los productores lecheros con las industrias lácteas”, agrega el primer artículo del proyecto del Ejecutivo. De acuerdo al texto, la retención de 1,30 será efectuada por las plantas pasteurizadoras, que deben vertirlo a una cuenta del Banco República; la titularidad del FGDPL le corresponderá al MGAP y al Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto ingresó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, los legisladores empezaron a trabajar el tema. Recibieron a las gremiales de productores, al titular del MGAP, Tabaré Aguerre, y al presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale). Pero el 19 de diciembre, en la última sesión del año, estaban más lejos que cerca de llegar al consenso.

Plan B

Haciéndose eco de una propuesta formulada por las gremiales de productores –la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Integremial de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de San Ramón, la Asociación de Tamberos de Canelones–, los senadores nacionalistas Álvaro Delgado y Guillemo Besozzi presentaron, el 19 de diciembre, otro proyecto de ley, titulado “Fideicomisos de garantía y financiamiento para el sector lácteo”. La principal diferencia con el texto del Ejecutivo es que los productores proponen que la garantía se extienda “no sólo a las plantas lácteas sino también a los proveedores de insumos agropecuarios que integran también el listado habitual de acreedores”, explicitaron los senadores nacionalistas en la exposición de motivos del proyecto. La otra diferencia es que proponen que el 1,30 de aumento se extienda a la totalidad de leches fluidas destinadas a consumo (ahora sólo incluye a la tarifada; piden que se aplique también a la larga vida y a la pasteurizada), así como a las larga vida importadas.

Wilson Cabrera, presidente de la ANPL, dijo a la diaria que las gremiales no están de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo porque “no va a llegar a más de 20%, 25% de los productores; va a llegar a los más grandes”. Muchos productores chicos no tienen deudas con los bancos; de hecho, según lo manifestado por Cabrera, sólo 34% del quintil más bajo de productores (es decir, los productores que menos litros de leche remiten a la industria) tiene deudas bancarias, en parte porque cuentan con una superficie pequeña de tierra –que es la que habitan–, y a veces porque la tenencia no está a nombre de ellos y no pueden usar la propiedad como garantía para acceder a un préstamo bancario; esto hace que muchas de sus deudas sean con proveedores y, por lo tanto, no estén contemplados en la solución prevista por el Ejecutivo. En cambio, 90% del quintil más alto de productores tiene deuda bancaria.

Cabrera planteó, además, que tal vez no sean necesarios los 30 millones de pesos para las deudas que busca atender el proyecto del Ejecutivo. “Hay mucho productor que debe pero no tiene necesidad, porque tiene garantía suficiente; ahí es donde creo que el Poder Ejecutivo no está mirando bien, hay muchísimos productores que tienen respaldo suficiente frente a los bancos y no necesitan garantía ninguna, y hay otros que sí; a los que sí necesitan la garantía les va a venir muy bien. Yo creo que esa idea que salió del propio MGAP es buena para ese sector de productores, que son los más grandes, pero son los menos; con el proyecto nuestro estamos tratando de que les llegue a 90%, 95% de los productores”.

En diálogo con la diaria, el presidente de Inale transmitió: “Hemos recibido las inquietudes de los productores. Se está buscando que sea viable, que parte de ese fondo, que va para un fondo de garantía, tenga una utilidad para mayor cantidad de productores; si se logra que así sea, es bueno”. Por otra parte, confirmó que la recaudación de 1,30 por litro de leche tarifada está, por ahora, en manos de la industria, y que cuando la ley esté operativa pasará al fondo de garantía. Según lo acordado en la sesión del 19 de diciembre de la Comisión de Ganadería del Senado, el 23 de enero serán citados los titulares del MGAP y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabrera valoró que han tenido una muy buena receptividad de los legisladores de todos los partidos políticos. De hecho, en la última sesión de la comisión el senador oficialista Enrique Pintado propuso modificar el proyecto del Ejecutivo, para que los productores que no tuvieran deudas con instituciones financieras pudieran acceder a préstamos bancarios. También el senador José Mujica discrepó con la propuesta del Ejecutivo: “Este proyecto puede atender a 20% de los productores, casualmente los más fuertes, casualmente los tamberos más grandes, y queda afuera no la mayor cantidad de leche, sino la mayor cantidad de productores, que son pequeños”.