En diciembre de 2016 cuatro adultos con discapacidad murieron en el proceso de traslado desde Aldeas de la Bondad, en Salto, a Montevideo. Estas muertes propiciaron la intervención del Parlamento, se iniciaron juicios penales y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) redactó un informe sobre las condiciones de intercalación en los centros ubicados en Salto y Paysandú, ambos gestionados por la Fundación Imcos.

Ayer, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) trasladó a los 47 pacientes que permanecían en Aldeas de la Bondad en Porvenir (Paysandú); resta reubicar a 43 personas que aún están internadas en la misma institución, pero en Salto. Fernando Rodríguez, presidente interino del INAU, aseguró a la diaria que en breve ya no habrá pacientes en esta institución. “Tenemos un tiempo de trámites administrativos de cierre con Aldeas de la Bondad, pero hoy en Paysandú 100% de la población ya está bajo la responsabilidad de la Asociación Civil Arcoíris. Estamos esperando el levantamiento de la feria judicial y la terminación de las obras en las dos casas a las que van a ir las personas que están en Salto, pero en cuestión de días vamos a estar en condiciones de hacer los traslados definitivos y cerrar la gestión de Imcos”. Rodríguez estimó que a fines de este mes estarán terminadas las obras de infraestructura. El jerarca aseguró que en estos años el INAU mantuvo un mayor control de los centros de Imcos: “Hubo una presencia permanente para que no se siguiera deteriorando la situación”. Además de las muertes, el INAU y la Administración de los Servicios de Salud del Estado demandaron penalmente a funcionarios de la fundación, en diciembre de 2016, por abuso sexual contra tres mujeres.

En julio de 2017, la INDDHH, después de una visita al centro de Salto, concluyó que la institución sostenía “un modelo asilar de intervención” y que eso “no se corresponde con buenas prácticas de abordaje de la discapacidad ni con los criterios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. No había propuestas educativas ni actividades tendientes a “una estimulación cognitiva, motora ni socializante para las personas internadas en ese centro”, decía el informe. A pesar de tener más de 100 funcionarios, eso no se traducía en “una atención acorde a las necesidades de las personas allí institucionalizadas”. Según informó el domingo El Telégrafo de Paysandú, hay un gran porcentaje de trabajadores que estaban en la Aldea de la Bondad de Porvenir que ahora van a cumplir funciones en la Asociación Civil Arcoíris. Rodríguez aseguró a la diaria que “el vínculo laboral es entre el trabajador y la organización social”. “La organización contrató a los técnicos que consideró que tenían un perfil que coincidía con el cambio de modelo. Nosotros no participamos en la selección; el proyecto determina qué perfiles se necesitan y cuántos técnicos se precisan, pero la responsabilidad de la selección es de la organización”, aclaró. Rodríguez dijo además que hay más de 40 funcionarios de distintas disciplinas que atenderán a los 47 internos; de los ex trabajadores de Aldeas de la Bondad de Porvenir (Paysandú), 16 no fueron recontratados, no sólo por no tener el perfil necesario, sino “por situaciones personales”. El jerarca aseguró que se incorporará más personal, no permanente, para dictar talleres y organizar salidas.

Con respecto a los internos dijo que, si bien presentan diferentes grados de discapacidad, con atención adecuada pueden tener “una buena calidad de vida”.

Sobre la demora del traslado sostuvo que se debió a varios inconvenientes: “Tuvimos que encontrar organizaciones nuevas y adecuar los edificios, porque todos necesitaron una intervención, tanto arquitectónica como mobiliaria. Además, fue necesaria la intervención de la Justicia por los cambios de curatela, y queríamos hacer un cierre prolijo [con Imcos]”.