El ambiente en la mirada de la izquierda política

Debate programático | A un año de las elecciones nacionales, este mes Dínamo propone centrar el debate en aspectos programáticos. En las próximas semanas incluiremos columnas sobre educación, producción y seguridad, entre otros temas, pensando en los desafíos y las discusiones pendientes que tiene el país.

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Ayer

La primera vez que el Frente Amplio (FA) se presentó a elecciones lo hizo con una plataforma electoral que incluía 30 medidas de gobierno en torno a cuatro ejes.¹ En aquel contexto de degradación del Estado de bienestar construido por el batllismo, la naciente fuerza política planteaba una transformación de la sociedad orientada a ocho metas que referían a: a. restablecer el estado de derecho y pacificar el país, b. redistribuir el ingreso, hacer efectivo el derecho al trabajo y elevar el bienestar social, y c. defender la soberanía nacional y obtener la independencia económica, al mismo tiempo que se proponía sanear la administración pública y dar participación en ella a sectores populares.

La lógica era sobre todo reconstruir ese Estado perdido, en la medida en que se consideraba necesario que este jugara “un papel esencial en el proceso económico. Tendrá una directa participación en la acumulación de capital, imprescindible para el desarrollo, y en lo inmediato, para la reactivación económica del país. Para ello deberá desempeñar una gestión activa y eficiente, que se alcanzará a través de la participación directa de los trabajadores en su dirección”.

Nacimos entonces como una fuerza desarrollista, en clave de superar el atraso y la dependencia, y con una mirada esencialmente productivista, como lo refleja la sección de las “30 medidas” dedicadas a hacer efectivo el derecho al trabajo. La palabra ambiente, ya de uso frecuente en otras latitudes por esos años, no aparece en ningún momento en ese primer programa, acaso por la urgencia de otras legítimas preocupaciones o por una percepción generalizada de la ausencia de grandes problemas ambientales en aquel momento en nuestro país.

El oscuro hiato de la dictadura, que guiñando a la entonces floreciente ideología neoliberal incluía entre sus objetivos terminar de desmantelar ese Estado que el FA buscaba reorganizar, dio lugar a una incorporación paulatina de la temática ambiental en la elaboración programática en la forma de preocupación por “los altos niveles de agresión al medio”. A estas agresiones, la coalición supo oponer en su programa a la salida de la dictadura la necesidad de compatibilizar desarrollo y cuidado del ambiente, cuyos recursos consideraba parte vital de nuestro patrimonio, así como afirmar lo imprescindible de que la ciudadanía participe en ese cuidado.

Estos primeros conceptos fueron madurando, recientemente, hacia un cuestionamiento en clave política de nuestro estilo de desarrollo por su insustentabilidad ambiental, tal y como se aprecia en el último programa del partido de gobierno.² Sin embargo, dar una respuesta integral a estas cuestiones demanda una nueva síntesis política que, creemos, el FA no ha sido capaz de hacer hasta hoy.

Hoy

El Uruguay de 2018 es, en muchos aspectos, diferente del de 1971. Sin embargo, la pregunta de si estamos preparados como país para avanzar decididamente en el plano de las políticas ambientales sigue presente y entendemos que tiene más vigencia que nunca. A ello contribuyen no sólo la cada vez mayor atención que suscitan estas temáticas, sino su notable potencial para generar conflictividad política con aliados de la izquierda en la tarea de la transformación de la sociedad (considérense, a falta de mejores ejemplos, los sucesivos desencuentros en torno a la modificación reciente de la Ley de Riego y el llamado a referéndum derogatorio que provocó). La notoriedad que han tomado problemáticas como la de la calidad del agua o las afectaciones de productores y sus familias asociadas al uso de agroquímicos son el reflejo de una tensión que, si bien no surgió con los gobiernos del FA, viene claramente in crescendo. Más de una década de intensificación de la producción y de aumento del consumo no pasan como si nada, y tienen costos que cada vez son más evidentes.

Frente a esto, nuestro objetivo debe ser profundizar los esfuerzos para imaginar otro modelo de desarrollo. La tarea en la que, por cierto, venimos atrasados es la de definir ese otro rumbo prestando especial atención a las oportunidades y desafíos que nos plantea el presente. Las herramientas para esto son: a) reivindicar el rol del Estado como intérprete del interés general;³ b) planificar hacia ese otro estilo de desarrollo; y c) garantizar la transparencia y legitimidad democrática de la planificación generando oportunidades para que los ciudadanos participen de forma sustantiva.

Más allá de lo declarativo, el FA debe aprender a ver el ambientalismo como lo que es: una fuente de crítica, coherente con la sociedad en la que vivimos. Nuestro proyecto de redistribución de la riqueza necesita del crecimiento económico, pero no de cualquier manera y a cualquier costo. En ese sentido, entre otras cosas, este movimiento nos enseña que este crecimiento ha de estar explícitamente orientado a las necesidades del desarrollo de las personas, y que la justicia ambiental debe incorporarse como un componente indivisible al de la justicia social.

Todas estas cuestiones formaron parte de la discusión en la Unidad Temática de Ambiente del FA, que dividió sus deliberaciones en cuatro subgrupos para abordar los temas de Transformación Institucional, Salud y Ambiente, Biodiversidad y Sistemas Productivos, y Ambiente y Ciudades. Cabe destacar, como propuestas para el nuevo período, avanzar en la jerarquización institucional de la temática ambiental; fortalecer el incipiente trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y otras instituciones del Estado, de cara a una Estrategia Integrada sobre Salud y Ambiente; profundizar y consolidar las políticas de protección de la biodiversidad (a nivel general, como en el caso de los ecosistemas, pero también con focos específicos como los polinizadores); impulsar decididamente modelos alternativos de producción (como el que supone la recién aprobada Ley sobre el Plan Nacional de Agroecología); revisar con cuidado los criterios para la evaluación del riesgo asociado al uso de transgénicos y emprender acciones urgentes para conservar el patrimonio representado por las variedades nativas y criollas; considerar los residuos como un recurso en el marco de la promoción de una economía circular; y repensar con criterio “verde” el desplazamiento de ciudadanos (apostando a la transición hacia vehículos eléctricos, mejorando los sistemas de transporte colectivo y expandiendo la utilización de la bicicleta). Haber avanzado en las discusiones y propuestas ha permitido que los frenteamplistas sensibilizados con esta temática nos animemos a soñar con la posibilidad de un mañana distinto.

Mañana

En el invierno de 2021 se cumplirán 50 años de aquellas 30 medidas de 1971. Este proceso de elaboración programática, que puede convertirse en la base de un futuro plan de gobierno, posiciona a la izquierda política en una encrucijada: aprovechar (o no) esta oportunidad de reaparecer en la historia con un proyecto de transformación de la sociedad, a favor de la naturaleza y de las grandes mayorías.

En diálogo con los más variados actores, pero en particular con los movimientos sociales, el FA debe preparar la transición hacia una sociedad ambientalmente sostenible y justa en la que la idea de bienestar también responda al derecho a gozar de un ambiente sano o a la soberanía implícita en tener poder de decisión sobre cómo se produce lo que comemos. Para hacerlo, las prioridades políticas en este plano deben estar claras. Con el renovado aire que el FA ha de recibir al incorporar estas preocupaciones, debemos mirar hacia el bicentenario de la jura de nuestra primera Constitución con la vocación de repensarnos (al menos) en cuatro planos: institucional, productivo, de consumo y cultural.

Institucionalmente, el país debe estar preparado para dar un salto. La creación de un Ministerio del Ambiente y de una institución dedicada a la producción de conocimiento en la materia ya no admiten más demora. La nueva institucionalidad deberá ser fuerte, combatir la fragmentación en el proceso de toma de decisiones, descentralizar las capacidades para intervenir e involucrar activamente a los actores sociales en vez de simplemente consultarlos.

Respecto del plano productivo, el movimiento ha de ser en dos direcciones y en simultáneo: la transición hacia una matriz que respete los ritmos de reproducción de la naturaleza y la reducción al mínimo tecnológicamente posible de los impactos nocivos de la matriz productiva actual. Apostar fuertemente a pasar de una lógica productiva de la cantidad a otra de la calidad puede ser un factor que colabore con este rumbo.

En lo referente al consumo, la clave debería ser “menos y de mayor calidad”, tomando como referencia que la transición ha de ser profundamente solidaria. Nadie puede ni debe ignorar que no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad de consumo, y la política de izquierda ha de considerar y combatir estas asimetrías. Sin embargo, como plantean Schneidewind y Zahrnt,⁴ el siglo XXI nos plantea como desafío impostergable pasar de la política de “siempre más” a la política de “lo suficiente”.

Por último, pero no menos importante, asumir plenamente el desafío de una sociedad sustentable ambiental, social y económicamente requiere la construcción de una nueva cultura, una cultura ambiental que subraye el compromiso ético que hemos de establecer con el cuidado de la naturaleza. Recordemos entonces, pensando en ese mañana, las palabras de Aldo Leopold: “Abusamos de la Tierra porque la consideramos un bien de nuestra propiedad. Cuando aprendamos a verla como una comunidad a la que pertenecemos, podremos empezar a usarla con amor y respeto”.

Andrés Carvajales y Verónica Piñeiro son biólogos. Ambos integraron la Unidad Temática de Ambiente en el marco de la elaboración del Programa del Frente Amplio para el período 2020-2025.