Tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu archivó la denuncia por sobrecostos en la adjudicación de la planta de etanol de Alcoholes del Uruguay a Abengoa en Paysandú. La denuncia fue llevada adelante por el abogado Gustavo Salle, tras declaraciones del ingeniero Gabriel Pérez Morgan, fundador de la empresa Serrana Bioenergía, en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores, en 2013. Luego, ya en este gobierno, en la comisión investigadora que se formó en esa cámara sobre la “situación económica y financiera de ANCAP entre 2000 y 2015”, Pérez Morgan y Alfredo Correa, representante de la empresa en Uruguay, detallaron que Alur había aprobado en 2011 un proyecto similar al que ellos habían presentado a ANCAP en 2006 –una planta para producir etanol a partir de sorgo, con una capacidad para 70 millones de litros–, aunque su costo, de 110 millones de dólares, era mucho mayor que el que ellos habían presentado en 2006. Las denuncias fueron tomadas por Salle, que presentó en 2014 la denuncia penal por estos hechos.

A raíz de los dichos de Pérez Morgan y Correa, Alur, por entonces presidida por el ahora senador Leonardo de León, les cursó una denuncia por difamación que fue rápidamente desestimada por el juez Ruben Salazar. En 2014, Pérez Morgan insinuó a Búsqueda que era posible que la empresa hubiera financiado los gastos de campaña electoral oficialista, al asegurar que el valor de la planta era de 40 millones de dólares, que Alur no estaba dispuesto a aclarar cuáles eran los gastos “periféricos” del proyecto y que esta sociedad anónima estatal se excusaba de entregar más información bajo el argumento de que es una empresa privada. Según el empresario, hubo empresas que para hacerse con el proyecto presentaron valores “completamente fuera de la realidad”, mientras que la oferta “más barata, la de Praj”, no fue elegida, aunque “se negaron a presentar los fundamentos técnicos”. “Yo me pregunto: ¿qué son los [gastos] periféricos?; ¿los periféricos incluyen la campaña electoral? No sé. ¿Incluyen compras de estaciones de servicio? No sabemos. ¿Incluyen cuentas en un banco del exterior? No sabemos”, cuestionó. Hacía referencia a una serie de gastos hechos por la planta que Raúl Sendic, entonces presidente de ANCAP, dijo, en una entrevista concedida al periodista Emiliano Cotelo, que el proyecto había tenido. El ex vicepresidente había especificado que la planta costó unos 86 millones de dólares en su “instalación primaria”, más una serie de gastos “periféricos” que alcanzaron los 32 millones de dólares.

A pesar de estas denuncias, según publicó ayer el diario El País, la fiscalía no pudo determinar irregularidades cuando adjudicó la realización de la planta, y advirtió que Alur es de carácter privado y ni siquiera está obligada a llevar a cabo una licitación pública. Además, el dictamen del fiscal Luis Pacheco sostiene que la empresa Serrana Bioenergía se presentó cinco meses después de finalizada la recepción de las ofertas, y que los peritajes consultados por eventuales sobrecostos en el emprendimiento tampoco detectaron la existencia de ilícitos.