El martes 20 de febrero el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, asistirá a la Comisión de Salud Pública del Senado a pedido del senador del Partido Nacional (PN) Javier García.

El jerarca fue convocado para explicar el decreto que eliminó el levantamiento del corralito mutual en febrero y estableció nuevos requisitos para cambiar de prestador de salud. Con el sistema vigente desde el 1º de enero, los usuarios, en cualquier momento del año, deben solicitar a la Junta Nacional de Salud (Junasa) la autorización para cambiar de mutualista. Las razones que pueden argumentarse son tres: cambio de domicilio, motivos económicos o disconformidad con la institución. La intención de las autoridades es evitar la llamada “intermediación lucrativa”.

García dijo a la diaria que “el sistema nuevo lo que hace es quitar la única posibilidad que existía de cambio de mutualista sólo por la voluntad del usuario. Había una ventana de libertad muy restringida, pero la había”. El senador nacionalista tampoco estaba de acuerdo con el corralito como se aplicaba hasta el 1º de enero de este año. “Tenemos tal grado de estabilidad del sistema que lo que hay que hacer es terminar con el corralito. Existe intermediación lucrativa porque existe corralito”, sostuvo. El senador aseguró que, a pesar de que el porcentaje de personas que se cambian de institución se ha mantenido constante en los últimos años –alrededor de 4%–, eso no quiere decir que “no se deba garantizar el derecho para el 100% de los usuarios”. La expectativa del nacionalista es que el decreto quede sin efecto.

Para García, el motivo del cambio en el sistema, además de evitar la intermediación lucrativa, también fue la situación financiera de algunas mutualistas: “Esta decisión de prohibir el pasaje beneficia a algunas instituciones y perjudica a otras”. El legislador dijo que, a su entender, el “efecto más grande“ de este mecanismo es afectar la calidad del servicio. “Lo que hace es asegurar su mediocridad; termina con la única posibilidad de que una institución tenga que mejorar sus servicios para que sus socios no se vayan”. Además, el senador sostuvo que el decreto contradice la libertad de elección que garantiza la Ley 18.211 de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. El artículo 50 de la ley dice: “La elección de prestador es libre. Una vez formalizado el registro ante una de las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, podrá modificarse en los términos que fije la reglamentación”.

El senador aseguró que le trasladará al ministro su preocupación por el carácter “elitista” del decreto, ya que para cambiar de prestador por inconformidad se solicitan documentos probatorios. “El instructivo establece que hay que presentar la fundamentación de por qué se quiere hacer el cambio, y presentar documentos probatorios como la historia clínica y certificados médicos, lo que significa, entre otras cosas, una violación del secreto profesional, porque se le está revelando a un tercero situaciones vinculadas a la salud”, aseguró. Según sostuvo, “van a presentar los documentos las personas que tengan la posibilidad de asesorarse y conseguirlos”.