El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera y el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, coinciden en que es necesario crear el delito de enriquecimiento ilícito y consideran que es necesario modificar la forma en la que se estudian las declaraciones juradas.
Carrera aseguró a la diaria que redactó un proyecto para la creación del delito pero declinó explicar en qué consiste porque aún no fue tratado en la bancada del FA. No obstante, existe un antecedente, ya que en 2015 el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentó un proyecto de dos artículos que crea el delito. En el primer artículo dice que el individuo que no justificase el enriquecimiento patrimonial “será castigado con 18 meses de prisión a seis años de penitenciaría, con multa de 50 UR (Unidades Reajustables) a 20.000 UR”. El segundo artículo pena a quienes ocupen un cargo electivo o de particular confianza con “dos a 10 años de penitenciaría, con multa de 300 UR a 30.000 UR, e inhabilitación especial de cinco a 10 años”.
Un proyecto que está encaminado en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha Contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de Diputados es el presentado por el representante del FA Daniel Caggiani. Los puntos acordados son: “La extensión de la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de senadores, diputados, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de los ministros del Tribunal de Cuentas, además de las máximas autoridades de los organismos públicos del Estado. También se incorpora a los directivos de las empresas privadas que prestan servicios públicos. El proyecto permite a la Jutep hacer controles aleatorios”, explicó el diputado. El levantamiento del secreto bancario para la Jutep, una medida pedida en varias oportunidades por Gil Iribarne, todavía está en discusión.
El presidente de la Jutep dijo a la diaria que la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y el estudio de las declaraciones juradas van de la mano.
“La propuesta de Diputados es que 5% de las declaraciones sean abiertas. Lo que nosotros decimos es que si ese porcentaje es del total, pueden tocar todos cargos chicos. Capaz que hay que fijar un 5% para los cargos altos y otro 5% para los chicos”. La medida de que las investigaciones sean al azar busca evitar decisiones arbitrarias. Gil Iribarne aseguró que en el caso de la Jutep la apertura de las declaraciones carece de sentido, porque la Junta está sujeta al secreto bancario, por lo que “no se puede hacer una comparación con la realidad”. El jerarca aseguró que sin la figura de enriquecimiento ilícito tampoco se puede hacer mucho. “En la actualidad lo único que se puede hacer es investigar si hubo, por ejemplo, una coima. Si se abre una declaración jurada y se comprueba un incremento en el patrimonio injustificado no hay nada que lo sancione. La persona, olímpicamente, puede pedir que se le demuestre cuál fue el delito que cometió, no tiene que explicar nada, por lo que hay que buscar cinco años para atrás para ver si se puede probar si hubo un soborno u otro delito, como tráfico de influencias”. El presidente de la Jutep explicó que con el enriquecimiento ilícito se le podría pedir a la persona que explique cómo hizo para tener ese incremento de ingresos. “El hecho de no poder justificar un crecimiento patrimonial desproporcionado configuraría el enriquecimiento ilícito o injustificado”.
Sobre los motivos por los que se ha postergado la tipificación, aseguró que hay discrepancias entre los juristas. “Hay opiniones en contra que dicen que se está invirtiendo la carga de la prueba; se basan en que la persona es inocente y que el Estado tiene que demostrar cuál fue el delito que cometió. Nosotros decimos que se está pidiendo que la persona explique algo que se probó y no tiene una justificación”, aseguró Gil Iribarne.
Cargos de confianza
La senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira dijo a la diaria que la admisión de funcionarios en el Estado “para todos los cargos públicos” debería ser por concurso, no sólo en la administración central. “A modo de ejemplo: 50% de los cargos en los gobiernos departamentales son por designación directa. Hay que reducir los cargos de confianza en general, no sólo los familiares”. Para la senadora, “el problema no son los familiares, sino usar al Estado para financiar y sostener un aparato político. Es con eso con lo que hay que terminar. Preocuparse por los familiares es sólo para dar una señal política”, dijo, en respuesta a la propuesta de Bordaberry de prohibir el ingreso de familiares de jerarcas. “El Estado es el que tiene que dar el ejemplo. Todos tienen que entrar por concurso. La informalidad y discrecionalidad en los nombramientos reproducen una lógica de poder que impide la entrada de, por ejemplo, las mujeres. Cuando se hace un concurso basado en mérito, entran muchas mujeres, pero cuando se hacen designaciones basadas en la confianza entran casi siempre hombres”.