El ministro de Salud, Jorge Basso, concurrió ayer a la Comisión de Salud del Senado para responder las consultas del senador nacionalista Javier García a propósito de la suspensión de la apertura del “corralito”, término con que se conoce el período de movilidad regulada de los usuarios de una institución de salud, que se daba cada febrero desde 2009. Al salir de la sesión, en diálogo con la prensa, Basso reafirmó los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a suspender la apertura durante 2018, mientras que García continuó cuestionando la decisión del Ejecutivo.

“El Ministerio de Salud Pública [MSP] apuesta por mantener presos a los usuarios de las mutualistas y no dejarlos cambiar, ante la incapacidad de terminar con la intermediación lucrativa que hace un puñado de delincuentes”, reclamó García. El senador insistió en la necesidad de proteger la libre elección de cada usuario para elegir su institución de salud. Sostuvo que “la intermediación lucrativa existe porque existe el corralito”, y por eso propone eliminarlo. Señaló que una mutualista le paga seis meses a un intermediario para afiliar a una persona porque sabe que esa persona no podrá cambiarse de institución durante los 36 meses que establece el corralito y que, en cambio, si la institución sabe que el afiliado se puede ir en cualquier momento, mejorará los servicios.

Más que en la cantidad de procesados por intermediación lucrativa, Basso se concentró en el dinero que gastaban las instituciones de salud para captar usuarios durante la apertura del corralito, que aumentaba cada año. “Estamos hablando de 22 millones de dólares; 18 millones de dólares vinculados a campañas de comunicación y cuatro millones de dólares vinculados a lo que se llama fuerza de venta, promotores”, dijo, reclamando que era dinero que salía del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y que podría destinarse a mejorar la calidad de atención. “Hay que buscar un mecanismo que permita al usuario vincularse directamente con un prestador, desestimulando la intermediación” mediante mecanismos informáticos, soluciones que el MSP se plantea alcanzar en 2018. Añadió que alrededor de 30.000 personas, cerca de 50% de las que cambiaron de institución de salud durante febrero de 2017, lo hicieron “por intermedio de los promotores; ese es un mecanismo que pone una situación de riesgo, porque donde hay dinero el riesgo del delito aumenta”, evaluó.

El ministro reiteró que, en cualquier momento del año, un usuario del Seguro Nacional de Salud puede afiliarse a otra institución por cambio de domicilio y por disconformidad con la atención que recibió en su institución (en ambos casos debe hacerse una solicitud ante la Junta Nacional de Salud –Junasa– y presentar una declaración jurada en la que manifieste que su decisión es libre e informada y que no recibió ningún pago por hacerlo). Por razones económicas y en cualquier momento del año, el usuario puede pasar de una mutualista a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En enero de este año hubo un aumento de solicitudes respecto de enero de 2017: según cifras del MSP, crecieron 50% los pedidos de cambio de institución por cambio de domicilio, y 10% por disconformidad y motivos económicos.

Consultado por la diaria, Basso explicó que los rechazos de la Junasa ante los planteos “no son muchos”, pero comentó que “la idea es que aparezca información”, con el fin de evitar la intermediación. Según supo la diaria, algunos de los cambios rechazados manifestaban disconformidad porque las instituciones no respetaron los tiempos de espera, pero no cuentan con documentación probatoria. Basso insistió en que los usuarios planteen sus quejas ante las oficinas de atención al usuario de sus instituciones porque “esa documentación sirve después para aportarla a la Junasa y le sirve, también, a la institución para saber cuáles son los problemas que tiene que resolver para mejorar su performance y evitar que se le vayan afiliados”.

Según Basso, el mecanismo dispuesto “no genera burocracia” ni dificultades, y los cambios se concretan en menos de un mes.