La jueza especializada en Crimen Organizado María Helena Mainard fijó para el 21 de febrero la próxima audiencia del juicio de extradición contra el sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, que ayer se negaron a ser voluntariamente extraditados a Argentina. La postergación se debe a que la defensa de Balcedo y Fiege, a cargo de los abogados Víctor Della Valle y Alejandro Balbi, solicitó el testimonio de cuatro testigos que acreditarían la línea principal de argumentación contra la extradición: que el juez argentino Ernesto Kreplak, el magistrado de La Plata que la solicitó, actúa en el marco de una “persecución política” contra Balcedo.

En el diario platense Hoy, propiedad de Balcedo, el 5 de enero se respondió a la detención del empresario y sindicalista en Uruguay asegurando que Kreplak “inició una embestida contra este medio gráfico como represalia por las investigaciones que publicó en 2015 y que comprometieron seriamente a su hermano, Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner”. Balbi y Della Valle pidieron que por exhorto se consulte a tres personas en Buenos Aires. Una de ellas es la diputada Margarita Stolbizer, quien impugnó el nombramiento de Kreplak como juez por considerar que era “un militante de La Cámpora y brazo ejecutor del gobierno [kirchnerista] para manipular al Poder Judicial”. “La persona propuesta no evidencia las características básicas que debe tener un juez: imparcialidad, honestidad y transparencia”, aseguraba en esa impugnación. También se solicita el testimonio por exhorto a dos periodistas del diario Hoy, y se pidió citar a un abogado que podría comparecer en el juzgado en Uruguay.

Estuvo presente, por la contraparte en la extradición, el representante de la Embajada argentina Jorge Rodríguez Pereira, quien consideró que se cumplen los requisitos para la extradición pero, además, planteó que los bienes de Balcedo y Fiege incautados por la Justicia uruguaya deberían trasladarse a Argentina. El fiscal Juan Gómez coincidió en que corresponde la extradición de Balcedo y Fiege, pero tanto la embajada como la fiscalía también estuvieron de acuerdo en que la extradición “debía ser diferida hasta el momento en que se culminara con el proceso y la eventual pena que se impusiera acá en Uruguay”, afirmó Gómez a la diaria. Respecto del traslado de los bienes, Gómez no estuvo de acuerdo en que se trasladen los bienes de la pareja argentina: “Entendemos que no era el objeto de la audiencia y que estaban en curso investigaciones para, precisamente, determinar el origen de esos bienes, a qué corresponden; en su momento se reformulará el destino de esos bienes”.

En la audiencia, la defensa de Balcedo recordó que el imputado es ingeniero, propietario de medios de comunicación (el diario Hoy y la radio Red 92, en La Plata, mencionaron) y que su patrimonio responde a su trabajo en esos ámbitos. Ante el argumento de la supuesta persecución política por parte del juez argentino, en la audiencia el fiscal Gómez recordó que hay otras denuncias que involucran a Balcedo y su pareja, que fueron formuladas por el sindicato que Balcedo encabezaba, el Sindicato de Obreros y Trabajadores de Minoridad y Educación (SOEME). Kreplak investiga a Balcedo por maniobras fraudulentas mientras era secretario general del SOEME, por delitos de apropiación indebida, lavado de activos y extorsión. El 24 de diciembre libró una orden de captura contra él y su pareja, y el 4 de enero ambos fueron detenidos en Uruguay, en su casa en Cerro de los Burros, en Maldonado. A raíz de su detención y de la incautación de inmuebles, vehículos, armas y seis millones de dólares en efectivo, el juez de Crimen Organizado Pablo Benítez dispuso el inicio de un proceso penal en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas, y su prisión preventiva ante el riesgo de fuga.