El diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio inició una gira por distintos departamentos del país para impulsar la sanción del proyecto de ley del Plan Nacional de Vivienda Popular, presentado por él y aprobado en la última sesión de 2017 de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. En esa instancia el proyecto contó con el apoyo de Rubio, dos diputados del Partido Nacional y del frenteamplista Darío Pérez, y no fue votado por los otros tres representantes del Frente Amplio (FA).

Rubio dijo a la diaria que la iniciativa ya ha sido declarada “de interés” por seis intendencias y juntas departamentales del país: Treinta y Tres, Lavalleja, Flores, Tacuarembó, Colonia y Florida; y se encuentra a consideración de los órganos departamentales en Cerro Largo, San José y Río Negro. El diputado de UP manifestó que espera que el pleno de Diputados aborde el tratamiento del proyecto en marzo. “Estamos tratando de generar la mayor difusión y constituyendo opinión pública a favor, para que con la presión social, podamos avanzar en la conquista de votos en el plenario. En cada lugar nos reunimos en charlas abiertas con la gente, con organizaciones sociales que están apoyando este proyecto. En Bella Unión tuve dos reuniones con 140 personas que terminaron conformando una comisión de lucha por la vivienda. En Artigas pasó lo mismo, en Salto ya había un movimiento, en Rivera igual”, explicó Rubio.

“Declárese de interés nacional, el establecimiento de políticas públicas de vivienda, el financiamiento con un presupuesto justo y los subsidios a los planes y proyectos de acceso a la vivienda por ayuda mutua con autoconstrucción; el desarrollo de los mismos con celeridad y el fomento de la creación de cooperativas de vivienda. Declárese de interés nacional la implementación del Plan Nacional de Vivienda Popular, sin perjuicio de otros planes de desarrollo económico y social, tendiente a atender las necesidades de vivienda en todo el país”, establece el proyecto, que adjudica a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) el papel de ejecutor de la construcción de viviendas como servicio social. La iniciativa otorga 1% del Producto Interno Bruto “para la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular” y crea “el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, como patrimonio de afectación que se nutrirá con el aporte anual de Rentas Generales”.

“Las viviendas se construirán por la ANV quien podrá licitar la construcción por empresas, que deberán emplear mano de obra y materiales preferentemente nacionales y dentro de las mismas preferentemente locales. Asimismo tendrán prioridad en las licitaciones las cooperativas de trabajo conformadas por obreros de la construcción”, establece el proyecto.

Rubio agregó que se construirá en primer término “en tierras improductivas e inutilizadas” del Estado, pero después el texto prevé la expropiación “de tierras privadas” en el siguiente orden de preferencia: “A. Tierras improductivas e inutilizadas de personas jurídicas privadas. B. Tierras improductivas e inutilizadas de personas físicas extranjeras. C. Tierras improductivas e inutilizadas de personas físicas nacionales”.

Rubio explicó que todo ciudadano tiene derecho a poseer una vivienda y que eso se lo debe garantizar el Estado, por lo que el proyecto “pone al Estado como el gran inversor en vivienda para los sectores populares”. “Hay un déficit habitacional grande en el Uruguay que se maneja entre las 70.000 y 80.000 viviendas, y hay una ausencia de políticas para trabajadores con ingresos bajos y medios”, agregó. Luego dijo que el plan “está dirigido a los que tienen entre un salario mínimo y 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones” (76.960 pesos): “No exige ahorro previo, y no importa que estés en el clearing. Planteamos construcción tradicional a partir de que en el país hay ladrillos, arena, pórtland, porque además entendemos que este tipo de construcción genera muchos puestos de trabajo”. “El elemento diferencial está en que es un plan nacional, pero se licitan las obras en cada departamento con mano de obra local. Planteamos que la cuota a pagar no sea mayor a 10% del ingreso del núcleo familiar”, añadió.

El diputado negó algunos trascendidos que plantearon que había hecho un acuerdo con el FA, consistente en que si votaba un artículo de la Rendición de Cuentas, el FA lo acompañaría en este proyecto. “Cuando yo entiendo que hay algo que votar, como en la Rendición de Cuentas fue la tasa consular, lo votamos y no cambiamos el voto por nada. Si los proyectos son buenos y justos corresponde apoyarlos. Pero sí estoy teniendo conversaciones con distintos diputados del FA, intercambiando y buscando la forma para conseguir un apoyo mayoritario y de todos los partidos”, precisó Rubio.