La situación de la niña de cinco años que había sido obligada por la Justicia a volver con su padre a España sigue sin resolverse. A principios de octubre, la defensa de María Noel –la madre de la niña, que tiene su tenencia provisoria– había presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) –que fue aceptado– para que revisara todo el proceso; por lo tanto, la institución había resuelto suspender la restitución mientras hacía la revisión. En su momento, la Justicia uruguaya había entendido que la niña y su madre habían sido sometidas a violencia por el padre, pero no se pudo comprobar si efectivamente la niña fue abusada –como denunció la madre–, ya que la técnica de Instituto Técnico Forense que estudió el caso señaló que no pudo descartarlo ni confirmarlo. Pero, según aseguró quien era el abogado de la madre el año pasado, dos informes psicológicos privados eran “determinantes” y dejaban constancia de que la niña había sido abusada.

También en octubre, antes de que la SCJ suspendiera la restitución, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y del Adolescente habían emitido un comunicado en el que manifestaban su “preocupación” ante “el inminente retorno” de la niña a España en base “al proceso de restitución internacional de menores”. Además, el texto aseguraba que “tanto la niña como su madre fueron víctimas por largos años de violencia doméstica en España, y es en Uruguay que se encuentra la red familiar, social y de atención de su salud”. Por último, señalaba que “la pérdida de este apoyo afecta directamente el desarrollo integral de la niña y las expone a una nueva revictimización, sumada al daño psíquico que implica el retorno forzado a un lugar que identifica con experiencias de violencia”.

Virginia Salvo, actual abogada de María Noel, explicó a la diaria que el proceso judicial que determinó la restitución de la niña a España ya pasó por primera y segunda instancia; por lo tanto, “para revisar todo un proceso hecho tiene que haber alguna situación muy específica que prevé la ley”, como, por ejemplo, “maniobras fraudulentas” o “cosas raras”. Entonces, la defensa de la madre planteó algunos motivos de revisión, de los que se enteró antes de la fecha límite que la niña tenía fijada para viajar a España (a principios de octubre), como la conducta del defensor de oficio de la niña. “Se presentaron algunas certificaciones notariales, de mensajes de Whatsapp y de páginas de Facebook en las que se ve que el defensor de la niña hacía notas periodísticas muy tendenciosas, muy a favor del padre [de la niña], y que además después se las pasaba a la defensa del padre. Y él, como defensor de la niña, no debería tener ese contacto, ni con el padre ni con la madre, porque tiene que ser imparcial”, indicó Salvo, y agregó que la SCJ va a analizar las pruebas específicamente sobre la conducta del defensor de la nena (que ya dejó de serlo; ahora tiene una abogada privada designada por la SCJ, que pidió una pericia psicológica para el padre), para ver si luego revisa todo el proceso. Por eso, hace tres días esa institución rechazó todas las demás pruebas presentadas tanto por la defensa de la madre como por la del padre, ya que no guardaban relación con el punto a analizar. Se resolvió que el 8 de marzo habrá una audiencia para dirimir la conducta del ex abogado de la niña, con dos testigos presentados por la madre que brindarán declaraciones al respecto, indicó Salvo.

A todo esto, la abogada señaló que en abril se cumplirán dos años de la llegada de la niña a Uruguay, y subrayó que está “muy contenida”, ya que aquí está toda su familia materna. Agregó que realiza terapia psicológica y psiquiátrica, que está muy integrada e hizo “un progreso inmenso”. Además, señaló que a la niña le preguntaron “varias veces” en terapia si quería viajar a donde está el padre y contestó con una “negación rotunda”. A su vez, Salvo subrayó que el padre de la niña, que durante varios meses de 2017 estuvo “intenso”, tratando de comunicarse con la madre por varios medios (Whatsapp, Facebook, teléfono, etcétera), pese que regía una prohibición de comunicación, “se calmó cuando presentamos una denuncia penal contra él por la situación de abuso y violencia en España”. “Porque como el abuso se cometió allá, se tiene que denunciar allá, más allá de que se esté manejando la situación acá por el proceso de restitución, para ver si vuelve o no”, indicó la abogada, y señaló que no le sorprende que el padre de la niña haya negado el abuso públicamente (en contacto telefónico con Telemundo, también en octubre), ya que “hablaron con muchos profesionales”, que señalaron que “es lógico que los abusadores no admitan un abuso, ni mucho menos”.