Todos estaban satisfechos ayer, minutos antes de firmar el convenio colectivo que permitirá superar siete años de un conflicto entre los funcionarios judiciales y el Poder Ejecutivo, que afectó los vínculos con el Poder Judicial en su conjunto. El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, aseguró que con la firma de ayer “se está comenzando a poner fin a un diferendo de muchos años”, y auguró que “una vez instrumentado [el convenio], permitirá mirar para adelante en algo que para nosotros es absolutamente fundamental, que es el funcionamiento de un poder independiente, como es el Poder Judicial”, y permitirá encarar “los desafíos pendientes, como la implementación del nuevo Código del Proceso Penal”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, valoró las “instancias democráticas” que llevó adelante la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) para resolver la aceptación del convenio. Después de que el Poder Ejecutivo presentara una propuesta de acuerdo el 20 de diciembre, en asamblea el sindicato resolvió convocar a un plebiscito entre los afiliados, en el que 1.470 funcionarios votaron a favor de aceptar la propuesta, mientras que 1.080 optaron por rechazarla.

Valores

El convenio incluye una parte económica referida a la deuda generada hacia atrás, entre el 23 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, e implica el pago, en dos cuotas, de 14% del sueldo no recibido en esos años. Las cuotas se abonarán en 2018 y en 2019, con algunas diferencias en función de las características de los trabajadores: aquellos que tengan sueldos menores a nueve bases de prestaciones y contribuciones (unos 9.200 pesos) tendrán una primera cuota equivalente a 75% de la deuda y la segunda equivalente a 25%, los jubilados recibirán todo el monto en una sola cuota y el resto de los funcionarios recibirá la partida en dos cuotas iguales. Esta partida, que recibirían entre 3.500 y 4.000 funcionarios judiciales, no estará gravada por aportes a la seguridad social ni impuestos.

Un segundo aspecto económico del convenio implica el aumento que se incorpora al salario. En ese sentido, el acuerdo firmado ayer implica alcanzar, en tres años, un aumento salarial de 18,8% en tres tiempos: en 2017 se concedió un aumento de 7,76%, este año los funcionarios judiciales tendrán un incremento salarial de 5% y en 2019 nuevamente de 5%. Los aumentos son acumulativos; por eso se alcanza, al final del período, un aumento de 18,8%.

Un tercer elemento del convenio son los beneficios o mejoras de beneficios sociales que concede a los trabajadores que, tal como señaló Richard Ascurrein, secretario general de AFJU, “no tienen que ver con el litigio que comenzamos en su momento”. Los beneficios implican la mejora de la licencia por maternidad, que pasará a ser de 14 semanas; el medio horario por el cuidado del recién nacido entre los seis y 12 meses del bebé; la instalación de salas de lactancia en las oficinas del Poder Judicial; cobertura de lentes, prótesis y órtesis provista por el Banco de Previsión Social; y acceso a los servicios del Hospital de Ojos. También habrá recursos para mejorar los servicios odontológicos para los funcionarios del interior del país y una solución para el Centro de Educación Inicial de AFJU, para los hijos de los trabajadores, que recibe de forma permanente observaciones del Tribunal de Cuentas.

Estos elementos, graficó Ferreri, implican un “esfuerzo importante de la sociedad uruguaya”, ya que para cumplir con el convenio en 2018 el Ejecutivo habilitará 20 millones de dólares al Poder Judicial, 23 millones de dólares en 2019 y 8,5 millones de dólares en 2020 (este monto corresponde únicamente al aumento salarial). En total, en los tres años que vienen, el Poder Ejecutivo destinará 51,5 millones de dólares para el cumplimiento del convenio.

Si bien ayer firmaron el acuerdo representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía y Finanzas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y AFJU, este todavía no entrará en vigencia. Para que eso pase, el propio convenio indica que 80% de los funcionarios judiciales deberán ratificar personalmente su adhesión al texto. Esto se debe a que la firma del convenio implicará los beneficios antes detallados pero también que los funcionarios renuncien a las “eventuales acciones judiciales que hubiera promovido, o en su defecto, aceptar el pago a modo transaccional, declarando que no tiene nada más para reclamar en sede administrativa o jurisdiccional”. A su vez, después de que se hubieran recogido las adhesiones necesarias, el Poder Ejecutivo se compromete a enviar, en los 30 días siguientes, un proyecto de ley al Parlamento que habilite los recursos necesarios al Poder Judicial. Esta ley sería recogida luego en la Rendición de Cuentas que se discutirá este año.

Valoraciones

El reclamo de la AFJU comenzó siendo por un aumento de 26%, pero finalmente la sentencia judicial de 2016 sobre el caso estableció que el Estado debía dar un aumento salarial de 21,6%. En comparación con esa aspiración es que Ascurrein consideró que “en la adecuación salarial quedamos muy cerquita”, ya que se otorgará un aumento de 18,8%, pero “en la parte de la deuda para atrás quedamos un poco lejos”, ya que se pagará lo equivalente a 14% de aumento. Según un informe elaborado por el asesor económico de AFJU, Alejandro Lagazeta, el acuerdo alcanzado implica obtener 87% de la adecuación salarial prevista por la sentencia judicial, mientras que en relación a la deuda retroactiva, el convenio implica cobrar 56,65% de lo que estableció la sentencia; “se pierde 13% del total esperado en adecuación y 43% del total esperado en deuda retroactiva”, concluye el informe que divulgó AFJU. Ascurrein dijo que en promedio los funcionarios recibirán dos cuotas de 100.000 pesos y un aumento de sueldo de 2.900 pesos.

Pero Ascurrein valoró también los beneficios que implica el convenio, que, dijo, “son difíciles de cuantificar: ¿cuánto valen las salas de lactancia? ¿El acceso al Hospital de Ojos? Creemos que estas cosas valen mucho”. Además, destacó el dirigente sindical, es necesario “empezar a atender otras cuestiones que atañen al Poder Judicial y a la calidad del trabajo”. “Estos siete años de conflicto nos han dejado un poco al margen”, dijo el secretario general, que consideró que el diferendo motivó “una relación complicada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo” y que en la actualidad, el 0,3% del Producto Interno Bruto que tiene de presupuesto el Poder Judicial implica que las oficinas no cuenten “con el material ni personal suficiente”. “Ahora podemos realmente ponernos a trabajar sobre estos temas”, afirmó.

Es historia

El conflicto que ahora se encamina a su fin comenzó con un artículo de la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica, de 2010, que buscaba igualar los salarios de los ministros del gabinete con los de los legisladores, pero determinó que se subieran los salarios de los ministros de la SCJ. A su vez, como todos los salarios del sistema judicial estaban encadenados a los de los ministros de la SCJ, los diferentes sindicatos comenzaron a reclamar aumentos salariales.

A comienzos de 2017 llegaron a un acuerdo con el Poder Ejecutivo la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, y tras la firma de ayer queda pendiente un acuerdo con los actuarios judiciales, que son alrededor de 400. Esta posibilidad, dijo ayer Murro, “depende de ellos. Si me llaman ahora mismo estamos citando a una audiencia para la semana que viene”.