El denominado PAI R73 traza un polígono de 112 hectáreas que comprende 62 padrones; propone transformar el suelo de 46 padrones, la mayoría de los cuales pasarían a tener categoría urbana. El padrón 1.446 se transformaría a “suelo suburbano de bienes y servicios” con el fin de fabricar productos elaborados en base a hormigón y morteros de cemento. Este padrón tiene nueve hectáreas, está ubicado sobre la ruta 73, a metros del Cerro de los Burros, y es propiedad de Pablo Valeta, dueño de lo que en el barrio llaman “la bloquera”.

“Esta iniciativa obedece a una demanda de suelo para servicios sobre la ruta 73 y a la necesidad de regularizar la situación de padrones que ya tienen las características de suelo urbano para el desarrollo residencial”, expresa el proyecto presentado a la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) en enero de 2017 por los arquitectos Araxí Latchinian y Eduardo Cavaliere, a solicitud de Valeta. En enero, el intendente Enrique Antía le dio aprobación previa al PAI R73 y al informe ambiental estratégico del proyecto, y fijó la audiencia pública, que se hará mañana. La resolución de la IDM, al igual que el proyecto, resalta que en la zona coexisten actividades productivas, turísticas e industriales. Entre las actividades productivas se destaca el rubro ganadero; las industriales son más bien inexistentes, relataron los vecinos.

Viejos conocidos

“La empresa inició sus actividades en el año 2009, con el objetivo de realizar la fabricación y venta de productos tales como bloques, caños para alcantarillado, baldosas, etc. Durante los años 2010 y parte de 2011 se realizó la instalación y puesta punto de las maquinarias, conjuntamente con la construcción propiamente de la planta. Si bien es una empresa en marcha, el presente estudio se considera imprescindible para la continuidad de la misma y su desarrollo hasta lograr la capacidad completa de fabricación y la consiguiente colocación de sus productos en el mercado local”, relata el proyecto.

La relación con los vecinos no ha sido sencilla. Según supo la diaria, hasta 2014 la fábrica no molestó mayormente, porque era algo así como una “bloquera artesanal”. Pero en 2014 hizo una explanada de cerca de dos hectáreas y comenzó a funcionar una máquina con un ruido insoportable para quienes estaban instalados cerca. Hicieron una denuncia por ruidos molestos ante el Municipio de Pirápolis, pero no consiguieron mayores resultados. Se entrevistaron con la directora general de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, y presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) por ruidos molestos, posible vertido de efluentes, probable toma de agua de la cañada Castro y por la emisión de polvo. El padrón era rural, y como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible no habilita que haya una actividad industrial en un padrón rural, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente terminó ordenando el cierre de la empresa, en noviembre de 2015.

Previo a eso, en noviembre de 2013 la IDM le había cedido a Valeta un espacio dentro del Parque Industrial del Cerro Pan de Azúcar. Consultado por la diaria, Valeta respondió que no está produciendo en el Parque Industrial porque no le adjudicaron la habilitación de la fábrica en ese lugar. “Tenía una irregularidad que era que hasta que no se cambie la categoría del suelo... Ese padrón [del Cerro Pan de Azúcar] es rural no transformable, se podría transformar por decreto de la junta, pero por ahora no está transformado; [mientras que] cuando pedí la misma solicitud de habilitación ambiental previa [para] este padrón en el que estoy [1.446] me respondieron que este terreno era rural potencialmente transformable, por eso transformamos este terreno y el otro lo entregamos”.

Los vecinos señalan las irregularidades: Valeta no debería haber comenzado a producir en su padrón 1.446, en el que hizo no sólo la explanada, sino una alcantarilla sobre la cañada Castro, que atraviesa su predio en un área próxima a su desembocadura en el arroyo Tarariras.

Valeta explicó a este medio que no está produciendo en este momento, porque la normativa por ahora lo habilita a producir sólo en un área de 10.000 metros cuadrados, y no a la totalidad de la fábrica. Una vez que obtenga el cambio de categoría del suelo, piensa pedir la Autorización Ambiental Previa ante la Dinama.

Impactos

Según los pobladores consultados, el principal cliente de Valeta ha sido la propia IDM, tanto en la administración de Óscar de los Santos como en la de Antía. Plantean que el proyecto atenta contra la vocación turística, y no industrial, de Piriápolis, y contra el principal valor del lugar: el paisaje y la tranquilidad. Por otra parte, en 2014, cuando se declaró Monumento Histórico Nacional el área arqueológica de dos padrones del Cerro de los Burros, el Departamento de Arqueología de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación propuso que se considerara a ese cerro dentro de la cuenca del arroyo Tarariras y su desembocadura, desde la costa hasta la ruta Interbalnearia. En esa cuenca se han hallado restos arqueológicos de más de 10.000 años de antigüedad.

Para minimizar el impacto, Valeta propone mantener como suelo rural una franja de 20 metros al norte de la cañada Castro para proteger el curso de agua y seis de las nueve hectáreas; el pase a categoría “suelo suburbano de bienes y servicios” se extendería en tres hectáreas.

El Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, de GEA Consultores, menciona la contaminación que pueden provocar los efluentes líquidos en la cañada Castro “y [el] consecuente empobrecimiento de los ecosistemas asociados (monte ribereño) y afectación a la fauna del área”. Menciona además que la pérdida de la calidad ambiental también afecta a la calidad del paisaje y que se pueden provocar impactos ambientales indirectos, no previstos, como olores, plagas y otras afectaciones, con la consecuente disminución del valor de los terrenos. Señala, también, que el “incremento de escorrentías puede generar la pérdida de valores paisajísticos”, lo que incidirá negativamente en la erosión del suelo. La zona no cuenta con red de saneamiento, y para los residuos se propone crear depósitos impermeables cuya descarga se haría mediante barométricas. También habría recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos transitorios. El proyecto detalla medidas de gestión para minimizar esos impactos, así como el derrame de líquidos contaminantes y el riesgo de incendio.