El 19 de octubre de 2017, en la presentación oficial del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, pidió que en los primeros meses no se “destripara” el nuevo código y advirtió que tenía “defectos y errores”, aunque “Uruguay tendría un sistema mejor”.

El CPP entró en vigencia el 1º de noviembre y, a tres meses de su implementación, algunos creen que este tuvo incidencia en el aumento de algunos delitos. En una entrevista al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, publicada el jueves por el semanario Búsqueda, el secretario de Estado aseguró: “En noviembre y diciembre, a partir del funcionamiento del CPP, empiezan a crecer los delitos. Ya nos habían dicho que iba a tener dificultades al principio […] No es problema del CPP sino de su funcionamiento, que se tiene que ajustar”. Ayer, a raíz de estas declaraciones, el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala elevó un pedido de informe a la Fiscalía General de la Nación para saber, entre otras cosas, cuántas medidas cautelares de prisión preventiva se dictaron, cuántas sentencias de condena recayeron como consecuencia de la comisión de delitos, cuántas de esas sentencias condenatorias corresponden al proceso ordinario, cuántas al proceso abreviado y a las demás vías alternativas establecidas en el nuevo marco procesal penal, en el período de vigencia del nuevo CPP.

Abdala dijo a la diaria: “Las manifestaciones de Bonomi tratan de trasladar la responsabilidad de lo que no sale bien a los demás. El ministro termina reconociendo que hay un tema de carácter cultural porque la Policía no actúa pudiendo hacerlo, y espera órdenes del fiscal de turno. Si eso es así, quien debe corregir esa circunstancia es el propio ministro, que debe impartir las órdenes correspondientes”. Sobre el CPP, el diputado aseguró: “Yo tampoco postulo que el sistema esté funcionando a la perfección. Estamos en plena transición. Los países que han pasado de un modelo inquisitivo a uno acusatorio han pagado un precio y han tenido que adaptarse culturalmente, pero es un camino que el país tenía que transitar”.

la diaria consultó al senador suplente del Frente Amplio (FA) Rafael Paternain, quien fue director del Observatorio de Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI), sobre la posible incidencia de la implementación del CPP en el aumento de delitos como la rapiña. “Cuando se analizan las tendencias de las denuncias es bastante temerario atribuirlo a un solo factor. Hay que poder demostrar que eso es así. Lo que puede pasar es una especie de sincronía, una correspondencia temporal, lo que no quiere decir que haya una coincidencia causal”, dijo.

Según el último informe del Observatorio, las denuncias de rapiñas en Montevideo, departamento en el que se cometen más delitos de este tipo, venían bajando hasta setiembre. En octubre de 2016 fueron denunciadas 1.339 rapiñas, mientras que en 2017 se hicieron 1.404 denuncias; en noviembre de 2016 fueron 1.289, en tanto, en el mismo mes del año pasado fueron 1.455; en el último mes de 2016, las denuncias de rapiñas llegaron a 1.322, mientras que en diciembre de 2017 fueron 1.623. Para el senador del FA, que las rapiñas aumentaran un mes antes de que el CPP se aplicara es un indicio de que el nuevo código no es el responsable del incremento.

Paternain aseguró que cuando se quiere explicar una tendencia hay que analizar cuáles son los delitos que aumentan: “Da la sensación de que en el último cuatrimestre los hurtos, y en particular las rapiñas, recuperaron las tendencias que tenían con anterioridad a la aplicación del Programa de Alta Dedicación Operativa [PADO]”. El 11 de abril de 2016 comenzó la implementación del PADO por las jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, San José y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana. “Puede haber un efecto de saturación o una especie de meseta y de declive en los efectos positivos del PADO como estrategia de gestión policial. Al PADO se le atribuye el éxito de la disminución de las rapiñas que estuvo, entre 2016 y 2017, en el entorno del 7% de las denuncias”, recordó.

Para el senador, lo importante es que “el implícito que hay es que el éxito de una estrategia del control del delito queda simplemente marcado por la privación de la libertad. Ese razonamiento dice: ‘Si no privamos de la libertad como un recurso eficaz, difícilmente vamos a tener éxito en el control del delito’, cuando en lo que hay que hacer énfasis es en la prevención. Si esta fuera lo suficientemente eficaz en todas sus dimensiones, no habría ningún código que pudiera alterar una tendencia positiva, más allá de que sea benigno o no. Esto deja al descubierto que hay toda una estrategia preventiva represiva muy limitada”.

Paternain sostuvo que “los dos años de disminución de las rapiñas coincidieron con un aumento de la población carcelaria de casi 10%”. “Hay una apuesta única a que el control policial penitenciario termina regulando el delito. Es un pensamiento a corto plazo y a la larga es claramente contraproducente. La agenda que tenemos es de control policial y encierro, y el resto de las consideraciones de las políticas públicas están omitidas”, finalizó.