El encargado de abrir el debate fue el oficialista Daniel Garín, que dijo que “se hizo el esfuerzo de contemplar todos los puntos de vista, las sugerencias y asesoramientos”, por más que al final la solución encontrada –a pesar de que fue votada por todos los partidos– no convenció por completo.

El primer proyecto sancionado por el Senado prevé la creación de un fondo de 36 millones de dólares: 27 millones para la creación de un fondo de garantía que procura reestructurar la deuda de largo plazo de los productores del sector lácteo; tres millones para la instalación de un mecanismo estabilizador de precios, y seis millones que serán distribuidos de forma no reembolsable a los pequeños productores en función de su remisión y con un mínimo de 500 dólares para alivianar su situación financiera en el corto plazo. “En conjunto creemos que va a llegar a 100%, pero ya la primera y la segunda solución [el fondo y el mecanismo estabilizador, respectivamente] llegará a 2.500 productores, que son más de 90% de los remitentes”, aseguró Garín.

El fondo se financiará mediante la retención del equivalente a 1,30 pesos –de los dos que subió el litro de leche el 23 de octubre–, que permitirá una captación de seis millones de dólares al año.

Estado de situación

Como miembro informante, Garín dio cuenta del estado de situación del sector lechero. Según contó, la lechería pasó a ser a partir de los años 70 “uno de los sectores productivos del agro que más tecnología incorporó”, lo que determinó una “mejora significativa” en indicadores de producción, lo que volvió a la cadena “altamente competitiva” y le abrió las puertas al mercado internacional. En este sentido, Garín explicó que las inversiones del sector necesariamente son a largo plazo, e ilustró con que “entre 2005 y 2014 se produjo un aumento de 48% de la producción, aumentando sólo 6% de las vacas y reduciendo la superficie en el entorno de 10%”.

En cuanto al endeudamiento del sector, Garín mostró que existieron dos fases de crecimiento en los últimos años. Una primera, entre 2011 y 2014, fruto de “buenas expectativas”, ya que la leche valía en el entorno de 41 centavos de dólar, por lo que muchos de los productores invirtieron en su producción. De los 84 millones de dólares que se debían en 2011, se pasó a 250 millones tres años después. La segunda fase fue entre 2015 y 2016 y estuvo asociada a la disminución del precio internacional de la leche, por lo que el endeudamiento se produjo para mantener la producción, que en 2015 se redujo 2% respecto de 2014 y 10% en 2016 respecto del año anterior. En esos dos años, el incremento de la deuda de los productores lecheros fue de 100 millones de dólares.

En agosto de 2017 el sector tenía un endeudamiento de 350 millones de dólares: 325 con el sistema bancario, 22 con la industria, 1,6 con servicios que brindan las gremiales y 1,6 con rentas atrasadas con el Instituto Nacional de Colonización. Pero las impresiones son diferentes entre los productores: 68% mantiene deudas con el sector financiero y la industria (“la mayoría a muy corto plazo: 3,5 años en promedio”), y en mayor medida con los grandes productores. Si se suman las deudas que provienen de servicios y bienes agropecuarios de proveedores locales –fundamentalmente, los más pequeños–, el endeudamiento llega a 90% de los productores. En tanto, 20% de los productores más chicos tiene una tasa de endeudamiento del entorno de 35%, mientras que en los restantes quintiles es de entre 75% y 80%.

Puntos de vista

“Es insuficiente”, sentenció el nacionalista Álvaro Delgado sobre el proyecto. Agregó que “se pierde la oportunidad de hacer un instrumento más abarcativo, que dé las soluciones que están reclamando los propios productores”. Delgado recordó que “todas las gremiales lecheras dijeron que prefieren esto a nada, pero dijeron que era injusto en el sentido de que no todos los productores van a recibir la ayuda que necesitan”. Su correligionario Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) recordó que “los representantes del movimiento ‘autoconvocados’ tampoco están de acuerdo: lo consideran un parche, insuficiente, una aspirina ante una grave dolencia”. No obstante, sostuvo: “Mejor poco que nada”. El senador de Alianza Nacional dijo que si bien le parece bien “ayudar a los pequeños”, advirtió que “los productores medianos y grandes están pasando momentos de zozobra”. “Se pueden revolver mejor, pero están ante grandes dificultades”, agregó. “Acá les tenemos miedo a las palabras: si hay que subsidiar, hay que subsidiar. Porque es mil veces preferible subsidiar el trabajo y la producción, para no tener que subsidiar la pobreza. La mejor política social es el trabajo, es producir, y no estoy negando las políticas sociales”, afirmó. Luego parafraseó las “palabras de los autoconvocados”: “Cualquier monedita sirve”.

A modo de respuesta, el frenteamplista Enrique Pintado dijo que “lo que estamos tratando de defender es que la producción no quede concentrada en pocas manos”, y consideró que “no podemos resolver una inequidad dando lo mismo para todos: sería una condena para los más chicos”.

Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró que se vive “una profunda crisis de competitividad que no está sólo en el sector agropecuario”. También sostuvo que no se solucionan “problemas de fondo con propuestas puntuales” y consideró que el camino para recuperar la competitividad implica una reducción relevante del gasto público –sin afectar las políticas sociales–, la reducción del precio del gasoil “a paridad de importación”, y una “apertura internacional para bajar aranceles de exportación”.

En cambio, la frenteamplista Constanza Moreira opinó que el problema “no es de competitividad”, sino que “somos tomadores de precios” y desde 2011 ha habido una caída “estrepitosa” del precio de varios commodities. “Uruguay ha producido una revolución capitalista en el agro, de la que nos estamos despertando ahora, en fases de contracción económica”, afirmó.

Desde el Partido Colorado, Pedro Bordaberry dijo que si bien se “suman” los proyectos tratados, “es como estar en una seca y que caigan dos milímetros” de agua. “El oficialismo no quiere entender que lo que está pasando es que Uruguay se cansó y que es una obscenidad tanta fiesta”, afirmó, en relación con el gasto público.

Combustible

Se estableció que el proyecto que prevé la devolución del IVA a las compras de gasoil de productores lecheros, arroceros y de flores, hortalizas y frutas que no tributen IRAE entrará en vigencia el 1º de marzo y por el plazo de un año.

Algunos senadores cuestionaron que no se extienda a “más sectores”. De la redacción actual se estima que alcanzará a 6.000 productores –90% de los de los sectores mencionados–, lo que representará para Rentas Generales unos cinco millones de dólares.

El Senado también aprobó por unanimidad el proyecto y lo remitió a Diputados. Dos aditivos presentados por varios legisladores –uno de los cuales proponía facultar al Poder Ejecutivo a incluir en el beneficio de la devolución del IVA a otros sectores de la producción– no consiguieron los votos.

La Cámara de Diputados se reunió también ayer para recibir como asuntos entrados y darles pase a fuera de hora estos dos proyectos de ley: el del fondo de garantía a los productores lecheros a la Comisión de Ganadería,Agricultura yPesca, y el de la devolución del IVA a la Comisión de Hacienda. Ambas instancias están convocadas para hoy a las 10.00, y después de que se aprueben los proyectos pasarán al plenario de la cámara, que dará tratamiento “grave y urgente” a ambas iniciativas.